El Gobierno recorta el bono social y la retribución al transporte y aprobará a finales de mes una ley para poner fin al déficit de tarifa

El cambio referido al bono social, que aparecerá publicado este sábado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), conlleva un recorte cercano a los 100 millones de euros para una medida cuya cuantía anual rondaba los 150 millones de euros, de modo que el ajuste supone reducir a una tercera parte esta partida.

Además, estableció que sea la tarifa eléctrica, esto es, los propios consumidores, y no las cinco grandes eléctricas (Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, HC y E.ON), la que financie el bono social. De esta forma, se traslada una sentencia del Tribunal Supremo en la que consideraba discriminatorio que estas empresas y no otras tengan que financiar el bono social.

Este bono supone, al menos en la formulación actual, una congelación de la tarifa eléctrica para familias con todos los miembros en paro, los beneficiarios de pensiones mínimas, usuarios de la tarifa social y familias numerosas.

Por otro lado, el Gobierno aprobó un recorte de 50 millones de euros en la retribución al transporte de electricidad y otro recorte de 100 millones de euros en los costes extrapeninsulares, que cubren el servicio eléctrico en Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla.

En cuanto a la modificación de la actividad de transporte, y según el texto al que tuvo acceso Energía Diario, se establece como criterio que la retribución en concepto de inversión se hará para aquellos activos en servicio no amortizados tomando como base para su retribución financiera el valor neto de los mismos.

Además, se modificará la retribución correspondiente al año 2012 para la actividad de transporte a percibir por las empresas. A nivel peninsular, Red Eléctrica de España recibirá 1.294.173 millones de euros y Unión Fenosa Distribución 36.992 millones de euros. Para el transporte extrapeninsular, REE cobrará 146.288 euros.

Respecto a los costes fijos y variables de las centrales de generación en régimen ordinario en los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares, resultantes de la aplicación de las revisiones que se establezcan en las disposiciones que desarrollen el Real Decreto-ley 13/2012, de 30 de marzo, por el que se transponen directivas en materia de mercados interiores de electricidad y gas y en materia de comunicaciones electrónicas, y por el que se adoptan medidas para la corrección de las desviaciones por desajustes entre los costes e ingresos de los sectores eléctrico y gasista, serán de aplicación para la retribución de los costes de generación reconocidos a los generadores en régimen ordinario en dichos sistemas desde el 1 de enero de 2012.

Asimismo, se modificó el Real Decreto 437/2010, de 9 de abril, por el que se desarrolla la regulación del proceso de titulización del déficit del sistema eléctrico, y el tipo de interés definitivo a aplicar a efectos de cálculo del precio de cesión de dicho fondo de titulización del déficit.

En su comparecencia ante la prensa tras el Consejo de Ministros, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría afirmó que el Gobierno aprobará «dos cambios importantes que inciden en la mejora de la competitividad» entre los que se encuentra la reforma energética, aunque no detalló su contenido.

Según dijo, aunque en el real decreto ley para la mejora de la competitividad «hay algunos elementos tendentes a la eliminación del déficit de tarifa», a finales de mes «se aprobará una nueva ley para paliarlo», apuntó Sáenz de Santamaría sobre el desajuste de 24.000 millones de euros en el sistema energético español.

Entre las medidas que podría aprobar el Gobierno para frenar el déficit de tarifa se encuentran la aplicación de tasas a las energías nucleares, hidráulicas y renovables para contrarrestar el desfase entre los costes y los ingresos del sistema eléctrico.

Por su parte, Unesa, la Asociación Española de la Industria Eléctrica, mostró su rechazo a la posible tasa y denunció que podrían comprometer la viabilidad del sector, con un impacto de 2.000 millones de euros a las eléctricas.

En esta línea, Foro Nuclear, la patronal de las nucleares, así como las asociaciones de renovables, entre ellas la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA), se opusieron también a estas tasas y pidieron «rigor» para afrontar el déficit tarifario.

De igual forma, la vicepresidenta y portavoz del Gobierno anunció que entre las veinte leyes que sacará adelante el Ejecutivo en el segundo semestre del año se encuentra una nueva normativa sobre los organismos supervisores por la que verá la luz la nueva Comisión Nacional de Mercado y la Competencia (CNMC).