El Gobierno prepara una intervención sin precedentes en el sector energético para multiplicar la protección al carbón nacional

Las noticias aparecidas en días pasados sobre las medidas para potenciar la quema del carbón nacional irían mucho más allá de lo que hemos conocido hasta ahora, es decir, el hecho de aumentar los denominados pagos por capacidad o garantía de potencia. Parece que la propuesta que ha presentado encima de la mesa el Ministerio de Industria consiste en la creación de un sistema dual de precios en el sector eléctrico, algo que supone reventar el mercado eléctrico tal y como lo conocemos ahora, combinado con la obligación de adquirir carbón nacional por parte de las eléctricas.

Así habría dos mecanismos de precios en el sector eléctrico.

Por una parte, se determinaría la obligación de adquirir carbón nacional y la quema del mismo para la producción de energía eléctrica. Esta energía, generada por centrales térmicas de carbón, tendría un precio fijo, basado en un mecanismo de cálculo de los costes reconocidos (lo mismo que el antiguo Marco Legal Estable). Por tanto, esta producción no entraría en el mercado eléctrico y tendría un precio fijo administrativo regulado. Una intervención de volúmenes alarmante y con consecuencias deletéreas a medio y largo plazo para el sector eléctrico.

Un mercado eléctrico bonsai

El resto de producción energética generada por otras tecnologías se quedaría en un mercado eléctrico ya muy reducido, con lo cual la demanda gestionada en este mercado se reduciría drásticamente y la oferta sería fuertemente excedentaria. En este sentido, el mercado eléctrico, teniendo en cuenta la caída de demanda actual, sufriría un bajonazo, un desplome importante en los precios de la electricidad (de entre 10 y 12 euros MWh) que afectaría a todas las fuentes de generación eléctrica: eólico, ciclo combinado, nuclear, etc… Este desplome se trasladaría tanto a las empresas como a la inversión.

Por otra parte, es mucho más dudoso que se traslade a la factura de los ciudadanos puesto que habría que pagar la parte regulada (producida con carbón, menos competitivo y menos eficiente) y el déficit acumulado.

Marcha atrás: triplicar la producción de electricidad mediante carbón nacional

Además, las cantidades previstas en la propuesta de Industria suponen un inexplicable e importante aumento de la producción de energía mediante carbón nacional (en concreto para 2010, el equivalente de carbón adquirido supondría triplicar la generación eléctrica de 2009 por esta tecnología). Supondría pasar de 7 TWh en 2009 a 26 TWh en 2010. Algo que puede entenderse como un retroceso de nuestro sistema energético y peligroso desde el punto de vista de la competitividad. Si además se tiene en cuenta que para producir con carbón nacional es necesario mezclarlo con carbón importado, la cifra de producción mediante carbón pasaría en 2010 a 34 TWh, una cifra desorbitada. Todo ello, en un momento de caída de la demanda eléctrica que está afectando tanto a las empresas como a las distintas tecnologías de generación, lo que supondría expulsar electricidad por otras vías además de que tampoco recuperaría sus inversiones y sus costes.

Por otra parte, una decisión de este tipo iría frontalmente contra las directrices de la Unión Europea, en lo que se refiere tanto a la configuración del mercado eléctrico, a las primas al carbón, a la existencia de ayudas de Estado (más o menos alambicadas) y subsidios cruzados. De hecho, un mecanismo de estas características, supone la restauración de facto del sistema de primas al carbón extinguido en 2007.

Algo que parece no preocupar en exceso al Gobierno, acostumbrado a una tensión no usual entre España y la Unión Europea. Tampoco parece explicable que una cuestión de corte tan residual tenga un impacto tan grave.

Menos eficiente, menos competitivo

Las consecuencias de un modelo de ruptura con un mercado eléctrico único e integrado son múltiples. Por un lado, supondría potenciar la generación de electricidad mediante fuentes más contaminantes y emisoras de carbono (lo que es contradictorio con la línea política del Gobierno y que Zapatero quiere exhibir durante su mandato como Presidente de la Unión Europea en el primer semestre de 2010). Por otro, se reduciría la eficiencia energética del sistema de generación eléctrica, utilizando fuentes que precisan más energía primaria para obtener electricidad (es decir, producen menos con más ‘inputs’). Por otro lado, se lanza el mensaje de protección a sectores no competitivos y de absorción por el sistema económico de la falta de competitividad.

Aumento de emisiones y hundimiento de la retribución de las renovables

Uno de los aspectos que llaman la atención es el sigilo con el que se está llevando la negociación de esta medida (gravísima e inaudita en cualquier economía de mercado europea), por otra parte mucho más grave que el aumento discrecional de los pagos por garantía de potencia. Además, según los datos a los que ha tenido acceso Energía Diario, el fuerte aumento de las emisiones de carbono por la producción de electricidad mediante carbón (cifrable en el 20 % de las emisiones del sector eléctrico que, por otra parte, acapara la mayor parte de las emisiones de GEI), se uniría al efecto sobre la retribución de las renovables y supondría un freno salvaje a la inversión en este sector. Por eso, se prefiere no despertar a los colectivos ecologistas y, en especial, a alguna organización que tanto ayudó a Zapatero con la decisión de Garoña.

También se busca evitar un conflicto abierto con las organizaciones renovables en un momento de negociación de cupos y primas casi generalizado. Otra cuestión que influye en la baja intensidad en el interés que ha revestido esta medida, además del ánimo de Moncloa e Industria por evitarlo, es la baja conciencia y escaso conocimiento económico en nuestro país del funcionamiento de los mecanismos de mercado que constituyen la base de una economía y una sociedad occidental y europea. Lo que sí parece es que la aprobación de la medida sería inminente (una o dos semanas como máximo).

Al parecer, todo empezó en Rodiezmo con las reclamaciones que recibió Zapatero coincidiendo con su intervención pública. Los responsables de empresas y sindicatos mineros pidieron una aportación de 300 millones de euros adicionales al Plan de la Minería del Carbón destinado a las comarcas mineras (la cantidad prevista asciende, en este momento, a 1.500 millones de euros) y la posición de Moncloa habría sido la de aceptar esta reclamación pero buscando que este modelo de proteccionismo adicional se realizara con cargo a las empresas eléctricas, mediante un sistema de transferencias y subsidios cruzados. Para ello, y con la orientación de representantes del colectivo de intelectuales retroprogresivos de la energía y la colaboración de algún alto cargo de Red Eléctrica de España, se estarían calculando las magnitudes de este plan en términos puros de costes y precios. Por tanto, parece que, en lugar de plantear un modelo directo de ayudas a la minería por estos 300 millones de euros, las consecuencias de la propuesta encima de la mesa se escapan a cualquier razón económica por su impacto económico generalizado.

Por otra parte, la estrategia de comunicación política del plan sería relativamente sencilla y simplificada: una cuestión de carácter social y defensa de un sector nacional (aunque residual y no competitivo) presentado de forma polarizada y contradictoria contra las “grandes” empresas eléctricas. Si además fuera necesario, se emplearía la ‘artillería pesada’ como es la difusión de noticias negativas para el sector desde distintas instancias, aunque fuesen antiguas. De todo ello tenemos ya ejemplos. En los próximos días desmenuzaremos el contenido de este Plan, tanto de las medidas contenidas en él como de sus antecedentes y sus consecuencias.