El Gobierno multa con 30.000 euros a cuatro petroleras por el vertido en la costa de Tarragona

El vertido de petróleo se produjo el 22 de diciembre de 2010, cerca de la plataforma petrolífera «Casablanca», titularidad de las cuatro compañías y ubicada a 43 kilómetros de la costa de Tarragona, lo que obligó a activar el Plan Nacional de Contingencias por Contaminación Marítima Accidental, que se desactivó dos días más tarde.

Los diversos informes que se analizaron sobre el vertido concluyeron que éste se había producido por una concatenación de fallos técnicos de elementos de seguridad y fallos humanos que suponen un incumplimiento de las políticas de seguridad.

Unas circunstancias que motivaron la incoación de un expediente sancionador por parte de la Dirección General de Política Energética y Minas.

Por ello, el procedimiento sancionador se basó en el incumplimiento por parte de estas empresas de las precauciones en prevención de daños o riesgos en las operaciones que puedan afectar a la seguridad de vidas humanas, la propiedad, reservas naturales, costas, lugares de interés turístico e instalaciones públicas.

Asimismo, se insistió en que los titulares debían instalar en todos los pozos equipos de superficie para mantener la seguridad del yacimiento, las personas y los bienes y evitar la contaminación del medio ambiente.

El 23 de marzo de 2011 se comunicó a las empresas el acuerdo, a las que se les concedió un plazo de 15 días para realizar alegaciones y aportar documentos, que finalmente no desvirtuaron las consideraciones contenidas en los informes técnicos incorporados al expediente y en la propuesta de resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas.

Ecologistas ven «irrisoria» la multa impuesta a petroleras por los vertidos

Por su parte, la plataforma ecologista Futuro o Petróleo (formada por las entidades ecologistas Greenpeace, Ecologistas en Acción y L’Escurçó)consideró «irrisoria» la multa de 30.000 euros impuesta a 4 compañías petroleras, por el vertido de 18.000 litros de crudo al mar en diciembre pasado desde la plataforma petrolera Casablanca, a unos 50 kilómetros del Delta del Ebro.

Los ecologistas consideraron que la cuantía de la sanción tiene un nulo valor disuasorio «para empresas multinacionales que tienen unos beneficios extraordinarios», según explicó Mikel Llop, uno de los portavoces de Futuro o Petróleo.

Llop subrayó además que los hechos «son muy graves y no es la primera vez que se produce un vertido cerca de una zona tan vulnerable como el Delta del Ebro».

Los ecologistas aseguraron que «hay que cambiar la leyes» en esta materia y que «si este tipo de empresas ya tiene una asombrosa facilidad para burlarlas, hay que endurecerlas», dijo Llop.

En paralelo a la sanción administrativa, el pasado mes de enero la Fiscalía de Medio Ambiente de Tarragona abrió diligencias para aclarar si el vertido es constitutivo de un delito ecológico.