El Juzgado de Instrucción número 33 de Madrid decidirá en breve la querella contra Arenillas y Taguas

El Juzgado de Instrucción número 33 de Madrid decidirá, en breve, sobre la querella planteada por el sindicato de funcionarios «Manos Limpias» por prevaricación y tráfico de influencias, contra el vicepresidente de la CNMV y el responsable de la Oficina Económica del Gobierno, David Taguas.

Así lo indicaron varias fuentes procesales, quienes indicaron que el titular del juzgado Tomás Martín Gil recibió, hace unos días, las transformación de las denuncias de «Manos Limpias» en un querella criminal, donde se acusa a Arenillas, Taguas, la actual directora general del Tesoro, Soledad Nuñez, y el ex director de la oficina económica, Miguel Sebastián.

Esta querella, al igual que otras tres denuncias presentadas por el Partido Popular y la Plataforma «España y Libertad», se basan en la última comparecencia, del 24 de abril, ante el Congreso de los Diputados del ex presidente de la Comisión Nacional de Mercado de Valores (CNMV), Manuel Conthe, quien negó esta semana que hubiera hechos delictivos en relación a la actuación de este organismo en el proceso de opas sobre Endesa.

El juez Martín Gil deberá decidir si archiva el caso o investiga varios supuestos delitos ligados a las decisiones de la CNMV y la Oficina Económica del Ejecutivo sobre las opas lanzadas por E.ON y Enel y Acciona contra Endesa.

Tanto la querella de «Manos Limpias«, como las denuncias presentadas en los juzgados entienden que, por diferentes motivos, «la intervención» de Carlos Arenillas y Taguas, además de Sebastián, pararon un expediente sancionador de la CNMV contra Enel y Acciona, en línea con lo expresado en este sentido por el ex presidente de la CNMV Manuel Conthe en el Parlamento.

Además, según Manos Limpias, existe un informe jurídico del secretario del Consejo de la CNMV, Javier Rodríguez Pellitero, «que decía que había que sancionar las conductas que no eran conforme a derecho», por eso -añadió- la denuncia se dirige «contra todos los que votaron en contra de sancionar» a Enel y Acciona.

En una entrevista a Telecinco esta semana, Conthe reconoció que la decisión de no abrir expediente contra la italiana Enel y Acciona constituyó «un grave error» pues dejó «desamparado» a E.ON, aunque añadió: «no hubo ni el más remoto vestigio de delito, y lo digo porque ha habido una denuncia ante los tribunales».

Sin embargo, su opinión fue distinta frente el caso denominado «FG Valores«, archivado en 2006 por la Fiscalía Anticorrupción al no encontrar indicios de delito sobre la venta de una sociedad instrumental usada por el ahora presidente del BBVA, Francisco González.

Pese a mantener que tampoco existe materia penal, el ex presidente del organismo regulador indicó que «podría haber sorpresas» si un juez analiza la actuación interna de la CNMV, pues fue «un tema que afectó a la CNMV» y que se hizo «a sus espaldas». Dichas declaraciones se refieren a unos documentos presuntamente filtrados por Arenillas a los medios de comunicación sobre las operaciones de Francisco González, relacionadas con la venta de la sociedad FG-Valores en 1996.

Tanto para el PP como para Manos Limpias estas noticias aparecidas en los medios de comunicación deben ser consideradas como «notitia criminis», por lo que consideran que el juez Tomás Martín Gil debería investigar de oficio estos hechos sospechosos de ser delito, porque se pudo «presionar políticamente» al Consejo de la CNMV.

Por tanto, tras cinco meses de inhibiciones y cuestiones de competencia entre diferentes juzgados, el juez Tomás Martín Gil deberá decidir si deriva delito «las actuaciones llevadas a cabo por los denunciados, todos ellos en ejercicio de sus funciones públicas, para evitar a toda costa la adquisición de Endesa por parte de E.ON«.