El informe del CSN y la continuidad de Garoña

En muy pocas ocasiones la noticia energética de la semana sucede en fin de semana, o casi en fin de semana, como ha sucedido con el informe del Consejo de Seguridad Nuclear, referido a la renovación de la central de Garoña y primer paso en el proceso decisorio al respecto. En algún caso, se podía haber imaginado el ideal de que el Consejo de Seguridad Nuclear hubiera echado un “capote” a los partidarios del cierre de la instalación, con un informe contrario a la misma.

Pero no, ha dejado la cuestión en el plano político del gobierno y en su decisión, dónde hoy conviven, al parecer, distintas tendencias. Cómo se podía leer en el diario El País, parece que los socialistas se dividen entre los que “quieren cerrar todas las nucleares y los que quieren encender la luz por las mañanas”. Este país se había hecho enormemente pragmático con los años y la ideología tiene hoy sus límites: la seguridad de suministro y la economía, la general y la doméstica. Por ello, la opinión pública empieza a cambiar lentamente sobre la opción nuclear, y si se explicara con transparencia y de forma extensiva los efectos de abandonar la tecnología nuclear, puede ser que otro gallo nos amenizaría el comienzo del día.

Por tanto, la clave está en la potencia de los motivos ideológicos que puedan soportar una decisión arbitaria y el juramento sobre el programa electoral para cerrar una central segura, eficiente y… necesaria. Y, además, cómo es consentido en un momento en que los precios del petróleo nos recuerdan que somos mortales y que, a lo mejor, nos apuntan su tendencia alcista. Hoy se recuerda como Felipe González por motivos económicos (no ideológicos) cortó el desarrollo de nuevas instalaciones nucleares, implantando la famosa y confundida deliberadamente por sus detractores “moratoria nuclear”. Hoy probablemente haya que hacer lo contrario.

Parece que otro de los jugadores en liza es el lobby ‘medioambientalista clásico’, preferentemente el cercano al PSOE y su influencia (y al que se le contrapone el denominado “lobby nuclear”). Así, en toda esta paradoja, tenemos a determinados grupos ecologistas que se encuentran alineados con las fuentes de energía fósil contra la central nuclear, que, por otra parte, no es emisora de CO2. Parece, que las políticas hacen extraños compañeros de cama. Hay que recordar que hoy existen dos argumentos medioambientalistas que no todos los colectivos ecologistas comparten: uno, los que inciden en la lucha contra el CO2 y efecto invernadero y; dos, los que se centran en la lucha contra los nucleares por motivos ideológicos. Por ejemplo, entre ellos, está el el fundador de Greenpeace que considera que las nucleares pueden contribuir a la disminución del efecto invernadero. En todo caso, en España el problema de las emisiones no parece estar resuelto, aunque si oculto por la disminución de emisiones de ha provocado la reducción de actividad de esta crisis. En todo caso el problema, incluso desde la perspectiva medioambiental, no es tan simplificado como se quiere mostrar.

Por eso, cobra especial importancia todo lo que se escribe sobre el Presidente del Gobierno, su voluntad y lo que sería «su decisión», por lo que tendremos un tiempo de globos sonda, interpretaciones de hechos y palabras y lectura de posos del café. En este punto, nos encontramos como el diario El Mundo, señala que Zapatero se “inclinaría” por el cierre de la instalación y por un plan de empleo para esta comarca burgalesa. Sería esa propuesta la de apuntarse al tiempo de las promesas y al de utilización fácil de la máquina del gasto público (y el déficit público, con sus consecuencias futuras de endeudamiento y de financiación de nuestra economía). Desde el punto de vista de la retórica política se podría haber encontrado con la fórmula mágica: cierre de la central, prolongación de vida útil mínima para dar tiempo al desmontaje de Zorita, anuncio de plan de empleo (que luego necesita tiempo para hacerse realidad, eso sí), posibilidad de que haya corte de cintas y carteles de propaganda. A cambio, incertidumbre.

En todo caso parece mentira que el dilema, la “ecuación sin salida” para Zapatero a la que se refieren otros medios, sea cometer una arbitrariedad: cerrar una central que técnicamente puede proseguir con su actividad de generación de electricidad, con un coste en términos de indemnizaciones alto (amortizaciones pendientes, nuevas inversiones se han venido haciendo estos últimos años, hasta 150 millones de euros y, eso sin contar que el propio CSN recomienda 50 millones más, en contra de la indigencia económica que apoya las teorías retroprogresivas que señalan que “estas instalaciones están totalmente amortizadas”). Además de estos costes directos, sería necesario incurrir en otros costes derivados: el desarrollo de un programa de gasto público para “recuperar la zona” (es decir de montar deprisa y corriendo un Plan B que tarda en fructificar y acertar), el coste de la subida de precios de la electricidad y con los costes de su sustitución en términos de energía fósil (que vuelve a apuntar subidas de precios), en términos de dependencia y emisiones. Y, ello, generando un conflicto político (otro tipo de costes) con la Junta de Castilla y León y con su partido a nivel regional y ver como se salva, a nivel institucional, el posicionamiento unánime del informe del Consejo de Seguridad Nuclear. Por tanto, la ecuación tiene salida, pero muchas son las incógnitas que hacen complejo el polinomio y muchos los costes.

Lo sensato, por tanto, parece que sería, a la vista de un escenario tan complejo, optar por la continuidad de Garoña, frente a las razones ideológicas y de suplantación del debate nuclear previo, nunca celebrado. Más en estos tiempos de crisis económica, en los que hay que dar ejemplo de responsabilidad en la toma de decisiones. En primer lugar, porque no todas las decisiones económicas tienen que ser de gasto público a la espera de los “brotes verdes”; pueden ser de eficiencia y de confianza institucional.