El Gobierno recurrió hace año y medio la cláusula que le puede obligar a compensar por Castor

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Sáenz de Santamaría explicó que la solicitud de impugnación del real decreto, publicado en mayo de 2008, se produjo dentro del plazo de cuatro años con que cuenta el Gobierno para realizar este tipo de actuaciones.

En concreto, impugnó el artículo 14 de la concesión, que establece que en caso de una extinción de la explotación por dolo o negligencia imputable a la empresa concesionaria la empresa tendría derecho a recibir como indemnización el valor residual de la instalación.

A este respecto, indicó que se tomó esta decisión porque la Abogacía del Estado consideró que esa cláusula no estaba ajustada a derecho ni se ajustaba a los principios regulatorios de la Ley de Hidrocarburos.

Para el Gobierno, según explicó Sáenz de Santamaría, «el mismo principio de justicia impide reconocer compensación alguna cuando la extinción deriva de culpa grave o negligencia de la concesionaria», por lo que la cláusula de Castor en la que sí se reconocía esta indemnización «sorprendió» a los abogados del Estado «en lo que viene a ser un devenir normal de las concesiones», afirmó.

Sáenz de Santamaría aclaró además que la petición del Gobierno al Supremo de lesividad de la cláusula «no se deriva» de la crisis provocada por los seísmos en la zona del almacenamiento. «Pensamos que la clausula es lesiva para el interés público y va contra la ley, y entendemos que debe ser anulada», afirmó.

Según lo revelado por el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, el almacén Castor, de la empresa Escal (UTE de ACS y la canadiense CLP) tiene un coste de unos 1.700 millones de euros.

No habrá Castor hasta tener la certeza de que no habrá consecuencias

Por su parte, el vicepresidente y portavoz del Gobierno valenciano, José Císcar, aseguró que tiene el «compromiso» de Industria de que no se reanudará la actividad del proyecto Castor ni se concederá «ningún tipo de autorización» para el fracking hasta que no se tenga la «certeza científica absoluta al cien por cien» de que no va a haber más consecuencias y seísmos y de se trata de actuaciones «inocuas» para el medio ambiente. Es algo que el Ministerio lo tiene «muy claro», aseguró después del pleno del Consejo.

Císcar reconoció que el asunto «preocupa bastante» al Consejo «como a los ciudadanos de los municipios más cercanos a las instalaciones».

El portavoz recordó que durante la semana el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, se reunió con el ministro de Industria, José Manuel Soria, con los alcaldes de los municipios afectados y con el presidente de la Diputación de Castellón, Javier Moliner, además de visitar las instalaciones.