El grupo Eguzki asegura que la exención fiscal pedida por Garoña muestra que «el lobby nuclear se impone al Gobierno de Rajoy»

Eguzki informó de que la reforma energética que prepara el Gobierno central contempla un impuesto general del 4% para todas las tecnologías del régimen ordinario, tasa que afectaría a la energía nuclear, a la que también se le gravaría con una adicional por sus residuos.

Para los ecologistas, este impuesto «no es conciencia de la posición abusiva del lobby de las empresas nucleares, ni de la sensibilidad hacia la seguridad de la población o de la generación de residuos, sino de un filón, el nuclear, al que se le ha puesto la alfombra roja». «Se le ha considerado un bien en sí mismo por generar energía, sin valorar la forma ni los residuos que genera, sino tan solo su capacidad de producción», resaltó.

Sin embargo, señaló que los residuos nucleares, «que permanecen siglos en condiciones inciertas, son costeados por la sociedad, con lo que la seguridad o medidas parciales para paliar la inseguridad nuclear y el almacenamiento y control de los residuos, son un coste social».

Según explicó, «para funcionar hasta el año 2019, la central nuclear de Garoña tendría que acometer inversiones que el sector cifró en 100 millones por las exigencias del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), consecuencia de un acuerdo europeo tras las muestras de Fukushima, y más si cabe ante la parada de la planta belga de Doel, del mismo fabricante que Garoña».

En este sentido, criticó que accidente de la central de Fukushima (Japón), cuyo primer reactor es gemelo al de Garoña, «no cambió la decisión pro nuclear del PP, mientras Alemania, Suiza, Italia y Bélgica daban marcha atrás en sus planes atómicos».

Asimismo, recordó que Industria publicó el pasado 3 de julio la orden para mantener Garoña hasta el año 2019, seis años después de la fecha de cierre fijada por el Gobierno anterior.

Por otro lado, denunció que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) limitó sus ultimas inspecciones a la central de Almaraz (Cáceres), «dejando Trillo (Guadalajara) y Garoña fuera del circuito de los inspectores».

«No pasar controles y no asumir el coste de ninguna carga impositiva es la demostración de que el lobby nuclear se impone a gobiernos y decisiones populares, cargando los costes de su explotación a la población, mediante una exención fiscal que aspiran y airean en los medios como chantaje social a la producción energética, algo totalmente inaceptable», lamentó.

Eguzki explicó que Garoña es «insegura», ya que la central burgalesa es «similar a la de Doel, parada por fallos este mes, y Fukushima, parada tras su siniestro», por lo que advirtió de que su funcionamiento supone «colocar a más de un millón de personas ante el riesgo nuclear».

Para el grupo ecologista, «prorrogar la central mediante la exención fiscal, evidencia más a las claras el negocio de Garoña, una central amortizada totalmente que no asume ni pagar una parte de impuestos». «La responsablidad de los efectos que se puedan producir corresponde al gobierno de Rajoy, y sus adláteres el diputado general de Álava, Javier de Andres y el alcalde de Vitoria, Javier Maroto», concluyó.