El Gobierno engaña al sector eléctrico

No salimos de una y nos metemos en otra. El viernes conocíamos el primer ajuste de la deuda eléctrica del Ejecutivo y del crecimiento de los costes de suministro, asociado a la revisión tarifaria del segundo trimestre del año, de forma que hacía recaer el mismo sobre el sector eléctrico y, más concretamente, sobre la actividad de distribución, que es la que más afecta a la calidad del suministro que perciben los ciudadanos y las comunidades autónomas. Amnistía para la triple A y para todos los beneficiarios de las decisiones retributivas de marcado cariz político que se salvan del recorte, pese a ser los beneficiarios principales del crecimiento de la factura eléctrica, que ha pasado a ser factura en sombra.

Ahora tenemos un segundo elemento inquietante, derivado de las “divergencias” entre el ministro José Manuel Soria y el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy Brey, en la forma de hacer fracciones. Hace unos días el ministro de Industria, Energía y Turismo afirmaba que el problema del déficit tarifario iba a ser afrontado en un modelo equitativo y solidario, en forma de tres tercios: un tercio a cargo de la Administración, otro a cargo de los consumidores y el último a cargo de las empresas. La vicepresidenta Soraya Saénz de Santamaría también se empeñó, voluntariosa, en su alocución del pasado viernes en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, en resaltar esos conceptos tan vacuos de comunicación política como son “equitativo” o “esfuerzo de todos”. Conceptos que no suelen resistir la prueba del nueve de las matemáticas, como se verá seguidamente.

Así, por su parte, ayer en el acto de defensa de sus primeros cien días, el presidente Rajoy, nuevamente, cambió el discurso del ejecutivo y también las proporciones y afirmó que dos tercios del problema del déficit tarifario serán afrontados por las empresas y el resto, un tercio, por los consumidores. Una pulsión falangista se movió en los cimientos de la calle Génova al oír este aserto del presidente, envalentonado contra el sector eléctrico.

Como se puede comprobar, se trata de un nuevo indicador de la autonomía de la Moncloa respecto a Industria, con la pareja Álvaro Nadal (ideólogo macroeconómico antiempresarial del Ala Oeste)-Cristóbal Montoro (el Manostijeras del presupuesto, pero sin la pericia de Johnny Depp) al frente. Estas declaraciones son un indicador también de que el Ejecutivo se echa para atrás en la responsabilidad política de la resolución de un déficit cuyo origen realmente es político. A esto se une el hecho de que el camino ha sido el contrario por la vía del Real Decreto Ley 6/2009 y de los Presupuestos Generales del Estado que han ‘esquivado financiar’ los costes de los sistemas extrapeninsulares, agregando otros 1.200 millones de euros adicionales que deben ser soportados por la tarifa eléctrica. Más madera.

El sueño de Montoro-Nadal en el caso del sector eléctrico sería: uno, que no existieran operadores-empresas con accionistas, ni tampoco mercados y analistas financieros que los siguiesen; dos, que la tarifa financie los Presupuestos Generales del Estado; tres, que los ejecutivos/gobiernos pudieran seguir decidiendo indefinidamente la concesión de generosas subvenciones, primas y retribución para las empresas y operadores “amigos”; cuatro, que vía impuestos a las actividades en régimen de libre mercado, éstas pagaran a todos los anteriores; cinco, que no existiera el Tribunal Supremo; seis, que no existieran las directivas europeas. En todo este modelo, el cumplimiento de la ley y de la normativa aprobada en 1998 por Gobiernos populares y recordada por el Tribunal Supremo sienta como un jarro de agua fría para quienes buscaban mayor discrecionalidad y manos libres. Impúdicamente, el Gobierno pide a las empresas que retiren sus recursos a las revisiones tarifarias amañadas. Las actuaciones posteriores del Ejecutivo y la responsabilidad con los accionistas evidencian que hubiera sido una solución de mucho riesgo, además de fantasiosa.

Seguramente que el líder popular no es muy conocedor de lo que hizo ayer, de los efectos sobre los mercados financieros, los accionistas o la valoración que las empresas puedan hacer de estas declaraciones y de la atención internacional sobre los movimientos del Ejecutivo con respecto al problema del déficit tarifario, que está perjudicando al sector empresarial energético español. En segundo lugar, la poca convicción que exhibe el ejecutivo de Rajoy en el mercado y en las empresas no tiene comparación con los partidos conservadores y liberales europeos, cuyas instituciones económicas tienen más implantación y sus bases ideológicas son menos ‘políticas’ en el mal sentido de la palabra. De hecho, es casi de sonrojar, para cualquiera que se detenga un momento en este problema. El hecho de jactarse de la forma de conducir las actuaciones del Gobierno, sin diálogo con el sector y de alimentar la prosodia antiempresarial debería preocupar enormemente a Mariano Rajoy.

La segunda posibilidad que puede haber motivado lo que pasó ayer estribaría en un ejemplo de indolencia, unido a la necesidad de amarrarse a la presentación política de la ejecutoria del Gobierno tras los primeros cien días, que reconociendo que es muy reformista, también en ella se aprecian elementos de fuerte corrosión y deterioro. Esto justificaría el hecho de que a Rajoy le den igual los efectos de estas declaraciones, su alcance y consecuencias en el ámbito empresarial y de los mercados financieros donde generan fuerte malestar. Pero lo que está claro es que la prima de riesgo también se ve afectada por la confiabilidad del Ejecutivo y de sus aprendices de brujo. La tercera alternativa sería que Rajoy no sea consciente y que sí lo es su mano derecha en la Moncloa en lo económico, Álvaro Nadal, que mantiene una concepción de que las empresas están no para participar en una economía de mercado con unas normas predecibles, sino para ser saqueadas desde la política con medidas.

Rebobinemos: cualquiera que conozca el problema del déficit tarifario con un mínimo de rigor intelectual y económico reconoce que es un problema político. El Gobierno de turno fija una tarifa regulada que es insuficiente para atender el coste total del suministro, debido a que el precio de la electricidad es el último precio intervenido, y por temor político a trasladar la realidad a los ciudadanos (como hizo el Extinto en los años de la crisis energética). El coste del suministro crece y crece por las decisiones políticas generosas en materia de subvenciones y retribución de actividades reguladas. Se genera déficit y éste se acumula, y se busca que este déficit se financie y se titulice. Llega el efecto de morosidad amnésica acentuado cuando el coste del pago lleva un plus político inasumible (es evidente que el grueso de estos comportamientos elusivos son del ejecutivo socialista anterior). Fruto del apoyo de una sociedad que no quiere asumir los mecanismos económicos asociados a la energía desde el franquismo y de que todo lo que huele a empresarial lo pone bajo sospecha, tratan de violentar los mecanismos de mercado, los equilibrios económicos-financieros y la seguridad jurídica. Los responsables políticos, poco ortodoxos, entre audaces, corporativistas y oportunistas, lo huelen y se ponen manos a la obra para hacer la chapuza, con argumentos demagógicos que postulan la política de baja ralea como mecanismo director de la acción política: ¿cómo van a pagar los ciudadanos el problema del déficit tarifario? ¿Van a dirigir los jueces la política energética? ¿Cómo nosotros no podemos decidir lo que cuesta la electricidad y a quién retribuimos? ¿Hay que pagar las copas?

Y para culminar el oprobio, el flamante y recientemente nombrado presidente del Gobierno, elegido en las urnas hace cuatro meses, con cien días de gobierno, acusado de mudadizo por sus cambios programáticos y con claros signos de desgaste acelerado, Mariano Rajoy, se pone delante.