El Gobierno reconoce su fracaso en el control del déficit de tarifa y suprime sus topes legales

Estas medidas aparecen recogidas en un real decreto ley sobre empleados del hogar publicado el 31 de diciembre y en vigor desde ayer, y parten de la «excepcionalidad de la situación en el sistema eléctrico», en el que resulta «urgente» la adopción de cambios.

La retirada de los topes al déficit de tarifa implica que en 2012 este desajuste pueda superar los 1.500 millones en una cantidad no establecida que, como el resto de la deuda eléctrica, podrá titulizarse posteriormente en los mercados. Para 2013, se elimina el objetivo de que el déficit sea cero.

De esta manera, desaparece la imposición legal de equilibrar ingresos y costes del sistema eléctrico este año pero, a pesar de ello, la exposición de motivos confía en que las medidas adoptadas «permitirán, a partir de 2013, la sostenibilidad económica del sistema».

Este equilibrio también se garantiza en la propuesta de peajes o costes regulados del sistema elaborada por el Ministerio de Industria, que todavía está pendiente de su publicación en el BOE.

Además, el decreto-ley modifica la ley del Sector Eléctrico para permitir titulizar -es decir, emitir como deuda con el aval del Estado- el desfase generado en 2012, que en los diez primeros meses del año alcanzaba los 4.030 millones de euros.

De esta forma, el Gobierno «asume su fracaso» en la contención del déficit de tarifa, como indican los dos diarios que adelantan estas medidas, ‘El País ‘ y ‘Cinco Días’. El segundo de ellos, que resalta la «nocturnidad» con la que se han retirado los límites al déficit de tarifa, recuerda además que la orden de revisión de peajes eléctricos no ha sido publicada aún.

En el real decreto ley, el Gobierno reconoce, a la vista del informe sobre tarifas de la Comisión Nacional de la Energía (CNE), que en 2012 se producirá un «nuevo desajuste» no contabilizado por los técnicos del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

La reducción de la demanda, «más acusada de lo previsto» como consecuencia de la menor actividad industrial y del consumo, así como «el sobrecoste del régimen especial» por la entrada en operación «con mayor premura» de nuevas centrales y por el incremento de sus horas de funcionamiento son los dos factores aducidos por el Gobierno como origen del déficit adicional.

A esto se suma que los Presupuestos Generales del Estado (PGE), como ya habían advertido desde la CNE hasta las empresas del sector, no incluirán para 2012 un total de 1.217 millones de sobrecoste extrapeninsular, que deberá por tanto cargarse sobre la tarifa eléctrica.

Además, la tarifa eléctrica de 2012 debe absorber 1.106 millones de desajuste de 2011 y el 17% del sobrecoste extrapeninsular de ese ejercicio, que no ha sido asumido por el Gobierno en las cuentas públicas del año pasado.

El Gobierno señala que «la alternativa» a las medidas adoptadas sería «un nuevo y relevante incremento de los peajes de acceso que recaerían íntegramente en los consumidores eléctricos».

Esta opción, señala, «no se ha considerado por el gravísimo impacto que tendría sobre el consumidor final», que «ya ha venido soportando importantes incrementos en los últimos años» y que, de esta forma, vería «debilitada aún más su renta disponible y su competitividad en un contexto de recesión como el presente».

Sobre el régimen especial del que forman parte las renovables, el Ejecutivo introduce una habilitación en el real decreto ley para la «supresión o corrección» de las primas en caso de que se incumplan las obligaciones fijadas. Como parte del proceso, alude a la realización de «inspecciones».

Esta medida con carácter de «urgencia» supone la retirada de primas a instalaciones que no estén completadas en el momento en el que concluye el plazo para su inscripción definitiva en el prerregistro.

Así, las instalaciones tendrán que contar «con todos los elementos, equipos e infraestructuras que son necesarios para producir energía y verterla al sistema eléctrico» de acuerdo al proyecto.