El Gobierno quiere que la eólica sea la principal fuente de energía en España en 2020

Así lo explicó la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, quien compareció ante los medios para explicar las propuestas del Ejecutivo para el «Acuerdo político para la recuperación del crecimiento económico y la creación de empleo».

Según consta en esta propuesta, la meta que persigue el Gobierno es que, para dentro de diez años, la energía nuclear suponga el 15% de la producción bruta de electricidad (frente al 19% de 2009, según datos de Red Eléctrica).

El carbón representaría en 2020 un 9,3% (frente al 13% de 2009), el gas natural un 16,7% (en 2009 supuso un 36%), los productos petrolíferos un 0,4% (en 2009 su peso fue del 6%), la hidroeléctrica un 9% (en 2009 tuvo un peso del 9,1%).

Según explicó Salgado, el Gobierno también plantea revisar antes de seis meses los distintos costes de regulación del sector eléctrico para adaptarlos a las previsiones de demanda energética y a la evolución tecnológica.

Además, antes de que acabe 2010 pretende revisar el sistema de incentivos a las energías renovables, es decir, el sistema de primas.

350.000 empleos para rehabilitar viviendas y mejorar la eficiencia energética

Además, Salgado aseguró que espera crear 350.000 empleos en los próximos dos años gracias a la rehabilitación de edificios. La propuesta del Gobierno incluye una deducción «extraordinaria» de un 10% sobre el coste de las obras de rehabilitación de las viviendas que estén destinadas a la mejora de la eficiencia energética, a la renovación de los suministros y a la accesibilidad de las personas con movilidad reducida.

Según apuntó Salgado, esta reducción tendrá un límite de 12.000 euros y podrán acceder a ellas las personas con rentas inferiores a los 33.007 euros. El plan se aplicará a las obras que comiencen antes del 31 de diciembre de 2012.

También explicó que se aplicará el IVA reducido, que en la actualidad es del 7% y a partir de julio pasará a ser del 8%, en todas las obras de rehabilitación de viviendas, no sólo en las destinadas a estos fines.

La vicepresidenta avanzó que la propuesta del Ejecutivo propone también la creación de un plan especial para la rehabilitación energética de 2.000 edificios públicos (1.000 del Estado y otros 1.000 de las comunidades y ayuntamientos), que permitirá dar empleo a los parados de la construcción en una actividad «conexa» a la que venían realizando, a la vez que se mejora «nuestra eficiencia energética».

Para mejorar el acceso de las pymes y los autónomos a la financiación, el Instituto de Crédito Oficial (ICO) podrá conceder «préstamos directos» de hasta 200.000 euros en los que el organismo público asumirá la cobertura del 100% del riesgo.

Asimismo, se limitará el plazo para que las administraciones públicas paguen sus facturas a 30 días, y el de las grandes empresas a 60 días.