El Gobierno encarga una auditoría sobre los costes de Castor y dice que la actividad sísmica «irá decayendo»

El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, explicó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que pidió esta auditoría extraordinaria porque esta instalación tenía un presupuesto inicial de unos 700 millones de euros «y al final parece ser que va a estar por encima de esa cuantía». De esta manera, «podremos saber cuál es el importe exacto del proyecto».

Esta auditoría externa que analiza el proyecto Castor, tanto en términos económicos como técnicos, se encargó a mediados de julio y sus resultados esperan conocerse a finales de octubre. De las conclusiones de la auditoría dependerá la retribución que reciba la instalación en caso de que consiga la autorización administrativa.

El ministro no desveló si el Estado tendría que compensar a la empresa gestora del proyecto Escal UGS (participada en 66,67% por ACS) por la rescisión de la concesión, en caso de que esta se produjese, ya que la agencia de medición de riesgos Fitch aseguró en un informe que, en caso de que se retire la concesión, el Estado tendría que indemnizar a la empresa por un importe igual al valor contable del proyecto.

En este sentido, recordó que las instalaciones energéticas las pagan los usuarios vía recibo del gas o de la luz una vez entran en funcionamiento.

Soria apuntó que la única actuación del Gobierno respecto al proyecto a lo largo de esta legislatura «ha sido disminuir el nivel de retribución que se había fijado», al considerar «que era excesivo».

La única hipótesis en este momento es averiguar por qué se producen los seísmos, subrayó el ministro, y «si llegara el caso de que no se puede volver (a la actividad) o no se pueda dar la autorización administrativa» definitiva a Castor «entonces tendríamos que ver cuál es la situación».

Por el momento, «no se ha planteado que no abra nunca más», aseguró Soria, quien insistió que lo que está sobre la mesa es que la instalación no reanude su actividad de inyección de gas hasta que se cumplan «cien por cien» las condiciones de seguridad para la población.

El ministro explicó que «el procedimiento administrativo» para autorizar este tipo de instalaciones es reglado y, en este caso, «se ha seguido en todos sus pasos», por lo que la autorización «se ha otorgado correctamente».

En 2008, el gobierno socialista concedió la explotación de un almacenamiento en la ubicación que actualmente ocupa Castor y un año después el Consejo de Ministros aprobó la correspondiente declaración de impacto ambiental.

El ministro defendió que «a la luz de lo ocurrido» que la declaración de impacto ambiental debería «haber recogido consideraciones sobre cuestiones sísmicas», algo que no ocurrió.

En 2010, se dio autorización administrativa y en 2012, el Gobierno le otorgó el acta de puesta en marcha provisional, que se concede para comprobar «que la instalación funciona correctamente» y que, en este caso, le fue retirada el pasado día 26 de septiembre debido a la actividad sísmica que se está produciendo en la zona.

Sólo tras comprobar que funciona correctamente se concede la autorización definitiva, que, en el caso de Castor, «no se ha dado y por el momento no se va a dar», subrayó el ministro.

El proyecto Castor, con una inversión de 1.200 millones de euros, trata de aprovechar un antiguo pozo petrolífero a 1.750 metros de profundidad bajo el nivel del mar ubicado frente a las costas de Vinaròs (Castellón) para almacenar hasta un tercio de la demanda de gas del sistema durante 50 días.

Una «probabilidad alta» de relación directa entre los seísmos y Castor

Asimismo, el ministro de Industria señaló que los expertos concluyeron de forma preliminar que hay una «probabilidad alta de que haya una relación directa» entre las inyecciones de gas en el almacenamiento Castor y los movimientos sísmicos de la zona y destacó que los expertos consideraron que, a día de hoy, no es probable que se produzcan movimientos sísmicos «relevantes».

Soria detalló que existe un grupo de seguimiento técnico integrado por expertos del Instituto Geográfico Nacional, del Instituto Geológico Minero, de Industria y de las empresas.

El Gobierno, afirmó, está siguiendo las recomendaciones que «día a día» presenta este grupo, entre las que figura la instalación, este fin de semana, de un sismógrafo adicional en la zona para tener información más precisa sobre los movimientos sísmicos que se puedan producir. Además, también hay un grupo interministerial que hace un seguimiento diario de los movimientos sísmicos. No obstante, aseguró que «el Gobierno está preparado para actuar ante cualquier tipo de situación».

El ministro recordó que las comunidades autónomas afectadas, Comunidad Valenciana y Cataluña, activaron sus respectivos planes de sismicidad «en el nivel más bajo existente», el cero, lo que responde a que, «en opinión de los técnicos, la situación no es preocupante».

Además, anunció que el próximo lunes se reunirán en Industria con representantes de los ejecutivos catalán y valenciano, de las delegaciones del Gobierno en estas autonomías y los alcaldes de los municipios afectados.

La actividad sísmica «irá decayendo» según el Gobierno

Por otro lado, fuentes gubernamentales explicaron que las fallas que se sitúan alrededor de Castor «se han movido ligeramente y dieron lugar a estos seísmos de pequeña magnitud».

Los expertos están estudiando qué tipo de fallas son las causantes de los movimientos sísmicos y, sobre todo, averiguando cuál es el epicentro de los terremotos, un dato fundamental porque «ayudará a conocer el foco o la causa que podría haber generado estos procesos».

«Lo que sabemos es que son fallas pequeñas», subrayaron, como demuestra el hecho de que los seísmos han sido de pequeña magnitud.

Como parte de los estudios que se están llevando a cabo, el Instituto Geológico Minero va a instalar un sismógrafo en las islas Columbretes, ya que los dos que funcionan actualmente están demasiado lejos para ubicar con exactitud el epicentro de los seísmos.

Estas mismas fuentes reconocieron que existe una relación espacial y temporal entre las inyecciones de gas y los terremotos y calificaron de normal que la actividad sísmica continúe semanas después de interrumpirse la entrada de combustible porque «cuando se produce una deformación en el terreno tarda un tiempo en acomodarse».

«En general, cuando se produce un almacenamiento de esas características hay algún grado de sismicidad inducida», apuntaron. En cualquier caso, reiteraron que «la seguridad de las personas tiene que se absoluta» antes de retomar la actividad.

Por ello, descartaron extraer el gas colchón inyectado hasta ahora, alrededor de un 70% del total, porque consideran que esa posibilidad podría «desequilibrar más» la geología de la zona.

También descartaron que existiera un peligro asociado a la ubicación de la instalación, en las inmediaciones de la falla de Amposta, ya que «hay muchas fallas en la corteza terrestre» y eso no implica que tengan actividad.

No se descartan más seísmos «significativos» frente a Castellón

Expertos geológicos que participan en el grupo de trabajo técnico creado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo explicaron que los seísmos que se están produciendo frente a las costas de Castellón son «significativos», lo suficiente como parar la actividad de inyección de gas en el almacén de Castor.

Así, en una reunión convocada por el departamento que dirige José Manuel Soria para explicar los detalles de la situación, los geólogos señalaron que se espera que la actividad sísmica vaya decayendo de aquí en adelante aunque el episodio podría durar aún algunas semanas.

Además, indicaron que no es posible descartar científicamente que no puedan producirse temblores de magnitud superior al máximo registrado hasta el 24 de septiembre, de 3,5 magnitud Richter, o de 4,2 Richter, en la madrugada del pasado martes.

En cualquier caso, los geólogos precisaron que estos sismos están «netamente ligados a fallas» y se están comportando con los mecanismos habituales de las fallas normales, un proceso que desde el punto de vista geológico califican de «normal».

Lo que los expertos tratan de saber es si la falla tiene actividad sismogenética aunque lo que sí saben es que se produjeron pequeñas fracturas de deslizamiento y añadieron que no saben si son muchas, pero sí que son pequeñas.

Al mismo tiempo, recordaron que en general este tipo de almacenes de gas tiene un grado de sismicidad inducida normal y que a priori no es una instalación peligrosa, por lo que no tiene nada que ver con la idoneidad o no del emplazamiento que es bueno por su geografía y capacidad.

Igualmente, comentaron que existe una alternativa que sería extraer el gas inyectado, una posibilidad que los expertos no recomendaron y que, por ende, no se va a hacer.

Escal-UGS: «La inyección gas no tiene que ver con magnitud de seísmos»

Por su parte, el presidente de Escal UGS, Recaredo del Potro, aseguró que la magnitud de los seísmos que se están sucediendo en el golfo de Valencia y el Delta del Ebro no guarda relación con la inyección de gas en el almacén subterráneo.

En declaraciones a TV3, Del Potro aseguró que «no tiene nada que ver la alteración» que la inyección de gas en el almacén Castor «haya podido producir, que es minúscula, con la magnitud de lo que está pasando».

Según del Potro, «la situación actual en la planta es de total normalidad» y se dejó «de inyectar y extraer gas» desde el pasado 16 de septiembre.

El presidente de la concesionaria también subrayó que los movimientos sísmicos «no han afectado a la plataforma submarina» y que se puede garantizar que «no se ha escapado ni una molécula de gas por las fallas».

Sobre la Falla Amposta, donde se concentra la serie sísmica, Del Potro argumentó que «se ha estudiado en todos los sitios, en todas las maneras, porque es parte esencial del almacén», y aseguró que la empresa invirtió 30 millones de euros en estudios previos.

El fiscal general del Estado «actuará ante los seísmos»

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, confirmó que el Ministerio Público, a través de las fiscalías correspondientes,ya sean las de Medio Ambiente o las fiscalías superiores de Cataluña o la Comunidad Valenciana, «actuará» ante los últimos seísmos que se están registrando en ambas regiones en los últimos días, si bien ha rechazado la «tendencia a criminalizar cualquier tipo de actividad» que, en su opinión, existe actualmente.

«No todos los hechos y todas las catástrofes naturales sin más constituyen hechos delictivos, ni una omisión de las personas que deban garantizar que los trabajos se hayan realizado implique que hayan cometido hechos delictivos», aseveró Torres-Dulce.

En esa línea, se mostró convencido de que «la Fiscalía de Medio Ambiente estará valorando si hay indicios suficientes, bien para iniciar unas diligencias de investigación, o bien, en el supuesto de que hubiera alguna denuncia en los juzgados, estar presente».

La Generalitat catalana pedirá a la Fiscalía de Medio Ambiente emprender acciones por los seísmos

La Generalitat pedirá la próxima semana a la Fiscalía de Medio Ambiente de Catalunya que emprenda acciones legales para investigar los seísmos registrados en las provincias de Tarragona y Castellón y su eventual vinculación con el proyecto Castor, tal y como ya ha hecho la Fiscalía de Castellón, según ha asegurado el conseller de Presidencia de la Generalitat, Francesc Homs.

El conseller ha realizado este anuncio tras la reunión en Tortosa (Tarragona) del comité técnico creado por la Generalitat para estudiar el asunto, donde ha avanzado que emprenderá acciones legales para determinar si la empresa es la responsable de estos movimientos sísmicos, o si existen irregularidades en los permisos, estudios previos u otros requisitos administrativos.

Homs ha defendido esta actuación para poder acelerar la obtención de información, ya que la preocupación del Govern «no es tanto ir a buscar responsabilidades», sino recabar la máxima información de la que ahora no dispone.

«La gente se merece explicaciones, no más confusión», ha esgrimido Homs, que ha insistido en la necesidad de situar el caso en los términos justos y no generar más alarmismos.

De hecho, ha pedido al Gobierno que «actúe con más diligencia de la que ha venido teniendo hasta ahora», y ha anunciado también que la Generalitat se ha dirigido formalmente a la empresa responsable del proyecto y al Gobierno para recabar toda la información necesaria.

Homs ha tratado de trasladar un mensaje de tranquilidad basándose en los informes proporcionados por el Institut Geològic de Catalunya, y ha apelado a la prudencia entre los vecinos al pedir «no generar más alarma de la que ya existe».

A la reunión también han asistido el delegado del Govern en Terres de l’Ebre, Xavier Pallarès, y los alcaldes y presidentes de los consejos comarcales de los municipios afectados por los seísmos, además de otras autoridades.

De hecho, efectivos de la Guardia Civil se han personado este viernes en la planta marina del proyecto Castor con el fin de comprobar el funcionamiento de estas instalaciones y tras la decisión de la Fiscalía de Castellón de incoar diligencias de investigación penal con el objeto de esclarecer las causas de los movimientos sísmicos que se están produciendo en los últimos días en el entorno del almacén subterráneo de gas natural.

Por su parte, el consejero de Interior de la Generalitat de Cataluña, Ramón Espadaler, consideró que «es escandalosa la falta de información de calidad» sobre el proyecto Castor, después de que se hayan registrado dos nuevos movimientos sísmicos ante la costa de Castellón.

Valencia: «Lo importante es determinar las causas de los seísmos»

El vicepresidente del Gobierno valenciano, José Císcar, afirmó que lo «más importante» ahora es determinar las causas de los seísmos que se están registrando en la zona norte de la costa de Castellón, y luego ya se pedirán «todas» las responsabilidades «que sean necesarias».

Asimismo, valoró que el Gobierno central está actuando «con diligencia» al paralizar toda la actividad en la zona hasta que se conozcan las causas de los seísmos y se tenga la certeza de que éstos cesarán al cien por cien.

Castellón propone que no se reabra el Castor si no hay «plenas garantías»

Por su parte, la Diputación de Castellón propondrá en el próximo pleno ordinario del mes de octubre que se investiguen «en profundidad» las consecuencias que pueda acarrear la actividad del proyecto Castor sobre el territorio del norte de la provincia y exigirá que no se retome si los expertos que están analizando el problema no dan «plenas garantías» de que no hay peligro para la población, según informó la institución provincial.

Así lo anunció el portavoz del grupo popular en la institución provincial, Miguel Barrachina, al asegurar que «lo primero es la seguridad de las personas, pues ningún proyecto puede ponerla en peligro aunque genere beneficios». En esta línea, explicó que la Diputación está del lado de los vecinos «que, lógicamente, expresaron su preocupación ante los más de 300 seísmos que se produjeron en los últimos días».

Barrachina señaló que en el texto que llevarán al pleno se incluirá, además, la posibilidad de exigir responsabilidades legales a los ministros responsables de la tramitación y las autorizaciones, así como a la empresa, «si las inspecciones ahora en marcha confirman que no se daban las garantías suficientes para la autorización del Gobierno en 2010».

Por otro lado, el alcalde de Vinarós (Castellón), Juan Bautista, manifestó que se pedirán responsabilidades «a quien corresponda» si hubo negligencias en la tramitación del expediente y los permisos para el proyecto Castor, de almacenamiento de gas, al tiempo que confesó sentirse «engañado» porque el almacén se les vendió en la anterior legislatura como si estuviera «lleno de bondades».

A través de la subdelegación del Gobierno, instó al Gobierno a que les de a conocer todos los estudios realizados anteriormente ya que en principio había «estudios suficientes vinculados con la actividad sísmica».

En este sentido, añadió que, ahora lo más importante es saber si ya se preveía o no la posibilidad de esta actividad telúrica porque en la zona desconocían que esto se podía producir. De este modo, por lo que la población está «sufriendo estas jornadas» y por las consecuencias que podría afectar a bienes o personas, considera que «es de derecho exigir responsabilidades» y si en las autorizaciones ha habido negligencia, «se le exigirá a quien competa».

Las empresas de fracking rechazan comparaciones con Castor

La plataforma Shale Gas España, que aglutina a empresas y entidades relacionadas con la exploración de hidrocarburos no convencionales, asegura que la fractura hidráulica, o ‘fracking’, no tiene relación con los incidentes en Castor y sostiene que esta técnica genera una sismicidad solo apreciable por sismógrafos y puntual.

«Los trabajos de exploración o desarrollo de gas no convencional mediante fracturación hidráulica no están relacionados con los trabajos realizados en el marco del proyecto Castor», afirma la plataforma en una nota explicativa. «Por tanto, no deben confundirse», señala.

Shale Gas indica que en la inyección de gas, como es el caso del proyecto castellonés, se produce una presión continua en la estructura geológica y es crítico mantenerla para poder recuperar el gas. En cambio, en la fracturación hidráulica la presión dura tan solo unas horas, con el objeto de crear una red de mini fracturas en la roca de esquisto. En cuanto comienza a fluir el gas, la presión se libera también.

Los datos científicos, dice Shale Gas, indican además que la sismicidad inducida por fracturación hidráulica tiene magnitudes muy bajas, inferiores a 3 grados en la escala Richter, que generalmente caen en el rango de microseísmos, esto es, en el rango de temblores detectables sólo por sismógrafos.

«Comparada con otras fuentes de sismicidad inducida, tal como minería o el llenado de embalses, la fracturación hidráulica produce una menor sismicidad inducida», debido a que en el ‘fracking’ el bombeo dura solo unas horas y el volumen de agua es comparativamente corto, de entre 2.000 y 20.000 metros cúbicos.

Para gestionar la sismicidad del ‘fracking’, se evitan precisamente las áreas donde haya fallas o estructuras que muestren actividad sísmica. La interpretación sísmico-estructural en los estudios previos a cualquier trabajo de exploración es esencial para determinar cuáles son las áreas adecuadas para perforar, afirma.

Shale Gas España añade que todos los proyectos que requieran la utilización de la técnica de la fracturación hidráulica se someterán a evaluación de impacto ambiental (EIA), es decir, al «máximo nivel de control medioambiental».

Gas Natural dice que realizan operaciones de gas en Doñana «durante años» y «nunca» ha habido riesgos sísmicos

La compañía Petroleum Oil Gas-España, filial de Gas Natural-Fenosa, ha asegurado que su proyecto de almacenamiento de gas en el subsuelo del Espacio Natural de Doñana no conlleva riesgos sísmicos, a lo que añaden que han realizado operaciones de inyección y extracción en estos yacimientos «durante años y nunca se ha producido una repercusión sísmica».

Según la compañía, existe «una gran diferencia» en la situación de partida del yacimiento de Marismas respecto de la de Castor -que es un antiguo yacimiento de petróleo-, ya que en los yacimientos andaluces «no es necesario inyectar gas colchón, pues el gas se encuentra en él de forma natural».

Del mismo modo, han incidido en que los almacenamientos de Marismas «han sido yacimientos de gas natural desde su origen hace seis millones de años», indicando además que la geología de Marismas está configurada «por un sello arcilloso que se comporta de forma dúctil frente a los esfuerzos».

«En el mundo hay más de 200 almacenamientos similares a Marismas, dos en España, que llevan funcionando décadas, sin incidencia alguna al respecto», han concluido.

Cayo Lara espera que PSOE y PP no se culpen mutuamente sobre Castor y se aborde «el problema de fondo»

El coordinador federal de IU, Cayo Lara, ha mostrado su esperanza de que se ponga «bajo lupa» el proceso por el cual se dio luz verde al proyecto Castor de almacenamiento de gas en el norte de Castellón y no se inicie una «cantinela» entre PSOE y PP de «yo te echo la culpa a ti, la responsabilidad es del otro». «Aquí lo importante es abordar el problema de fondo, el riesgo ya no es una intuición, es una realidad», ha incidido.

Así se ha pronunciado Lara en una rueda de prensa ofrecida en Valencia junto al diputado Ricardo Sixto, en relación a los movimientos sísmicos que se están produciendo en los últimos días en el norte de la provincia de Castellón tras el inicio de la actividad de la planta Castor. Al respecto, ha anunciado que su grupo ha pedido al Parlamento Europeo que pida a España «que retenga todos los proyectos de almacenamiento subterráneo de gas».

El dirigente ha recordado que se han producido más de 300 temblores desde que la planta inició su actividad de inyección de gas, algo que no ocurría en la zona con anterioridad y que demuestra que «algo no se ha hecho bien». Por ello, ha resaltado la necesidad de que los ministros de Industria, José Manuel Soria, y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, si el proyecto contó con todas las garantías e indicaciones técnicas medioambientales o «se relegaron para tirar adelante».

En este punto, también ha señalado que los gobiernos autonómicos de Cataluña y la Comunitat Valenciana «tienen también responsabilidad porque tienen competencias en la materia», y ha asegurado que desde IU pedirán «responsabilidades y garantías» ante acciones como esta que «altera de una manera seria las estructuras del medio ambiente» y afectará «a nuestra generación y a las que vienen».

Asimismo, se ha preguntado «quién va a pagar los daños producidos» si ahora «todo lo que se ha invertido resulta que es inútil, y no se debería haber hecho». Lara ha recordado que se trata de una cantidad «muy importante de inversión» y ha mostrado sus sospechas de que, igual que ha pasado con la banca, «se volverá a cargar de nuevo a los ciudadanos los efectos negativos de una gestión que se ha organizado de una manera absolutamente irregular».

Cayo Lara ha asegurado que proyectos como el de Castor o el ‘fracking’ no pueden darse sin «una connivencia permanente y perfecta entre determinados sectores del poder empresarial y el poder político». «Estamos en manos de oligopolios desde el punto de vista energético que no están controlados de una manera clara por parte de aquellos que defendemos el interés general y el interés público», ha lamentado.

A su juicio, en este sector «confluyen intereses empresariales especulativos y los de la ‘puerta giratoria, empezando por los dos expresidentes Felipe González y José María Aznar, que están cobrando de empresas relacionadas con el sector».

Por su parte, Ricardo Sixto ha recordado que en 2008 su grupo presentó en las Corts Valencianes una proposición no de ley en la que pedían instar al Gobierno a rechazar el proyecto Castor que, según ha incidido, contó con la oposición de PP y PSOE.

«Cuando planteamos nuestras dudas teníamos el ánimo de prever que este tipo de situaciones se podían dar y continuaremos con nuestra oposición», ha insistido Sixto, quien ha abogado por recuperar la propuesta que recogía ese documento para crear una mesa territorial con representación de todas las administraciones afectadas para establecer un diálogo antes de que el Gobierno tome una decisión.

Meyer (IU) pide que España pare almacenamiento de gas por riesgo de seísmos

El eurodiputado de Izquierda Unida (IU) Willy Meyer pidió a España ante la Comisión Europea (CE) que detenga los proyectos de almacenamiento subterráneo de gas debido al «probado riesgo de terremoto», tras las últimas inyecciones de gas en el almacén Castor, frente a las costas de Vinaroz (Castellón).

Meyer destacó en un comunicado que los días 1 y 2 de octubre se produjeron diversos terremotos cerca del límite entre la Comunidad Valenciana y Cataluña que llegaron a alcanzar 4,2 grados en la escala de Richter, «a causa del proyecto Castor».

El eurodiputado instó a la CE a que «detenga el desarrollo de éste tipo de proyectos de almacenaje en España, debido al riesgo potencial al que se está sometiendo a la población cercana».

«El proyecto Castor, que trata de almacenar gas en un depósito subterráneo, no es el único en España», recordó, y apuntó que Izquierda Unida rechaza este tipo de almacenamiento de gas así como otras prácticas similares de extracción como la fractura hidráulica, compartiendo la preocupación de las organizaciones ecologistas.

En opinión del eurodiputado, «existen numerosos riesgos complejos y difusos que no son fácilmente mesurables» relacionados con estas prácticas.

Sin embargo, destacó que «la Administración española, así como las instituciones europeas prefieren, de nuevo, gobernar en beneficio de las empresas extractivas sin importarles el riesgo que sufre la población local».

Meyer señaló que, ante este tipo de proyectos, la normativa europea establece que debe imperar el «principio de precaución», ya que aunque «esta vez ha sido un terremoto que no ha provocado daños», se desconoce «si podría desencadenarse una tragedia por este tipo de prácticas».

También consideró que los estudios de impacto que elaboran las empresas son «manifiestamente incompletos e imprecisos», y agregó que «las autoridades que los aceptan son cómplices de someter a la población a gravísimos riesgos».

Alicia Sánchez-Camacho entiende la «preocupación» por el proyecto Castor pero pide tranquilidad a los ciudadanos

La líder del PP catalán, Alícia Sánchez-Camacho, ha asegurado que entiende que haya una «gran preocupación» por el proyecto Castor y los temblores registrados en los últimos días en las costas valenciana y catalana.

En rueda de prensa, ha pedido «tranquilidad» a los ciudadanos y las autoridades locales porque la cuestión está en manos de técnicos expertos que velarán por que no haya más situaciones como las vividas, ha argumentado.

Ha explicado que los populares catalanes se han puesto en contacto con el Gobierno central para «pedir explicaciones», y ha recordado que la actividad de la planta está parada.

UPyD pide la comparecencia de Soria para explicar soluciones para el Castor

UPyD registra una solicitud de comparecencia del Ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria en comisión para que explique la situación y soluciones al proyecto gasístico Castor y su relación con los movimientos sísmicos registrados en la zona.

Según ha informado, el grupo preguntará en la Comisión de Industria del Congreso de los Diputados qué criterios específicos evaluará el Gobierno para determinar si el proyecto Castor sigue adelante.