El Gobierno prorroga a 2011 las ayudas al carbón para los ejercicios 2008, 2009 y 2010
Según ha publicado el Boletín Oficial del Estado (BOE), y con el fin de facilitar las supervivencia y mantener el empleo en las regiones mineras, es conveniente prorrogar dicho régimen de ayudas, que deberán condicionarse a la norma comunitaria, que se prevé que comience a aplicarse a partir del 1 de enero del próximo año.
Sin embargo, estas ayudas, destinadas a cubrir las pérdidas de la industria del carbón y que se concederán al amparo de la decisión del Consejo de la Unión Europea que recoge las ayudas estatales a estas empresas con el objetivo último de facilitar su cierre, corresponderán exclusivamente a las mineras que están inscritas en un plan de cierre establecido.
Para cumplir este objetivo, se considera necesario que exista un periodo de transición desde que se publica la norma, a pesar de que comience a aplicarse el próximo mes de enero.
Sin embargo, si las condiciones establecidas por la normativa europea resultan incompatibles con la regulación española, ésta se modificará con el fin de preservar el otorgamiento de las ayudas y la norma comunitaria.
Además, se debe constituir un marco normativo que permita en ese periodo la concesión de este tipo de ayudas para 2011, de modo que entre la finalización del actual marco comunitario y la adopción del nuevo régimen, no existan vacíos temporales que condicionen «de forma decisiva» el funcionamiento y la continuidad de la actividad minera.
De no ser así, el impacto de la crisis económica y las «especiales» circunstancias del mercado de generación eléctrica -incapaz de absorber la producción de carbón-, abocarán a las empresas mineras al cierre «inmediato» y «repentino». Este cese tendrá asimismo «graves» repercusiones regionales y sociales sobre el empleo y el mercado de trabajo e incidirá «directamente» sobre el desarrollo económico y el bienestar social de las zonas afectadas.
Por ello, y para facilitar el futuro y el empleo de estas empresas, es conveniente prorrogar a 2011 las ayudas, sin perjuicio de que se adopten al mismo tiempo las medidas oportunas para ajustar la regulación del sector a la nueva realidad.
El volumen global de las ayudas destinadas a cubrir las pérdidas de 2011 no podrán exceder a las concedidas en 2010 y, en caso de que el régimen comunitario establezca para el próximo año unas ayudas inferiores a las otorgadas, las empresas beneficiarias deberán reintegrar el importe de la subvención que hayan recibido en exceso.
Para el cálculo de la liquidación de las ayudas concedidas para el ejercicio 2010, la disposición del Ministerio de Industria establece, atendiendo a las distintas unidades de producción, más de ocho millones de toneladas para las empresas privadas y 763.125 de toneladas para las públicas.
Carbunión pide «medidas transitorias» de apoyo a la minería
Mientras tanto, el presidente de la Federación Nacional de Empresarios de Minas de Carbón (Carbunión), Victorino Alonso, ha pedido que se apliquen «medidas transitorias» que garanticen la supervivencia de la minería española hasta que se aplique el Real Decreto que prima el consumo de carbón nacional.
El también presidente del Grupo Alonso, al que pertenecen las sociedades Coto Minero Cantábrico (CMC) y Unión Minera del Norte (UMINSA), ha considerado que «hay que inyectar liquidez» a las empresas mineras «para pagar los salarios y a los proveedores».
El empresario ha detallado que esas medidas pueden pasar por el adelanto de ayudas, el pago de facturaciones, o cualquier sistema que inyecte liquidez para asegurar «los pagos más inmediatos y urgentes en las empresas».
«Un poquitín de oxígeno y glucosa para el enfermo que está en la UVI», ha reclamado Victorino Alonso.
El empresario se ha referido al Real Decreto, cuya aplicación está paralizada de forma cautelar por los tribunales después de que fuera recurrido por las empresas eléctricas.
Ha subrayado la necesidad de que el Estado y dichas empresas eléctricas alcancen un acuerdo que permita desbloquear este Real Decreto del carbón antes de que haya un pronunciamiento judicial, puesto que éste podría tardar. Alonso confía en que este asunto se solvente, porque el Ministerio de Industria «tiene esa responsabilidad y está en ello».
Respecto al reglamento aprobado por Bruselas el pasado 9 de diciembre, que prolonga el reglamento de ayudas al carbón hasta 2018 vinculándolo al fin de las explotaciones no competitivas, Alonso ha declarado que espera que en ocho años «alguien tenga sentido común» y se dé cuenta de que el sector «es beneficioso para todos».

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