Según informaron fuentes del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, el Ejecutivo considera al carbón «un sector estratégico para la seguridad del suministro de energía», además de ser «la única fuente de energía fósil autóctona» que tiene España.

El departamento que dirige Miguel Sebastián hizo este anuncio después de que se conociese la decisión de la Comisión Europea de posponer hasta después del verano su decisión sobre el régimen aprobado por el Gobierno en febrero para favorecer el uso del carbón autóctono en España.

La Comisión evitó aclarar el motivo de este retraso pero trató de quitarle hierro al asegurar que «no es la primera vez» que esto sucede. «Hace falta profundizar y preparar más la decisión. Son cosas que pasan«, insistió la portavoz, Pia Ahrenkilde.

Bruselas tiene que decidir si el real decreto aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 12 de febrero, en el que se da prioridad al uso del carbón nacional en el mercado eléctrico, es o no compatible con la legislación comunitaria.

Esta norma pretende que las compañías eléctricas den preferencia en la entrada en el mix energético al carbón autóctono, para dar salida al carbón que se acumula en las cuencas españolas y aliviar la situación financiera de algunas empresas mineras.

En cuanto a las ayudas públicas para las minas de hulla deficitarias, que se sitúan principalmente en el norte de España, Alemania y Rumanía, la Comisión Europea ha decidido proponer una prórroga hasta el 15 de octubre de 2014, frente a los borradores que contemplaban la posibilidad de que se manteniesen algunos subsidios hasta 2022.

Además, cualquier ayuda de funcionamiento adicional al sector quedará supeditada a la presentación de un plan de cierre para las minas deficitarias.

Los sindicatos consideran una «sentencia a muerte» el fin de las ayudas

Por su parte, UGT y CCOO han advertido de que el fin de las ayudas de la Unión Europea a las minas deficitarias a partir de 2014 suponen una «sentencia de muerte a plazo» para el sector en España.

Así lo han manifestado los máximos responsables de ambos sindicatos, Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo, respectivamente, en una rueda de prensa celebrada en Gijón en el marco del programa de movilizaciones para la huelga general de septiembre.

«Bruselas sabe que la minería europea no puede funcionar sin ayudas para mantener la actividad«, ha censurado el responsable de CCOO.

En su opinión, «no es de recibo» que España no haya abordado el asunto durante su etapa de presidencia y se haya «quitado de en medio».

Ha advertido de que si se actuara del mismo modo que con el carbón con las fuentes primarias de generación de energía eléctrica el país «tendría un serio problema» y ha asegurado que depender del exterior supone una «apuesta suicida».

Así, ha apelado a razones económicas, sociales y de independencia energética para exigir el mantenimiento de las ayudas al carbón cuyo fin afectará especialmente a Asturias y León.

Méndez ha considerado que se trata de una «expresión más de las políticas de recorte» y ha censurado que se aplique en un sector de «carácter estratégico». España no puede continuar con un nivel de dependencia energética del ochenta por ciento, ha advertido.

Con todo, ha considerado que las declaraciones del comisario europeo de Competencia, Joaquín Almunia, indican que la decisión del «cierre definitivo» de las minas ya está tomada y considera este hecho un «elemento de confrontación muy importante» puesto que 100.000 personas trabajan en ellas en toda Europa.

UGT pide una reunión urgente de la Comisión de Seguimiento del Plan del Carbón

Asimismo, la sección sindical de FIA-UGT ha solicito una reunión urgente de la Comisión de Seguimiento del Plan del Carbón para conocer la postura que adoptará el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio ante la propuesta de ayudas estatales presentada por la Comisión Europea con objeto de cerrar las minas de carbón que no sean competitivas.

El sindicato, que señala que esta propuesta supone «una contradicción» de todas aquellas informaciones que tenía de la Comisión de Seguimiento del plan, afirma que de ser cierta representa «un cierre adelantado y un incumplimiento de lo acordado en el caso de ser admitido por el Gobierno español».

Además, considera que «una vez más» se demuestra que tanto algunos gobiernos como la propia Comisión Europea «han cedido a los ‘lobbies’ o grupos de presión en relación con el papel que el carbón autóctono debe jugar en la dieta energética».

FIA-UGT considera que esta propuesta supone «un golpe de mano al cierre definitivo de la minería del carbón y, como tal, un motivo más para seguir apoyando la huelga general del 29 de septiembre».

La propuesta de Joaquín Almunia, «de no ser modificada supondría incrementar la dependencia energética exterior de Europa y de España» y «tendría efectos negativos en las centrales térmicas que consumen carbón autóctono» porque su tecnología así lo requiere, indicó SOMA-UGT.

Asturias traslada su «total rechazo» al cierre de minas deficitarias

También el Consejo de Gobierno del Principado ha decidido trasladar al Consejo de Comisarios Europeos y al Ministerio de Industria su «total rechazo» a la propuesta comunitaria de cerrar las minas de carbón no competitivas antes del 15 de octubre de 2014.

Esta propuesta afectaría a todas las explotaciones de la empresa estatal Hunosa, así como al resto de minas de titularidad privada que actualmente están abiertas en el Principado, donde este sector da empleo directo a unos 4.000 trabajadores.

Al término de la reunión semanal del Consejo de Gobierno del Principado, su portavoz y consejera de Administraciones Públicas, Ana Rosa Migoya, ha señalado que frente a la medida de la Comisión Europea, Asturias defiende el mantenimiento de un reglamento de ayudas específicas a la industria del carbón que constituya un marco estable para su desarrollo.

Este reglamento debería estar presidido, en opinión del Gobierno asturiano, por el principio de reserva estratégica del carbón, y no estar condicionado al contexto de un plan de cierre.

La resolución aprobada por el Ejecutivo asturiano destaca la importancia socioeconómica de la industria minera en las cuencas asturianas y la capacidad de arrastre que tiene sobre otros sectores.

De hecho, advierte de que las ayudas que recibe el carbón son «claramente revertidas al erario público por diversas vías fiscales y sociales» y que el coste de la desaparición de la industria del carbón es «claramente superior al de su mantenimiento».

Las comarcas mineras rechazan la decisión de Bruselas

Por último, la Comisión Permanente de la Asociación de Comarcas Mineras de España (ACOM España) ha expresado su «total rechazo» a la propuesta de la Comisión Europea de vincular la prórroga del régimen comunitario de ayudas al carbón al cierre de explotaciones en el horizonte del 2014.

Para ACOM España, la iniciativa planteada por autoridades comunitarias resulta «inasumible» para los municipios mineros españoles, puesto que «agravaría profundamente la crisis económica y social que las comarcas mineras vienen padeciendo desde hace décadas por el paulatino declive del sector».

Frente a la previsión de la Comisión Europea, ACOM España propone que los Estados miembros «puedan otorgar ayudas a las explotaciones mineras similares a las que actualmente recoge el artículo 5.3 del actual Reglamento con una vigencia superior a 10 años, rechazando frontalmente condicionar dichas ayudas a programas de cierre«.

En este sentido, para la organización, que agrupa a casi 100 ayuntamientos de Asturias, Castilla y León, Aragón y Andalucía, junto a diputaciones y a los Gobiernos autonómicos castellano-leones y asturiano, la nueva regulación para las ayudas que se implementen a partir de enero de 2011 «debe recoger todos los tipos vigentes en la actualidad«.

Así, insta al Gobierno de España a que defienda ante la Comisión Europea el mantenimiento de un régimen de ayudas al carbón que asegure la continuidad de un sector minero que «continúa siendo vital para numerosos territorios desde un punto de vista económico y social». Asimismo, insta a Euracom para que se dirija a las autoridades comunitarias «en defensa de los planteamientos acordados en su última Asamblea General».