Las recomendaciones realizadas por el grupo parlamentario socialista se refiereron a economía sostenible; seguridad; energía e industria; movilidad; urbanismo y vivienda; comercio; medio rural; medio forestal; tratamiento de residuos; e investigación, desarrollo e innovación.

Además, dentro de este plan que calificó de «ambicioso en los compromisos de emisiones», añadió que en el documento pidió el 100% de reducciones de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en 2050 para el sector energético. Moraleda dijo que, a corto plazo, el primer paso debe ser lograr un compromiso firme de la Unión Europea de reducir sus emisiones en un 30% en 2020 y, para ello, propuso que el coste real se reparta equitativamente entre los distintos Estados miembro y entre los distintos sectores.

«Se necesita un cambio radical de entender la fiscalidad», apostilló el diputado socialista, que consideró que «ha llegado la hora de gravar las emisiones frente a gravar las rentas del trabajo». Por eso, instó a revisar y establecer sistemas de fiscalidad que graven el consumo de energía y el consumo de combustibles fósiles y, concretamente, planteó la introducción de una tasa a las emisiones de CO2 y su afectación al Fondo de la Ley de Economía Sostenible, para impulsar la colaboración público-privada de inversiones verdes.

Impuesto a las energías «maduras»

Moraleda agregó que el documento de propuestas recoge la reflexión de expertos que pasaron por la Comisión Mixta de Cambio Climático y que dijeron que «para cumplir los objetivos de los expertos es imprescindible actuar sobre el sector eléctrico». Por ello, propuso que las energías ya maduras «que tienen un beneficio muy alto» –en alusión a la nuclear y las grandes hidráulicas, sin referirse a ellas– ayuden a financiar las energías renovables que están en proceso de optimización «de forma interna y equilibrada» con incentivos a las tecnologías de energías emergentes «más seguras, medio-ambientalmente aceptables y que permitan mayor independencia de suministro y desarrollo económico nacional».

Al mismo tiempo, el documento estimó que la Ley 29/1985 de Aguas que está en vigor sea modificada y actualizada para que se incorporen a ella las consecuencia que sobre su disponibilidad futura pueda producir los efectos del cambio climático.

El documento abordó también el sector del transporte y el sector de la edificación y propuso que sea «obligatorio» en los Planes Generales de Ordenación Urbana que se tenga que inscribir un plan de movilidad sostenible así como un plan de eficiencia energética.

En cuanto a las propuestas de transporte, figuró el avance en la electrificación en el transporte ferroviario y la «necesidad» de apoyar los vehículos híbrido, híbrido enchufable y eléctrico, así como apoyar el transporte de mercancías a media distancia mediante ferrocarril y a través de las «autopistas del mar».

Por otro lado, recomendó que los comercios apliquen «cuanto antes» el desarrollo de la recién aprobada Ley de Residuos para que, sobre todo, los proveedores eliminen el embalaje en su totalidad si es posible y que estos sean renovables o reutilizables. Igualmente, propuso al Gobierno que generalice el proyecto europeo de «Green Commerce« (comercio verde) como fórmula para concienciar a los comerciantes en la minimización del consumo energético y los residuos medioambientales.

En materia de medio rural, planteó al Gobierno que reconozca el papel «tan importante» que representa como sumidero de CO2 desde el punto de vista de cultivos leñosos y pastizales, así como profundizar en la sensibilización y modificación de los procedimientos del sector agrario, ganadero y de pesca para fomentar que estas sean actividades sostenibles y, al mismo tiempo, impulsar las ayudas agroambientales en el marco de la nueva Política Agrícola Común de la UE (PAC), así como armonizar el etiquetado de la huella de carbono en el conjunto de los Veintisiete.

Asimismo, pidió impulsar la biomasa como fuente energética de base y generadora de altas tasas de empleo rural y destacar el papel de los bosques como sumideros de carbono para lo que propone extender el Plan de plantación de árboles –previsto hasta 2012– hasta el año 2020.

«Nuestro deseo es que estas medidas se lleven a efecto para un cambio de modelo que deseamos. Este es el modelo de economía para el futuro de España. Pero es importante que haya un consenso de Estado«, manifestó Moraleda quien agregó que pasó el documento al resto de grupos políticos que integran la comisión y que recibió la respuesta favorable por parte de IU y de los grupos nacionalistas, pero que aún no conoce la respuesta del PP.

La comisión Mixta (Congreso-Senado) para el Estudio del Cambio Climático se creó al inicio de la presente legislatura y por ella pasaron un total de 69 expertos del ámbito nacional e internacional. Como resultado de este trabajo, la comisión elaboró un informe de cinco capítulos que incluyen los avances científicos; la negociación internacional en la lucha contra el cambio climático; la negociación en el ámbito nacional; los distintos sectores de actividad analizados y, por último, un capítulo de recomendaciones.

Moraleda consideró que la lucha contra el cambio climático no es posible sin una «estrechísima» cooperación institucional, no solo de las administraciones locales y autonómicas sino también del Gobierno en base al principio de «corresponsabilidad institucional» pero también que es «imprescindible» la corresponsabilidad de los ciudadanos que exige una «amplia concertación social y una respuesta colectiva».

Las leyes de renovables y de eficiencia energética están pendientes desde 2008, según el PP

Por su parte, la portavoz del PP en la Comisión Mixta (Congreso-Senado) para el Estudio de Cambio Climático, María Teresa de Lara, criticó la batería de propuestas presentada por el grupo parlamentario socialista para luchar contra el cambio climático porque le parece que «está poniendo deberes al próximo gobierno, cuestiones que el Ejecutivo actual ya debía haber resuelto», como las leyes de Energías Renovables y de Eficiencia Energética, a las que «se comprometió en 2008».

Así, De Lara señaló que, aunque esté «de acuerdo con algunas de las propuestas» socialistas, no cree que este sea «el momento oportuno» para ellas y le parece que «el PSOE no tiene en cuenta la situación actual de la economía española» ya que algunos de los 99 puntos que plantea son «muy costosos o bien ya se tenían que haber hecho».

«Hay una serie de medidas y, por supuesto, que estamos de acuerdo en algunas de ellas, pero hay otras que no tienen en cuenta la situación económica española y se habla de cosas que no pueden hacerse, aunque ojalá pudieran hacerse«, puntualizó, al tiempo que añadió que, en su opinión, «es como si hubieran cogido una serie de puntos y hubieran visto lo que no hay hecho y quieren que los haga el próximo gobierno».

La diputada destacó algunas propuestas con las que no está de acuerdo como la número 17, en la que se plantea que las energías maduras financien a las que no están tan maduras porque criticó que no explica exactamente a qué energías alude y, a su juicio, si se refiere a la nuclear y a la hidráulica «lo tienen que decir, igual que tampoco explica el mix energético que quieren plantear».

Además, aseguró que el PP «no va a admitir» la creación de nuevos impuestos y nuevas tasas al dióxido de carbono (CO2) como una propuesta general de la Comisión de Cambio Climático, al considerar que «no es el momento actual para crear nuevos impuestos, sino para bajarlos, más bien».

Por otro lado, se refirió a la propuesta del PSOE de pasar de una reducción de emisiones del 20 al 30 por ciento y lo calificó de «brindis al sol» porque para este asunto se ha encargado un informe a la Comisión Europea sobre las repercusiones económica en cada país miembro y «ese informe todavía no existe», por lo que advirtió que mientras dicho estudio no exista, el PP no va a manifestarse. Al mismo tiempo, recordó que España es el país miembro que «más derechos de emisión está comprando, lo que supone pagar». «Primero hay que ver el informe y luego opinaremos con conocimiento de causa», añadió.

De Lara reconoció que le causó «sorpresa» que el PSOE proponga que los Presupuestos Generales del Estado especifiquen una partida concreta para cambio climático y programas como biodiversidad, agua, agricultura, costas o energía. «Esto nunca ha estado en los presupuestos. Yo he preguntado esto y me respondían que se trataba de un tema sectorial y competencial de las comunidades autónomas. Ahora quieren poner al Gobierno unos deberes que no habían asumido, no sé por qué no tienen competencia», lamentó.

Por otro lado, la diputada criticó el punto 62 del documento, que recomienda ampliar y extender a las administraciones públicas el plan de ahorro y eficiencia energética. «Yo más que ampliarlo, creo que, quitando al Ministerio de Industria, este plan no se ha aplicado a ningún ministerio», apostilló.

De Lara espera que «la economía salga a flote», pero manifestó que, para entonces el Gobierno no habrá implantado medidas estructurales para reducir las emisiones de CO2 ya que, en su opinión, «hasta la fecha, solo ha habido las bombillas de Sebastián, los neumáticos que no existían, la medida de 120 a 110 y a 120 kilómetros por hora en autovías y autopistas».

En cuanto a la propuesta de «incrementar las primas a la biomasa», según De Lara, insistió en que el PP apostó por ella como una fuente de energía mientras que, «hasta ahora, el PSOE se negó a incrementar las primas a la biomasa y en su gobierno disminuyó la potencia instalada» de esta fuente de energía.

Finalmente, consideró que «hace falta un plan serio» de ahorro y eficiencia energética y dijo que el PP está «trabajando en un conjunto de medidas», aunque adelantó que serán «menos de 99, seguro» pero que tendrán «contenido en el sentido de creación de empleo».

«En esto está el PP, cuando las tengamos las presentaremos a la Comisión de Cambio Climático para su debate. No vamos a presentar un documento en una reunión no oficial, lo haremos en la primera oficial que tenga la comisión en los primeros días de septiembre«, concluyó.