El límite de 110 km/h aportará el 75% del ahorro previsto por las 20 medidas del Gobierno

Este plan aspira conseguir un ahorro de 3,24 millones de toneladas o equivalentes de crudo al año, lo que equivale a 28,7 millones de barriles de petróleo. El Ejecutivo calcula que este ahorro equivale a 2.300 millones de euros.

Según la memoria económica del plan, este cálculo se realiza «considerando que las medidas se ejecutan en su totalidad» y sobre la base de que «los ahorros corresponden a un año de explotación de la medida».

En el caso del nuevo límite de velocidad, la memoria también calcula su ahorro durante un año de aplicación, pese a que el Gobierno ha dicho que sería en principio de cuatro meses prorrogables, y concluye que las toneladas economizadas de petróleo ascienden a 2,43 millones, esto es, a 21,5 millones de barriles, o al 75% del total.

De este modo, los 21,5 millones de barriles ahorrados con el recorte en el límite de velocidad permitirían atesorar unos 1.725 millones de euros, informaron fuentes del sector.

«Considerando un ahorro energético medio de 0,72 litros por cada 100 kilómetros por vehículo, la aplicación de esta media podría suponer una reducción del consumo energético de 2,43 millones de toneladas o equivalente de petróleo al año», afirma la memoria económica.

Por otro lado, la elevación del objetivo del biodiésel al 7% anual podría ahorrar en un año 214.000 toneladas, o el 6,6% del total, mientras que la renovación de los sistemas de alumbrado público evitarán el consumo en un año de 74.600 toneladas, o el 2,2% del total.

Otra de las medidas emblemáticas, la del plan renove de neumáticos, ahorrará 1.860 toneladas al año, o el 0,06%, frente a las 53.600 toneladas de la optimización del espacio aéreo, o el 1,6% del total.

La memoria no detalla con precisión el ahorro previsto con la aplicación de otras medidas como la rebaja en un 5% de las tarifas de los trenes de cercanías y media distancia de Renfe, o la línea ICO para realizar obras de ahorro y eficiencia en edificios públicos.

Sebastián insinúa que el resto de Europa rebajará el límite de velocidad a 110 km/hora

Por otro lado, el ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, insinuó que la decisión del Gobierno de rebajar la velocidad máxima en autovías a 110 kilómetros por hora podría ser secundada por el resto de Europa para contrarrestar al alza del petróleo por las revueltas en el Norte de África.

«Ya veremos que pasa al final con la velocidad en Europa», reflexionó el ministro en el Pleno del Senado, que defendió las medidas de ahorro energéticas, al asegurar que el Ejecutivo «no echa balones fuera», sino que «afronta los problemas».

En este sentido, recordó que por cada diez euros que sube el barril de Brent, de referencia en Europa, la factura energética en España se eleva en 6.000 millones de euros, por lo que se preguntó: «¿Debe el Gobierno esperar?».

Así pues, fundamentó las medias energéticas aplicadas por el Gobierno español en recomendaciones de la Agencia Internacional de Energía (AIE) y recordó que se ha «afrontado» el déficit tarifario con una subida de la luz «impopular». «El Gobierno seguirá con una política energética consensuada», prometió.

Los Guardias civiles dicen estar «confusos» sobre las multas

Por su parte, la Unión de Oficiales de la Guardia Civil (UO) aseguró que existe «confusión» entre los agentes de Tráfico sobre cómo aplicar la decisión del Gobierno de rebajar el máximo de velocidad en autopistas y autovías hasta los 110 kilómetros/hora.

Francisco García, presidente de la UO, explicó que estas dudas estriban, en primer lugar, en que los guardias civiles están recibiendo «de forma verbal» las instrucciones sobre cómo aplicar el nuevo límite de 110 km/h. Según este responsable de la UO, aunque parezca llamativo, en la práctica se está diciendo a muchos agentes que sigan multando como antes de que se bajara el máximo de 120 a 110 km/h.

Esto supone que los radares se estarían ajustando de forma que se multa a los conductores cuando rebasan los 132 km/h, que es lo que venía sucediendo antes de que el Ejecutivo bajara el límite de velocidad para ahorrar combustible.

No obstante, García destacó que puede haber lugares de España donde los agentes sí apliquen el límite de 110 km/h. Sin embargo, el secretario general de la UO señaló que en este caso también hay dudas entre una instrucción oficial y las órdenes de la Dirección General de Tráfico (DGT).

En concreto, una orden de 26 de noviembre de 2010, por la que se regulan los radares, supone que, aplicando el límite de 110 km/h, los radares fijos saltarán a partir de 116 km/h y los móviles a partir de 118 km/h. Sin embargo, otra instrucción de la DGT de 2006 establece que para límites de 110 km/h los radares saltarán a 121 km/h.

Según la UO, «de este modo nos podemos encontrar con que haya conductores que son sancionados por rebasar los 116, otros al rebasar los 121 y otros los 132 km/h, lo que supone un trato discriminatorio, en función de la provincia por la que se circule».

Por su parte, el director general de Tráfico, Pere Navarro, aseguró que los agentes de la Guardia Civil han recibido «las instrucciones claritas» para formular denuncias con el nuevo límite máximo en las autopistas y las autovías de 110 kilómetros por hora.

«Hemos adecuado los radares a la velocidad nueva de 110 (kilómetros por hora)», indicó Navarro a los periodistas, al tiempo que reconoció que la Dirección General de Tráfico (DGT) aplica «el margen de error y los coeficientes correctores como hemos aplicado siempre», que, según una orden del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio del pasado 26 de noviembre, está fijado en el 5% en los radares fijos y del 7% en los móviles.

También recalcó que en la DGT están «acostumbrados» a que «cualquier medida que hagamos, sea blanca o negra, por arriba o por abajo, siempre se dice que es para recaudar», e insistió en que detrás de la reducción del límite a 110 kilómetros por hora está el «problema energético» y «el precio del petróleo».

Se disparan las quejas de los conductores por el límite a 110 km/h

Asimismo, la decisión del Gobierno de limitar la velocidad en autopistas y autovías a 110 kilómetros por hora, que entró en vigor este lunes, disparó las quejas de los conductores a las asociaciones de automovilistas de España. Así lo afirmaron representantes del Real Automóvil Club de España (RACE) y Comisariado Europeo del Automóvil (CEA).

El director de Seguridad Vial del RACE, Tomás Santa Cecilia, aseguró que el límite a 110 kilómetros por hora es «una de las medidas que ha llevado a cabo la administración que más revuelo y malestar ha generado entre los conductores».

Santa Cecilia destacó que muchos conductores han mostrado su desaprobación por considerar que se trata de «una medida recaudatoria» y no con fines de ahorro energético.

Por su parte, el responsable de la Asesoría Jurídica de CEA, Eugenio de Dobrynine, aseguró que esta entidad estaba recibiendo llamadas de «muchísima gente» en un tono de queja sobre la reducción del límite a 110 kilómetros por hora. «Estamos constantemente recibiendo llamadas de gente quejándose, sobre todo preguntándose cómo va a ser la cosa. Consideran que es una medida totalmente absurda«, apostilló.

Los gestores de multas recurren al Supremo el límite a 110 km/h

Por su parte, Dvuelta, empresa de gestión de recursos de multas de tráfico, recurrió ante el Tribunal Supremo el real decreto del Gobierno por el que se reduce el límite de velocidad de 120 a 110 kilómetros por hora en las autovías y las autopistas.

En su recurso contencioso-administrativo, Dvuelta muestra su desacuerdo con los dos artículos del real decreto, que limitan la velocidad máxima en autopistas y autovías a 110 kilómetros por hora y que mantiene los supuestos de pérdida de puntos en el carné de conducir.

Dvuelta reclama una medida que suspenda cautelarmente la entrada en vigor del real decreto hasta que el Tribunal Supremo no se pronuncie sobre el recurso presentado.

El recurso señala que la Ley de Tráfico faculta al Gobierno a fijar velocidades máximas «en atención a criterios de seguridad vial y no a otros, como pudieran ser el ahorro energético». Además, subraya que el real decreto modifica el Reglamento General de Circulación, una norma «subordinada siempre a la ley», por lo que debe respetar la Ley de Tráfico.

Por otro lado, Dvuelta afirma que el Gobierno incumple la Ley de Hidrocarburos porque podría cambiar los límites de velocidad «en caso de escasez de suministro, circunstancia que ni se ha producido ni ha sido invocada por la norma impugnada como justificación de las medidas adoptadas».