El Gobierno pretende instalar un Parador Nacional si finalmente cierra Garoña

Según la información ofrecida por Cuatro, el Gobierno construirá un nuevo Parador Nacional para recolocar a los empleados de Garoña e impulsar la inversión privada. Entre 50 y 100 empleos directos y otros 100 indirectos serían creados con esta iniciativa.

Sin embargo, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio no tiene constancia de que el Gobierno vaya a construir dicho parador si finalmente decide cerrar este reactor.

Por su parte, fuentes de Moncloa rechazaron hacer ningún tipo de comentario ni valoración sobre dicha noticia.

Rafael González Mediavilla, alcalde del Valle de Tobalina, municipio en el que se encuentra la central, desconoce por completo la existencia de este proyecto y calificó de «demencial» la idea.

No obstante, recalcó que «cualquier medida para reactivar la economía de la zona tiene que llevarse a cabo en el valle de Tobalina. Si no será otro tipo de inversión», en alusión a la posible ubicación del parador en Miranda de Ebro, localidad situada a 30 kilómetros de Garoña.

Finalmente, González Mediavilla consideró que la construcción de un parador en el Valle ayudaría a «preparar la zona para cuando se cierre» la central, que, en cualquier caso «debería estar funcionando hasta 2019».

Por su parte, los trabajadores de la planta han recibido con ironía la idea del Gobierno, e incluso un empleado de Garoña afirmó sarcástico que «nos van a poner a servir copas».

¿2011 ó 2013?

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha mostrado su compromiso de cerrar la central de Garoña en cuanto esta cumpla los 40 años para los que fue diseñada inicialmente, cosa que ocurrirá en 2011. Sin embargo, parece que son cada vez más los que apuestan por que la planta nuclear siga abierta hasta 2013, lo que supondría retrasar el debate hasta la siguiente legislatura, mientras se mantiene la calma del lobby nuclear.

Desde el propio partido son conscientes de que el retraso al cierre definitivo de Garoña en 2013 no contentará a nadie. Por un lado, los ecologistas que presionan a Zapatero acusándole de ceder ante el sector nuclear. Por el otro, las empresas denunciarían la inseguridad jurídica y las inversiones que tendrán que desembolsar en estos cuatro años.