El Gobierno insiste en que Bolivia debe pagar un precio justo por las expropiaciones a REE e Iberdrola
En una comparecencia ante la Comisión de Asuntos Iberoamericanos del Senado, Gracia aseguró que el Ejecutivo entiende las nacionalizaciones en sectores estratégicos en Bolivia porque forman parte del programa de gobierno de Evo Morales, pero reveló que le ha pedido «que sea más discreto» al ejecutar las expropiaciones porque puede parecer que el problema es mayor del real.
Según explicó, el Gobierno boliviano informó de que esta semana habrá conversaciones con REE, después de que en mayo fueran expropiadas sus acciones en la empresa Transportadora de Electricidad (TDE).
La reunión tendrá lugar este viernes y será de «carácter técnico», con el objetivo de encontrar una «solución negociada». El objetivo es conocer las posturas que ambas partes mantienen en este proceso para conseguir una solución sin recurrir a un arbitraje internacional.
Por su parte, el próximo 21 de enero, representantes de Iberdrola mantendrán en La Paz una reunión con altos cargos del Ejecutivo boliviano, tras la nacionalización de cuatro de sus filiales el pasado 28 de diciembre.
Morales dispuso la nacionalización de la totalidad de las acciones que tiene la sociedad IberBolivia, filial de Iberdrola, en las empresas de electricidad Electropaz (de la región de La Paz) y Elfeo (de Oruro), y en la Compañía Administradora de Empresas de Bolivia y en la compañía de servicios Edeser.
La compañía española que preside Ignacio Sánchez Galán busca que el Gobierno boliviano abone un «valor justo» por estas expropiaciones, estimado en unos 75 millones de euros. Las inversiones de Iberdrola en Bolivia suponen el 0,2% del negocio de la eléctrica.
Gracia confió en que el Gobierno boliviano cumpla sus compromisos de pagar un precio justo por esas empresas y, aunque reconoció que los dos casos «han tensado» la relación bilateral, subrayó los «intensos» vínculos entre los dos países y ha apostado por el respeto mutuo.
Respecto a las negociaciones entre Repsol y el Gobierno argentino tras la expropiación de las acciones de la petrolera española en YPF, el secretario de Estado confió también en que ambas partes serán capaces de encontrara una solución satisfactoria y estimó que se está «en el buen camino».
Según apuntó, el Gobierno dejó claro que apoyará a Repsol para que sus derechos sean respetados, igual que respaldará a cualquier otra empresa española en el exterior, pero trabajó también para que la expropiación sea «un elemento aislado» en la amplia relación bilateral con Buenos Aires.
Iberoamérica, subrayó Gracia, es una prioridad para el Gobierno y se aspira a mantener un diálogo abierto con todos los países de la región: «no podemos permitirnos exclusiones», manifestó.


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