España y Malta concluyeron este acuerdo con el objeto de poder almacenar en España petróleo crudo o productos petrolíferos, con beneficio para ambas partes, y en especial para España por la posición estratégica que ocupa, «que hace de nuestro territorio un lugar ideal para el almacenamiento de crudo, con los beneficios que se pueden derivar en cuanto a contratos de mantenimiento de las reservas».

Una Directiva comunitaria de julio de 2006 obliga a los estados miembros a mantener un nivel mínimo de reservas de petróleo, crudo o productos petrolíferos.

La Directiva prevé la posibilidad de que dos Estados miembros puedan servirse de un organismo o entidad conjunto para el mantenimiento de sus reservas, y prevé que los Gobiernos pueden acordar constituir las reservas en el territorio de un Estado miembro por cuenta de empresas, organismos o entidades establecidas en otro Estado.