El Gobierno tacha de «absurdo» plantear un intercambio entre el retraso de las pensiones y el cierre de la central de Garoña

Valeriano Gómez subrayó que «es absurdo siquiera plantear que las medidas en pensiones sean intercambiables con la política energética o la política industrial o la de ciencia e innovación», con lo que negó las informaciones según las cuales el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero habría ofrecido a los sindicatos la posibilidad de ceder en la reforma del sistema de pensiones a cambio del beneplácito sindical al retraso a la jubilación a los 67 años por la continuidad de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos).

La central de Garoña debía cerrar en 2009, pero el ministro de Industria, Miguel Sebastián, propuso al Consejo de Ministros, exitosamente, prorrogar la vida útil de la misma hasta 2013.

En este sentido aseguró que ni el Gobierno ni los interlocutores sociales han planteado este posible intercambio y que ni siquiera se ha tratado esta posibilidad. «Lo rechazo frontalmente«, dijo.

Según el ministro y coordinador de esta negociación, este tipo de negociación en el que se mezclan temas tan diversos «no sería un buen modelo» y añadió que «tendría poco sentido común».

Por otro lado, volvió a afirmar que al Ejecutivo le gustaría lograr un gran acuerdo tanto con los agentes sociales como, en paralelo, con el arco parlamentario, y recordó que «aún no ha acabado la negociación». Así, defendió que el objetivo es lograr un «importante consenso antes del día 25», que es cuando el Pleno del Congreso debatirá las recomendaciones de la comisión parlamentaria sobre el Pacto de Toledo. Sin embargo, agregó que, más allá de ese día, «aún hay tiempo antes del 28». Será entonces cuando el Ejecutivo aprobará el anteproyecto de la reforma, y apuntó que incluso después se podrá discutir en la tramitación parlamentaria.

Gómez admitió que en la negociación con los agentes sociales hay «distancias apreciables y dificultades», pero destacó que «hay una voluntad de seguir negociando y esto es lo importante».

La secretaria de Estado de Empleo, María Luz Rodríguez, aseguró, por su parte, que «el debate nuclear no está en la negociación que está llevando a cabo el Gobierno con los sindicatos sobre la reforma de las pensiones.

«Sobre la mesa están muchos temas» y, de hecho, se está dialogando sobre el modelo productivo de España, pero no está sobre la mesa el debate sobre las centrales nucleares, un tema que no ha formado parte de la negociación «ni ayer ni hoy», insistió Rodríguez.

Asimismo, el ex ministro de Trabajo y coordinador socialista en la negociación política de la reforma de las pensiones, Jesús Caldera, dijo que «no le da ningún crédito» a las afirmaciones que se están haciendo.

«No tiene sentido (…) Esto de plantear que a cambio de algo tan importante como la edad de jubilación se puede revisar una decisión que está tomada en firme, no tiene ningún sentido», subrayó Caldera en declaraciones a Punto Radio.

Sin embargo, el ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui afirmó que el Gobierno podría modificar su postura sobre la energía nuclear por alcanzar un acuerdo integral con sindicatos, empresarios y partidos políticos, que supondría, a su juicio, «un enorme vendaval a favor de las velas de la recuperación económica española». «Todo sea por alcanzar un acuerdo».

También, el portavoz del PSE-EE, José Antonio Pastor, reiteró el compromiso de los socialistas vascos a favor del cierre definitivo de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos), situada a 60 kilómetros de Vitoria, así como también lo hizo el secretario general del PSOE de Burgos, José María Jiménez, que defendió que no se debe renovar la licencia de Garoña porque está a punto de superar los 40 años de funcionamiento.

Toxo y Méndez lo tildan de «disparate grotesco»

La otra parte negociadora, los sindicatos UGT y CC.OO., calificaron de «disparate grotesco» que el Gobierno relacionara un posible pacto sobre la reforma de las pensiones con la prolongación de la vida de las centrales nucleares.

El secretario general de CC.OO., Ignacio Fernández Toxo, dijo que estos comentarios «enredan más las cosas y, como no suceden por casualidad, da la sensación de que alguien en el ámbito del Gobierno está trabajando para impedir un acuerdo«. Toxo apuntó que «a nadie en su sano juicio se le puede pasar por la cabeza que alguien desde el campo sindical vaya a cambiar energía nuclear por años de jubilación».

Por su parte, el secretario general de UGT, Cándido Méndez, manifestó que se trata de una idea «grotesca» que supone «intentar introducir unos elementos de intercambio que descalifican a aquel que los plantea y si para algo ha servido, es para complicar una negociación ya de por sí muy complicada«.

Cospedal (PP) vería «lamentable» un «intercambio de cromos»

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, señaló que consideraría «lamentable» que se produjera una «intercambio de cromos» entre la central nuclear de Santa María de Garoña y la reforma del sistema de pensiones.

«Este último intercambio de cromos y esta última parte de la negociación donde el presidente del Gobierno ha vuelto a sorprender una vez más a propios y extraños mezclando la energía nuclear con las pensiones ha sido un episodio lamentable en el camino«, subrayó Cospedal. En cualquier caso, hizo hincapié en que «es deseable y muy importante» que el Ejecutivo llegue a un acuerdo con los sindicatos para la reforma de las pensiones, tras lo cual ha añadido que el PP «siempre va a querer que ese acuerdo sea una realidad».

También desde el PP, Antonio Basagoiti, presidente del grupo en el País Vasco, consideró que la actitud del Gobierno con respecto a la central nuclear de Garoña «no es seria» y defiendió que debe seguir abierta porque «así lo garantiza el Consejo de Seguridad Nuclear y porque es bueno para la economía de Castilla y León y del País Vasco», además de ser «imprescindible» que la industria «pueda competir en el sector energético sin pagar el doble de precio de otros países».

Basagoiti censuró que «Zapatero no sabe ahora si mantener abierta la central de Garoña, cerrarla o meterla en la negociación con los sindicatos«.

Por otra parte, el consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta de Castilla y León, José Antonio de Santiago-Juárez, admitió que al Ejecutivo regional no le ha sorprendido que se haya retomado el debate sobre la energía nuclear tras la reunión mantenida por el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, y el ministro de Industria, Miguel Sebastián, el pasado 13 de enero.

El portavoz apuntó a que existen «distintas sensibilidades» en el Ejecutivo central sobre la energía nuclear. «Hay ministros de acuerdo con el uso y hay otros que parece que tienen otra sensibilidad, unos son partidarios y otros no», puntualizó.

En relación al debate sobre la energía nuclear surgido ayer y vinculado al acuerdo global sobre reformas económicas aclaró no se ciñe únicamente a la central nuclear de Santa María de Garoña y advirtió que sería un «agravio» que Castilla y León «no podría consentir» que ante un posible cambio de la política nuclear se excluyese a la central burgalesa. También recordó que «siempre» es un «buen momento» para rectificar una «mala decisión», por lo que ha instado al Gobierno a modificar su política energética.

Lara (IU) acusa al Gobierno de «mercadear» con las pensiones por los intereses del «lobby pro nuclear»

El coordinador federal de IU, Cayo Lara, acusó al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de «mercadear» con el «futuro de millones de ciudadanos del país» por los intereses del «lobby pro nuclear».

Para Lara, «el futuro de las pensiones no es intercambiable con ningún tipo de moratoria nuclear«. «Son dos cuestiones radicalmente diferentes y sólo la mano de los interlocutores del Ejecutivo en estas conversaciones, como la de un gran enredador como es el vicepresidente Rubalcaba, pueden intentar sembrar la confusión entre ambos temas para buscar claros réditos partidistas al margen del interés general», añadió.

«Filtrar que se busca la prolongación de la vida útil de la central de Garoña a cambio de que se acepten algunas reformas del sistema de pensiones sólo demuestra que la modificación de este último resulta innecesaria y no tiene ninguna justificación», señaló.

También, el portavoz de IU en el Congreso, Gaspar Llamazares, consideró que alguien del Gobierno ha intentado «hacer volar» cualquier posibilidad de acuerdo en la negociación sobre el futuro de las pensiones, al difundir que había ofrecido a los sindicatos mantener la central nuclear de Garoña a cambio de un pacto global.

«La información fue directa del Gobierno y con el calificativo de fiable. Y si alguien dijo que se cambiaba el aplazamiento en el cierre de Garoña por los 67 años y dijo que era fiable, esa persona debe explicar cuáles eran sus objetivos, porque ahora el Ministerio (de Trabajo) acaba de decir que eso no estaba en la mesa de negociación», recalcó el portavoz de IU.

Para Llamazares, el retraso del cierre de la central nuclear de Garoña, en la provincia de Burgos, previsto para 2013, sería un «sinsentido» desde el punto de vista ambiental y una «barbaridad» para la economía y la seguridad de los ciudadanos.

El coordinador de IU y candidato a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, José María González, insistió en que la Central Nuclear de Santa María de Garoña debe cerrarse y considera «responsabilidad de todos» buscar soluciones inmediatas a los trabajadores de la planta.

«Nosotros no damos bandazos ni cambiamos de ideología según venga el viento o nos presionen los mercados: sobre Garoña, y sobre la energía nuclear pensamos hoy lo mismo que ayer y que hace ya años», indicó el coordinador de IU.

En este sentido, afirmó que ahora se sabe «a qué se refería el PSOE al encomendar el futuro a los informes técnicos», en alusión al conflicto de intereses suscitado en torno al secretario de Estado Fabrizio Hernández.

ERC pide la comparecencia de Sebastián

Por su parte, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) solicitó la comparecencia del ministro de Industria, Miguel Sebastián, ante la Comisión de Industria del Congreso de los Diputados, para que explique la posición del Gobierno en la generación energética del Estado.

Para el diputado Joan Ridao «las informaciones acerca de la vinculación del alargamiento de la vida de las centrales nucleares con la negociación de la edad de jubilación demuestran que la política energética parece vinculada sólo a la búsqueda de apoyos para sacar adelante las reformas«. A juicio de Ridao, «el alargamiento de la vida de las centrales nucleares sería un nuevo incumplimiento del PSOE, que apostaba en su programa por un cierre progresivo de las centrales nucleares».

En esta línea, la portavoz de ICV en el Congreso de los Diputados, Nuria Buenaventura, pidió la comparecencia en Pleno del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, para que explique si tiene intención de alargar la vida útil de las centrales nucleares.

Para Buenaventura, que recuerda que el cierre de las centrales nucleares conforme finalice su vida útil es una de las promesas electorales del PSOE, «Zapatero ahora tiene que dejar claro si piensa respetar su compromiso electoral o bien cede ante las presiones del lobby nuclear«.

También el parlamentario vasco de Ezker Batua-Berdeak Mikel Arana consideró que el presidente José Luis Rodríguez Zapatero «no puede incluir» la cuestión de Garoña «en las negociaciones que se están manteniendo en relación con la ampliación en la edad de jubilación, ya que nada tienen que ver una cosa con la otra».

A su juicio, Zapatero «empeñó su palabra» al comprometer el cierre de Garoña para 2013 y debe cumplir su compromiso de «sustituir la energía nuclear por energías más seguras, limpias y baratas, procediendo al cierre de los complejos nucleares una vez agotada su vida útil».

El portavoz del BNG en el Congreso de los Diputados, Francisco Jorquera, expresó su «perplejidad» por las informaciones «confusas y desconcertantes» acerca del supuesto acuerdo al que pretende llegar el Gobierno con los sindicatos de no cerrar la central de Garoña a cambio de la reforma del sistema de pensiones.

«Si lo que está haciendo el Gobierno es aprovechar el diálogo social para reabrir el debate sobre las centrales nucleares», sería «un ejemplo más de su política errática en materia energética», amén de un incumplimiento de una promesa electoral.

Garoña cree que las negociaciones «abren una puerta a la esperanza»

Donde la noticia no ha sentado del todo mal fue en los trabajadores de la central nuclear y en el pueblo que alberga la instalación. De hecho, el presidente del comité de empresa de Garoña, José Luis López Fernández-Cabrera, afirmó que las negociaciones del Gobierno con los sindicatos «abren una puerta a la esperanza», para los más de 600 empleados directos de esta instalación y los cientos de trabajadores que, indirectamente, viven de Garoña, aunque aseguró estar «a la expectativa de ver qué pasa finalmente» y expresó, además, su deseo de que la orden del cierre de la central para el año 2013 sea revocada.

Por su parte, el alcalde de Valle de Tobalina -municipio burgalés en el que se ubica la central nuclear de Garoña-, Rafael González Mediavilla, afirmó que, si el Consejo de Seguridad Nuclear garantizó que ésta es una instalación segura y fiable, su continuidad no debería «usarse como moneda de cambio».

Finalmente, González Mediavilla pidió que «de una vez por todas haya consenso entre Gobierno, partidos y fuerzas sociales al respecto de la energía nuclear», ya que «este compás de espera no es bueno para nadie».

La Fundación Renovables ve este giro como un «despropósito absoluto»

Por último, la Fundación Renovables censuró el «giro» en política energética del Gobierno al barajar prolongar la vida de las centrales nucleares para salvar las negociaciones para reformar las pensiones, lo que ha considerado como un «despropósito absoluto» y «una prueba más» de la «falta de seriedad» del debate energético.

Para la fundación, un pacto en materia de energía no pasa por ser consensuado por los agentes sociales y el Gobierno, ni por incluirse dentro de otra reforma de calado, como es la de las pensiones.
En este sentido, quiso dejar clara su «sorpresa e indignación» por justificar este «giro» de la política energética del Gobierno con el fin de salvar «unos cientos de puestos de trabajo», cuando en el sector de las energías renovables se han perdido más de 30.000 puestos de trabado en los dos últimos años.

Así pues, la Fundación reclamó un pacto energético que incluya una política «rigurosa» de ahorro y eficiencia, una descarbonización del sistema energético, una reducción «drástica» de la dependencia del exterior y una apuesta por las tecnologías que ofrecen para el futuro una evolución de costes a la baja.

Como medidas inmediatas a corto plazo, propone una planificación energética integral; una ley de renovables; una ley de ahorro y eficiencia energética; y establecer una fiscalidad ambiental bajo el principio de que «el que contamina paga», entre otras.