Esta orden fue la única medida comercial que pudo aprobar España de forma unilateral para contraatacar a Argentina tras la expropiación a Repsol un 51% de YPF. Tras el Consejo de Ministros en el que se estudió la norma, la propia vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, inscribió la medida en las acciones del Ejecutivo en contra de la decisión del Ejecutivo de Cristina Fernández de Kirchner.

En la orden ministerial en la que se deja sin efecto la asignación de cuotas, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), Industria argumenta que su aplicación «puede tener una repercusión negativa en los precios de los combustibles de automoción en un momento, como el presente, en el que estos alcanzan máximos históricos».

Por este motivo, y «con el fin de no causar daño a los interesados», y «sin perjuicio de reparación que proceda por los costes de gestión en que hayan incurrido», el Ministerio de Industria «considera necesario dejar sin efecto» la convocatoria de asignación de cuotas.

Tras la aprobación de la norma de protección del biodiésel nacional, el Gobierno disponía de un plazo de seis meses para publicar la asignación de cuotas a los productores comunitarios. Este plazo iba a concluir el próximo 22 de octubre y el sector se encontraba a la espera de la resolución.

Ahora, una vez dejada sin efecto la medida, los afectados disponen de un mes para presentar ante Industria un recurso administrativo de reposición, así como de dos meses en caso de que quieran recurrir la decisión del Gobierno ante un tribunal contencioso-administrativo.

La orden de protección del biodiésel pretendía regular la asignación de cantidades de producción de biodiésel para el cumplimiento de los objetivos obligatorios de biocarburantes y apoyar a las operaciones de refino de este biocarburante por parte de las empresas españolas y comunitarias mediante la asignación de cuotas, además de fomentar su uso en el transporte, proteger el medioambiente, reducir las emisiones y contribuir a la seguridad del abastecimiento energético. Ahora, sólo el biodiésel objeto de asignación será apto para el cumplimiento de los objetivos obligatorios de biocarburantes.

Esta medida limitaría las importaciones de biodiésel argentino, cuyo valor ascendió el año pasado a 750 millones de euros. En total, España compró 719.473 toneladas de este biocombustible a Argentina, casi la mitad de las 1,6 millones de toneladas consumidas.

El sector del biodiésel ya había pedido en reiteradas ocasiones la aprobación de una norma de protección de la producción nacional que permitiera a las plantas españolas de procesamiento volver a la actividad. El actual sistema arancelario argentino hace que el biodiésel importado resulte más barato que la soja, que es la materia prima con el que se produce el biocarburante.

No obstante, fuentes al tanto de la situación explicaron que la verdadera causa de la decisión del Ejecutivo de derogar la orden de abril no radicaría en el precio de los carburantes, sino en la queja formal presentada por el Gobierno argentino el pasado mes de agosto ante la Organización Mundial de Comercio (OMC) contra la Unión Europea por las restricciones que intentaba implantar España a las importaciones de biocarburantes.

Todo esto llevó a los comisarios europeos de Comercio, Karen de Gucht, y de Energía, Günter Oettinger a enviar cartas a varios Estados miembos, en la que se recomendó a España que levante la mano y permita la asignación de cuotas de producción a cualquier empresa, independientemente de su nacionalidad, con el objetivo de cumplir las normas del mercado único sobre la importación de biodiésel procedente de países terceros. Además, estaba en cierta medida distorsionando el mercado porque habían crecido las transacciones de biodiésel en el mercado negro.

APPA advierte de la prologación de «la agonía del sector»

APPA Biocarburantes, asociación en la que participan empresas como Abengoa, Acciona, Saras, Hispanergy o Sniace, advirtió de que la decisión del Gobierno de dejar sin efecto la convocatoria de asignación de cuotas a la producción del biodiésel nacional «prolonga la agonía del sector» y da al traste con los esfuerzos económicos, técnicos y humanos destinados a reacondicionar las plantas de producción que estaban cerradas y de frenar los ERE que estaban en marcha.

«Valoramos de forma muy negativa este nuevo retraso», manifestó un portavoz de la asociación, quien recordó las pérdidas que arrastra el sector primero por las importaciones «ilegales» de biodiesel procedente de EE.UU. y después por las importaciones «desleales» de este producto desde Argentina e Indonesia, que llegaron a representar el 75% del biodiésel consumido en España en 2011.

APPA recordó que el sistema de asignación de cuotas tenía que estar en vigor el 21 de octubre, una vez transcurrido el plazo de seis meses que establecía la orden ministerial publicada en el BOE el 21 de abril, e hizo hincapié en el esfuerzo «económico, técnico y humano» de los fabricantes en primer lugar para presentar la documentación al Ministerio de Industria, y en segundo para reacondicionar sus fábricas, algunas cerradas, y otras trabajando al 14% de su capacidad, así como para frenar el ajuste de sus plantillas.

«La situación creada prolonga la agonía del sector, y es un retraso que entendemos será mínimo en el tiempo, para que el sector pueda trabajar con normalidad», señaló el portavoz de APPA.