El Gobierno primó a las renovables y la cogeneración con 32.730 millones de euros desde 2008, según la CNE

Así se desprende del cuadro de retribución anual total recibida por los productores del régimen especial en España publicado por la Comisión Nacional de la Energía (CNE) actualizado con datos hasta enero de 2013.

En concreto, en 2008 percibieron 3.374 millones de euros, cantidad que en 2009 se elevó a 6.173 millones, en 2010 a 7.123 millones, en 2011 a 6.805 millones y en 2012 a 8.543 millones de euros. En el mes de enero de este año, las primas se cifraron en 708 millones de euros.

Sumada la parte del mercado, la retribución total percibida por las energías de régimen especial desde 2008 ascendió a 53.107 millones de euros.

Partiendo de los datos de la CNE, el Ejecutivo primó la totalidad de la energía vendida por estas tecnologías entre 2008 y 2011, hasta que se empezó a aplicar el real decreto 14/2010 en el que se limitaba las primas a la producción por energía fotovoltaica y se fijaba un recorte temporal para los años 2011, 2012 y 2013.

Por ello, en 2012 la energía primada (101.146 GWh) es inferior a la vendidas por estas tecnologías (102.581 GWh).

En estos últimos seis años, la energía fotovoltaica fue la que mayor cantidad percibió, un total de 11.339 millones de euros.

Por su parte, el presidente de la Asociación Nacional de Productores e Inversores de Energías Renovables (Anpier), Miguel Ángel Martínez-Aroca, acusó al Ministerio de Industria (anteriores y actual) de ser el que generó estos elevados costes.

Se trata de una «error de previsión» de Industria que no fijó «coto alguno» a la instalación de energía fotovoltáica y, sin embargo, hizo un «llamamiento a la inversión».

Martínez-Aroca destacó que los recortes a las energías, en especial a la fotovoltaica, que se están produciendo no son justos porque ellos no pidieron entrar en el sistema ni recibir prima alguna sino que el Estado fue quién los «llamó» para invertir. No puede ser que ahora, dijo, se les acuse de ser el «cáncer del sistema» cuando desde el Estado no se puso coto ni límite alguno.

Ahora, apuntó Martínez-Aroca, el Estado está acometiendo recortes a las primas que está provocando daños a los inversiones y pone en riesgo la situación de las más de 55.000 familias que invirtieron en esta energía renovable amparándose en una decisión del Gobierno. A su juicio, ahora se lleva a las «familias a la ruina» porque «alguien no pusiera un límite», concluyó.