El Grupo Petersen anuncia que dejará de pagar la deuda por la compra de sus acciones en YPF

Estas fuentes indicaron que entró en mora una cuota de unos 400 millones de dólares y que los bancos ya comunicaron al Grupo Petersen que quedaron en situación de cese de pagos los créditos concedidos para entrar como accionista en YPF, que acaba de ser expropiada a la española Repsol.

No obstante, el Grupo, propiedad de la familia del empresario argentino Enrique Eskenazi, acaba de anunciar su decisión de dejar de pagar los créditos, a pesar de que en un principio se pidió a los acreedores que le diesen un mayor plazo de pago, según consta en una carta remitida por un directivo del grupo, Mauro Dacomo, tanto a Repsol como al despacho de abogados Allen & Overy y a los agentes colaterales encargados de los préstamos. Tras el impago, un grupo de bancos internacionales podría quedarse en los próximos días con las acciones de Petersen en YPF.

Los bancos ahora pueden quedarse con los títulos de YPF en manos del moroso, cuando el valor bursátil de la compañía se desplomó como consecuencia de la expropiación, agregaron.

La expropiación de YPF a Repsol, vigente desde el 4 de mayo pasado, puso fin a un acuerdo empresarial por el cual el grupo argentino recurría al reparto de dividendos de la petrolera para cancelar las deudas contraídas al ingresar como socio.

En 2008, los bancos Credit Suisse, Goldman Sachs, BNP Paribas y Banco Itaú Europa concedieron un préstamo por unos 1.018 millones de dólares al Grupo Petersen para comprar el 14,09% de acciones de YPF a Repsol, que a su vez le prestó otros 1.015 millones de dólares, según las fuentes financieras.

El año pasado, al ampliar su participación al 25,46%, Petersen recibió un crédito por unos 670 millones de dólares de parte de los bancos Itaú, Standard Bank, Credit Suisse y Citi, y otro préstamo por una suma similar de manos de Repsol, agregaron las mismas fuentes.

Tras la expropiación, el accionariado de YPF se reparte entre el Estado argentino (26,03%), el Grupo Petersen (25,46%), las provincias petroleras (24,99%), Repsol (6,43%) y el 17% restante cotiza en las bolsas de Buenos Aires y Nueva York.

La presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, impulsó la expropiación después de que Repsol recibiera múltiples acusaciones de no haber hecho las inversiones necesarias para aumentar la producción de hidrocarburos, extremo tajantemente negado por la firma española, que demandó al Estado argentino ante tribunales de Nueva York.

También Repsol respondió con una campaña publicitaria en la que negó los cargos y sostuvo que la política de reparto de dividendos fue avalada por el Gobierno argentino.

Repsol informó de que envió una carta a Fernández en la que declaró una controversia en el proceso de expropiación, con lo que dio el primer paso para llevar el caso a un arbitraje internacional. Sin embargo, el Gobierno argentino no hizo ningún comentario sobre este asunto.

YPF, bajo intervención gubernamental y operada de forma provisional por el ingeniero en petróleo Miguel Galuccio, avisó a la Comisión de Valores de Nueva York (SEC) de que el mes próximo designará a un Comité de Auditoría para cumplir con regulaciones y evitar el cese de la cotización de sus acciones en ese mercado.

Para el 4 de junio próximo fue convocada una asamblea de accionistas de YPF para decidir, entre otros asuntos, la designación del nuevo directorio de la petrolera y convalidar el nombramiento de Galuccio como presidente de la empresa, la mayor de Argentina.