El Gobierno elude decir qué dos eléctricas fueron expedientadas por la CNE «por deber de sigilo»

El portavoz adjunto de UPyD en el Congreso, Carlos Martínez Gorriarán, envió una pregunta escrita el pasado mes de febrero al Ejecutivo para saber qué empresas eran las afectadas por los expedientes informativos, dado que la propia CNE, presidida entonces por Alberto Lafuente, no citaba sus nombres en la información que publicó al respecto.

Sin embargo, en su respuesta el Gobierno citó la Ley de Secretos Oficiales y la Ley de Protección de Datos para alegar que «en el momento actual esa información tiene carácter confidencial por afectar a sujetos y transacciones concretos del mercado de producción de energía eléctrica».

«No se pueden identificar dichas empresas en cumplimiento del deber de respetar las obligaciones legales de confidencialidad de los datos y la información», insistió el Ejecutivo en su respuesta.

Además, se apeló también a la recientemente aprobada normativa de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que establece que los datos que se consideren confidenciales por ser un secreto comercial, industrial o estadístico sólo podrán ser cedidos al ministerio competente, a la Unión Europea o a los tribunales si formaran parte de alguna causa.

Por su parte, estos tres ámbitos de la administración pública están obligados, una vez conocen esa información, a «guardar sigilo». De no hacerlo, podrían incurrir en responsabilidades penales y civiles, además de cometer una falta disciplinaria muy grave.

«En el sector energético, además, el deber de respetar la obligación legal de confidencialidad de los datos y de la información que obra en poder de las administraciones públicas tienen especial relevancia por la sensibilidad de los mercados bursátiles a las noticias sobre el sector, por el impacto sobre otros sectores industriales de importancia para la economía, por su influencia en las decisiones empresariales y por el impacto en los ciudadanos, como consumidores todos de energía», se añadió en la respuesta.

Tras conocer esta respuesta, UPyD reprochó que éste es un ejemplo de para qué va a servir la nueva Ley de Transparencia. «Para nada», afirmaron, recordando que al no haberse dado a esa norma carácter de ley orgánica, el Gobierno optó por «diseñar un conjunto de disposiciones de carácter administrativo» que permitirá que leyes de menor rango como las mencionadas «se puedan usar, y queda claro que se van a usar, para privar a los ciudadanos de información muy relevante».