Según han destacado los socialistas, el decreto permitirá la «viabilidad a corto plazo del sector del carbón en España» y garantizará » los salarios de sus trabajadores».

Varios eurodiputados del PSOE procedentes de regiones mineras se dirigieron a principios de septiembre al Ejecutivo comunitario para exigir un «sí» a las ayudas.

Según la delegación socialista española, para la decisión positiva de Bruselas «ha sido fundamental el empeño del Gobierno de España, con su presidente a la cabeza».

Al mismo tiempo, el PSOE ha pedido a la Comisión Europea la aprobación de un nuevo reglamento europeo de ayudas públicas al carbón «que dote de estabilidad al sector y dé futuro a las comarcas mineras europeas».

Para los eurodiputados, «sin un marco jurídico estable que contemple un periodo de tiempo amplio de ayudas, no es posible fomentar las inversiones tecnológicas necesarias que hagan del carbón una fuente de energía limpia y eficiente«.

IU pide al Gobierno que garantice el pago de los salarios

Por su parte, el portavoz parlamentario de Izquierda Unida (IU), Gaspar Llamazares, ha instado al Gobierno a que garantice el pago de los salarios que los grupos Alonso y Viloria adeudan a sus empleados, así como a que luche en la Unión Europea por el futuro del sector «más allá de 2014».

Llamazares ha acudido a León a apoyar a los doscientos mineros de la «marcha negra», con los que ha caminado durante cerca de un cuarto de hora tras reunirse con ellos en la carretera, a unos tres kilómetros de su punto de partida hoy, Villadangos del Páramo, localidad ubicada a doce kilómetros de la capital leonesa.

El diputado ha reclamado al Gobierno que asegure el futuro del carbón a través de una reactivación de las cuencas que garantice, a su vez, el empleo de los jóvenes residentes en las comarcas mineras.

La Xunta considera «decepcionante y muy perjudicial» el sí de Bruselas

El consejero de Economía e Industria de la Xunta de Galicia, Javier Guerra, ha calificado de «decepcionante y muy perjudicial» para Galicia la autorización por parte de la Comisión Europea del Real Decreto del Carbón planteado por el Gobierno español.

Guerra ha considerado que la decisión de la Unión Europea «penaliza» a Galicia y ha recordado que las centrales térmicas de la Comunidad Autónoma reconvirtieron sus instalaciones para adaptarlas y modernizarlas con el objetivo de cumplir las reducciones de emisiones de gases contaminantes fijados en el protocolo de Kyoto.

Ha reiterado que el Gobierno gallego hará uso de «todas las herramientas jurídicas» para «combatir» la normativa y ha lamentado que el Ejecutivo central «no recogiera e ignorara» los efectos «negativos» de la entrada en vigor del decreto para la industria gallega, informó el consejero de la Xunta.

La aplicación del reglamento supondrá un paro en las centrales térmicas coruñesas de Meirama y As Pontes, así como una reducción de la actividad portuaria en Ferrol y A Coruña, por lo que ha alertado de que la situación pondrá «en riesgo» más de 3.000 empleos y tendrá un impacto económico de 1.200 millones de euros.

Además, ha denunciado que la Comisión Europea autorizara ayudas a «todas luces incompatibles con el mercado interior» y se ha reafirmado en que el Gobierno gallego «siempre defenderá los intereses de Galicia», especialmente los de las comarcas mineras.

Sánchez Galán pide una solución social para la minería sin dañar al resto del sector

Asimismo, el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, ha abogado por la necesidad de buscar una solución al aspecto «social» del problema de la minería en España y por que esa solución no dañe al resto del sector energético.

«Por un tema social se está encareciendo un producto energético y distorsionando del mercado, y, aún así, no se está resolviendo el problema», ha asegurado el presidente de Iberdrola, después de aclarar que su empresa tiene pocos activos en ese sector.

En su opinión, la polémica radica en que se están «mezclando dos partes: la social y la energética» y ha urgido a que «alguien tome una decisión».

Sánchez Galán ha hecho referencia a unos cálculos publicados en la prensa española recientemente que apuntaban a que el sector del carbón emplea a 7.000 personas en todo el país y cuesta a los españoles unos 2.000 millones de euros.

Ello quiere decir que «cada empleado en la industria del carbón supone unos 300.000 euros», por lo que, en su opinión, se debe encontrar una solución social para esos trabajadores, a los que ha comparado con los de la siderurgia naval.

«¿Qué hubiera sido de España si hubiéramos seguido manteniendo artificialmente aquella siderurgia obsoleta que teníamos en la margen izquierda del Nervión y aquellos astilleros que no podían competir en los costes laborales con Corea u otros países emergentes?», se ha preguntado Sánchez Galán, para

Una referencia similar la ha hecho con el sector siderúrgico al señalar que, sin las decisiones tomadas antaño, «ahora no habría una siderurgia integral que compite en el mundo», y ha insistido en que la verdadera cuestión es que «no se quiere encarar el problema social», que «no se debe mezclar con la energía, porque eso sólo quita competitividad al resto del sector energético».

Ese sobrecoste que en su opinión tiene mantener los empleos de la minería se está trasladando al déficit que mantiene el sector energético y que «nos está haciendo perder oportunidades para hacer cosas en otros países que serían muy útiles para toda la industria auxiliar eléctrica española en este momento».