El Gobierno mexicano desestima la propuesta del plebiscito sobre la iniciativa de reforma energética

«Hoy no hay una reglamentación» en torno al plebiscito, y por tanto serán los partidos políticos y los legisladores quienes «tendrán que buscar el acuerdo para lograr lo que se requiera para modernizar y transformar a nuestro sector energético«, dijo el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio.

«A eso le apostamos», declaró a los medios el ministro mexicano, aunque señaló que las consultas ciudadanas vinculantes serán una realidad más adelante, ya que forman parte de las «leyes complementarias que se tienen que ver».

El fundador del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD), Cuauhtémoc Cárdenas, asumió que la reforma energética del presidente Enrique Peña Nieto, que prevé cambios a la Constitución, será aprobada y por ello llamó a sus simpatizantes a apoyar un plebiscito para revertirla en 2015.

«Convoquémonos para echar atrás las reformas al 27 y el 28 (de la Carta Magna), si se diera la desgracia de que en este período legislativo fueran aprobadas. Lo podemos hacer, el pueblo nos va a responder», dijo Cárdenas, que añadió que Peña Nieto está impulsando «reformas constitucionales ilegales».

El PRD rechaza los cambios a la Constitución, que establece que los hidrocarburos pertenecen a los mexicanos y su explotación corresponde al Estado. En su lugar, propone cambiar doce leyes secundarias que regulan los sectores petrolero y eléctrico para modernizar la industria.

Por ello, convocó a la ciudadanía a recabar 1,63 millones de firmas, el 2% del padrón de electores, para pedir una consulta pública vinculante sobre la iniciativa energética gubernamental, que calificó de «antipatriótica», «retrógrada», «entreguista» y «neoliberal».

Una reforma al artículo 35 de la Carta Magna del 9 de agosto de 2012 abrió la posibilidad de que el Congreso convoque a consultas populares sobre temas de trascendencia nacional si son solicitadas por al menos el 2% de los inscritos en el padrón electoral.

Cuando la participación en la consulta sea de al menos el 40% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, «el resultado será vinculatorio», añade la Constitución. Sin embargo, para hacer efectivo lo dispuesto en dicho apartado del texto constitucional aún faltan las leyes reglamentarias.

El orador, hijo del expresidente Lázaro Cárdenas (1934-1938), artífice de la expropiación de la industria petrolera en 1938, defendió la necesidad de dar «autonomía presupuestaria y de gestión» a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

En el caso de la petrolera, se pronunció a favor de modificar su régimen fiscal, ya que actualmente aporta más del 30% de los ingresos al Estado y ello impide su desarrollo.

Además de las iniciativas del PRD y del Gobierno, el conservador Partido Acción Nacional (PAN) también presentó su propio proyecto, que es aún más profundo en su afán liberalizador.

Las tres propuestas serán discutidas por el Congreso mexicano en el período ordinario de sesiones que comienza el próximo 1 de septiembre.

Sobre el rechazo del PRD a la modificación de los artículos 27 y 28 de la Carta Magna, el titular de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, afirmó que dichos cambios son necesarios para que la empresa estatal pueda compartir riesgos con el sector privado.

«Si queremos que el capital mexicano y extranjero invierta en el sector petrolero, se les tiene que dar garantías jurídicas» sin que el Estado pierda la propiedad de los hidrocarburos, afirmó.

El ejecutivo recordó que «la Constitución prohíbe expresamente las concesiones y los contratos», y «a pesar de esa restricción hoy en día Petróleos Mexicanos celebra contratos de servicios con miles de empresas» en los que la compañía estatal asume «todo el riesgo».

«Esto es lo que queremos cambiar», afirmó Lozoya, quien destacó que el Gobierno quiere una «reforma responsable» que contempla, además, un consejo de administración moderno, integrado por gente del sector y que tenga gran experiencia.

La propuesta oficial quiere hacer más atractivo el sector a la iniciativa privada y permitirle que participe en su modernización, a través de contratos de utilidad compartida para explorar y extraer crudo y gas sobre todo en los campos que requieren de mayor tecnología.

Con su iniciativa, Peña Nieto estimó que el producto interior bruto (PIB) del país crezca un punto porcentual adicional en 2018 y se creen alrededor de 500.000 puestos de trabajo.

Asimismo, el presidente reiteró la necesidad de privilegiar las coincidencias para «hacer los cambios y los ajustes necesarios en distintos ámbitos» para avanzar como país.

De lo contrario, dijo, «solamente estaríamos administrando la inercia, el camino que llevamos, sin poder acelerar el desarrollo que el país necesita».