El ministro Soria defiende el uso del fracking para depender menos de las importaciones «respetando las garantías medioambientales»

Así, precisó como España gasta «cada día 100 millones de euros en importar gas y petróleo», hay que aprovechar «cualquier posibilidad que tengamos, respetando absolutamente todas las garantías medioambientales, de encontrar, sondear e investigar, en definitiva, si hay petróleo, si hay gas o si hay las dos cosas», aunque apostilló que esto se debe hacer «siempre y cuando esté dentro del marco legal que hay establecido en España» y se cumplan determinadas condiciones y requisitos generales.

En declaraciones a los medios después de participar en la inauguración del «XXVIII Encuentro de Telecomunicaciones y Economía Digital: el reto europeo«, organizado por Ametic y que se celebra esta semana en los Cursos Avanzados de Verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) y preguntado sobre la oposición del PSOE a esta técnica, el ministro recordó que «España tiene una dependencia de las importaciones de más de un 99%, lo que comporta una factura de aproximadamente unos 36.000 ó 37.000 millones de euros al año», precisó.

Al mismo tiempo, recordó que en España el fracking está permitido desde hace algo más de un año con las modificaciones establecidas por el Ejecutivo de Mariano Rajoy (PP) en la Ley de Hidrocarburos, «de tal forma que se permite también la tecnología de la fracturación hidráulica siempre y cuando se cumplan determinadas condiciones y requisitos legales».

«Ahora bien, la autorización concreta para que esta tecnología pueda ser utilizada o no en una determinada comunidad autónoma corresponde al gobierno de esa comunidad. Por lo tanto, es el gobierno autonómico quien la puede autorizar o no. No obstante, cualquier decisión que tome al respecto tendrá que hacerlo siempre de acuerdo a esa legislación básica que ha aprobado el Gobierno«, concluyó.

Soria hizo estas declaraciones en la capital cántabra, cuyo Gobierno regional, liderado por el Ignacio Diego, del PP, presentó una ley antifracking que fue tumbada por el Tribunal Constitucional, que determinó que la legislación cántabra para impedir los sondeos de investigación para saber si hay bolsas de gas o petróleo en esta región era inconstitucional.