El ministro Soria asegura que no hay «una sola inversión» en España con tanta rentabilidad por ley como la que obtienen las energías renovables

Así lo señaló Soria durante su intervención en el Pleno del Senado, en el que destacó la «rentabilidad razonable» del 7,5% durante «toda la vida del proyecto» de estas tecnologías, si bien reconoció que «es verdad que quienes pensaban que iban a adoptar una rentabilidad del 15% o 17% durante toda la vida útil van a obtener menos».

Ante la pregunta de la senadora de UPN, Amelia Salanueva, sobre si el Gobierno va a tener en cuenta las demandas de las miles de personas afectadas por el cambio y si va a recibir a la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier) para establecer un «diálogo» con los afectados, Soria dijo sentir «el mayor de los respetos» por los miles de productores que se manifestaron el pasado sábado en Madrid para protestar por la reforma energética y reclamar seguridad jurídica.

No obstante, Soria destacó que «no hay una sola inversión en ningún sector de España que por ley se garantice una rentabilidad así» y añadió que «otra cosa es que con anterioridad se garantizara una rentabilidad que el sistema no podía hacer frente».

No obstante, defendió que el Gobierno tiene que «velar, gobernar y adoptar medidas pensando en el interés general de todos los españoles», y explicó que uno de los problemas «importantes» del sector eléctrico en los últimos años fue «la evolución de los precios».

En concreto, el ministro recordó que tanto los consumidores domésticos como industriales soportaron un incremento del precio de la electricidad acumulado del 70% entre 2004 y 2012, si bien «no todo se ha debido al régimen de incentivos a renovables, cogeneración y biomasa», pero sí «una parte importante».

Desde 1998 a 2013 se abonó en concepto de incentivos a este tipo de tecnologías más de 56.000 millones de euros, apuntó Soria, que resaltó que «lo hemos abonados todos los consumidores», y aclaró que «de no haberse adoptado medidas adicionales» para toda la vida útil de estos proyectos se tendrían que haber abonado «190.000 millones adicionales». No obstante, el ministro señaló que finalmente se abonarán 150.000 millones de euros, lo que supondrá un total de 200.000 millones de euros al final de la vida útil de estos proyectos.

Por su parte, Amelia Salanueva reclamó justicia para las 62.000 familias que invirtieron para desarrollar energías limpias. Así, recalcó que con la reforma del sistema de retribuciones «se ha convertido en su ruina y su pesadilla». Por ello, pidió al Gobierno diálogo «para buscar soluciones y salidas».

Instalación de gasolineras

Por otra parte, Soria respondió a otra pregunta del senador socialista, Jesús Martín, sobre si el Gobierno tiene la intención de reconsiderar la normativa del Real Decreto Ley 4/2013 que «permite la instalación de gasolineras con independencia de los instrumentos de planificación territorial o urbanística».

El ministro afirmó que el Ejecutivo no ve «ningún tipo de motivo para revocar el conjunto de medidas» contenidas en la normativa y tampoco tiene «ningún tipo de constancia» de que ésta genere alarma social.

De esta forma, Soria defendió en la Cámara Alta que el suministro de productos energéticos debe hacerse «al menor coste posible», especialmente el de combustibles, algo que es una «prioridad» para el Gobierno por el «impacto directo» en el bienestar de los ciudadanos y en la competitividad de la economía.

El real decreto adopta una serie de medidas en el mercado mayorista y minorista con el objetivo de incrementar la competencia efectiva en el sector, reducir la barrera de entrada a nuevos operadores y repercutir en el bienestar de los ciudadanos «velando por la estabilidad en el precio del combustible de automoción» y buscando un funcionamiento «más eficiente» en este mercado, detalló Soria.

Además, el titular de Industria sostuvo que la crítica a esta normativa no es compartida por los reguladores nacionales, aunque citó la «dificultad» existente en España para la apertura de estaciones de servicios, lo que «dificulta el acceso al negocio de distintos operadores y limita la competencia».

Las restricciones a la apertura influyen negativamente en la concentración minorista, en la estabilidad de la cuota de mercado y en la introducción de nuevos mercados competitivos, precisó Soria, quien advirtió de que «desincentiva la entrada de nuevos operadores» en este segmento.