El Ministerio de Medio Ambiente someterá el «fracking» a evaluación ambiental y copia de Estados Unidos la idea de los bancos de conservación

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, ha defendido que la Ley de Impacto Ambiental incorporará a la legislación medioambiental el ‘fracking’ o la técnica de extracción de hidrocarburos mediante fractura hidráulica para evitar expresamente «dudas» en los procedimientos.

De este modo, ha asegurado que se «clarifica» que debe someterse a evaluación ambiental, y se evita la controversia de que se puedan iniciar proyectos en distintas zonas del territorio sin haberse sometido previamente a la evaluación. «Este es un efecto que no era deseable y había que dar una respuesta», ha manifestado.

Además, ha señalado que el ‘fracking’ no tenía una respuesta expresa en la legislación vigente por lo que «merecía la pena recoger expresamente» que se someterá a evaluación ordinaria para tener así «un control de las consecuencias de esta técnica». A su juicio, el ‘fracking’ requiere de un estudio «detenido y detallado» y «todas las garantías medioambientales».

Asimismo, ha precisado que la ley quiere dar respuesta a una situación «injustificada» que es la duración «excesivamente larga» de los procesos de evaluación ambiental que se extienden, de media, durante 40 meses por proyecto, pero que han llegado a durar en algún caso hasta 15 años. «No está justificado. Esto no protege el medio ambiente sino que es una dilación indebida que no debe sufrir el ciudadano y demuestra que la tramitación es ineficaz», ha dicho.

El secretario de Estado ha subrayado que la ley acorta los plazos, mejora la coordinación entre administraciones, establece mecanismos para que el particular interesado u otra administración que someta el proyecto a evaluación ambiental pueda reaccionar ante la falta de celeridad de la administración.

En su opinión, hasta ahora se reiteraban los trámites, lo que «no hacía más que dilatar el proceso». Por eso, ha asegurado que la nueva Ley conllevará una «mejora de procedimiento» para lograr una «administración más moderna, más eficaz y que de respuesta a las necesidades de los ciudadanos, sin bajar en modo alguno el nivel de protección ambiental que requiere el entorno».

En cuanto a los trámites de participación pública, Ramos considera que 45 días de información pública son suficientes para estudiar el proyecto y presentar alegaciones, así como para mantener ese derecho y preservar el del promotor, inversor o de la Administración a tener una respuesta en un tiempo «relativamente ágil» y con garantías y ha añadido que Medio Ambiente espera bajar de media un año el tiempo de respuesta a los procedimientos.

En este contexto, ha indicado que a su llegada al departamento, había 1.200 expedientes pendientes de resolución y que en la actualidad esa cifra ha bajado a 840 y ha confiado en que con la nueva ley serán capaces de ponerse casi al día y manejar una media de entre 250 o 300 expedientes. Sobre la cifra de 10.000 expedientes pendientes de resolver que ha señalado el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha dicho que esos son los que hay entre la Administración central y las comunidades autónomas.

Por otro lado, estima que este plazo no supondrá una merma en la información pública, sino que el promotor hará lo posible por tener lo antes posible los informes que deba presentar para el procedimiento y ha precisado que estos estudios e informes quedarán a disposición de todos los ciudadanos, interesados y, «por supuesto» las ONG ambientales en el trámite de participación pública.

«La información pública es una de las normas de la casa en materia de Medio Ambiente (…) para que ciudadanos, incluidas ONG ecologistas, puedan realizar todas las alegaciones que estimen convenientes. Podemos mejorar mucho y ajustar los procedimientos administrativos para facilitar la vida al ciudadano y, a la vez, seguir protegiendo el medio ambiente con las mismas garantías», ha apostillado.

Por otro lado, se ha referido a la creación de los bancos de conservación de la naturaleza, una idea que funciona en Estados Unidos y que se plantean en Reino Unido. La idea, según el secretario de Estado es que los proyectos en ejecución que tengan que realizar acciones en el medio ambiente para compensar sus impactos, puedan asumir o utilizar actividades de mejora del entorno de administraciones o de particulares que estén en desarrollo o que no puedan acometerse por falta de financiación.

De este modo, Ramos celebra que, «en beneficio del medio ambiente» se podrán movilizar recursos con la «agilidad debida». «Pensamos que merecía la pena modernizar nuestro derecho ambiental incluyendo esta posibilidad», ha añadido.

La idea, que ha partido del Ministerio es facilitar el cumplimiento a quien tiene que compensar su impacto, logrando la financiación necesaria, al mismo tiempo, para proyectos medioambientales que, en la actualidad, se están quedando sin recursos.

Por último, ha puesto de ejemplo proyectos de mejora de hábitats o de recuperación de la fauna en un determinado ámbito. Los proyectos se centralizarán en un registro público que coordinará desde su página de Internet el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para su consulta.

El senador Daniel Osés (PP) cree que las evaluaciones ambientales llevarán a la «prohibición» del fracking

El senador riojano del Partido Popular Daniel Osés considera que las evaluaciones ambientales a las que se tendrá que someter el fracking, tras la Ley de Evaluación Ambiental, llevarán «a la prohibición».

Osés ha ofrecido una rueda de prensa para analizar el Anteproyecto de Ley de Evaluación Ambiental; una ley de la que ha destacado su «amplitud» porque significará mayor respeto del medioambiente y creación de empleo, en concreto, «80.000 puestos de trabajo en toda España».

«Esta nueva Ley garantiza un elevado nivel del protección del medio ambiente y refuerza su naturaleza preventiva. Además, exige mayor calidad en los estudios y documentos de planes y proyectos a examinar por los órganos ambientales. Del mismo modo, establece un modelo básico que podrá ser aplicado por todas las administraciones públicas», ha explicado.

En este sentido, ha apuntado que entre las novedades previstas, figura que tendrán que someterse a evaluación de impacto ambiental todos los proyectos que requieran el uso de técnicas de fractura hidráulica o fracking, «técnica que hasta ahora no estaba regulada en la normativa, garantizando siempre ante todo la protección y conservación del medio ambiente».

Además, ha señalado que el Anteproyecto propuesto por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente «ajusta los tiempos de tramitación, especialmente en la evaluación de impacto ambiental, para la que se establece un plazo de entre cuatro y seis meses de duración frente a la media actual que supera los 3 años».

En este sentido, ha apuntado que existen unos 10.000 expedientes pendientes de resolver en el conjunto de las administraciones y con esta Ley «se persigue atajar este problema». Además, ha precisado que la futura Ley establece que «la falta de pronunciamiento del órgano ambiental en los plazos previstos legalmente nunca podrá entenderse como una evaluación ambiental favorable».