El Gobierno es «plenamente consciente» de lo que supone la subida de la luz, pero el déficit de tarifa no ha dado «margen»
Sáenz de Santamaría explicó tras el Consejo de Ministros que, «aun sabiendo que esta subida llega en un momento muy difícil», el Ejecutivo se vio forzado a tomar esta decisión tras el «notable» incremento del coste de la energía en un 9,3%, que supone la mitad del recibo y que se fija por subasta, a pesar de haber dado «muchísimas vueltas» en busca de alternativas para evitar subir la luz.
No obstante, recordó que el precio de la factura de la luz se determina en base a «lo que cuesta el precio de la energía en sí, y lo que cuesta llevar esa energía», por lo que la Tarifa de Último Recurso (TUR) depende por un lado de las subastas eléctricas, y por otro de los costes regulados del sistema.
Además, explicó que no se pudo compensar esta subida con la otra parte del recibo, los denominados peajes y que pueden ser modificados por el Gobierno, tras encontrarse con un «muy elevado» déficit tarifario, desfase generado entre los ingresos y los costes del sistema y que ya supera los 24.000 millones de euros.
«Sabemos de las dificultades que atraviesan muchos españoles. Yo soy plenamente consciente de lo que esto supone, más en este momento, pero la subida de los precios energéticos, que se determina por subasta, ha determinado lo que ha determinado y el déficit tarifario con el que nos hemos encontrado no nos da mucho margen para otro tipo de ajustes que nos hubieran gustado«, añadió.
Para poder evitar la subida del recibo, el Gobierno debería haber bajado los peajes -que suponen la otra mitad del recibo y que retribuyen los costes del sistema-, algo que contribuiría a engrosar el déficit de tarifa. El objetivo, fijado por ley, es que este año el déficit de tarifa se sitúe en los 1.500 millones de euros y deje de generarse en 2013.
Con estos límites fijados, el Tribunal Supremo rechazó en varias sentencias que los peajes de acceso se fijen en función del coste de la energía y obligó a revisar las decisiones adoptadas en trimestres anteriores cuando se congeló el recibo.
Para acabar con este desfase, el Gobierno, que ya aprobó una serie de medidas en marzo, ultima la segunda fase de la reforma del sector eléctrico, que incluirá iniciativas fiscales, y que previsiblemente se aprobará en la primera quincena de julio.
El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó los nuevos precios de los recibos de electricidad y gas natural que determinan una subida del 3,95% y el 2,26% respectivamente, a partir del próximo domingo, 1 de julio.
El PSOE lamenta que el PP eleve un 11% la luz
El secretario federal de Ordenación del Territorio y Sostenibilidad del PSOE, Hugo Morán, lamentó que el PP haya elevado la Tarifa de Último Recurso (TUR) de electricidad un 11% en 2012 «cuando hace apenas un año pregonaba que cualquier subida de la luz iba en contra de los intereses del país y afectaba gravemente a la economía».
Morán recordó que el PP llegó a condicionar su apoyo a varias decisiones sobre el sector energético a que se congelase el recibo de la luz y cuestionó que «ahora se arrepienta de ello y lo acompañe del reconomiento expreso de que el Gobierno no puede hacer nada en materia energética».
El Ejecutivo «debe explicar su cambio de posición, que no es razonable», y abandonar una posición en la que «viene a admitir que es absolutamente prescindible con respecto a un elemento estratégico para el país como la energía», señaló.
«No creemos que el Gobierno no pueda hacer nada» para evitar las subidas de la luz, afirmó. «No solo sí puede hacerlo, sino que debe hacerlo, y eso es lo contrario de lo que viene haciendo en los últimos seis meses, con subidas justificadas en una pretendida estrategia de acción contra el déficit de tarifa», afirmó.
Morán consideró que las subidas aplicadas parecen «el inicio» de una escalada de mayores alzas durante el año que pueden hacer que 2012 se cierre con «incrementos espectaculares, en un momento en el que las familias no están en condiciones» de afrontar mayores gastos.
Junto a esto, recordó que el Gobierno aprobó en enero una moratoria a la instalación de renovables que «ha dejado en la calle a miles de trabajadores» y que ahora «se ve» que estas tecnologías «no eran culpables» del desajuste en el sector eléctrico.
Además, acusó al Ejecutivo de provocar una «situación explosiva» en el sector del carbón, de aprobar reformas «vía decreto» y de negarse a dialogar acerca del diseño de una estrategia energética.
Sobre este aspecto, pidió que se «abandone la estrategia de globos sonda» y de «dialogar con los sectores a través de los medios de comunicación» y exigió al Gobierno que cree «mecanismos de diálogo con los grupos parlamentarios» y, posteriormente, con los agentes económicos y sociales.



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