El Gobierno dona 3 millones de euros para renovables en países pobres, sustituye el Estatuto del CSN y aprueba permisos para hidrocarburos

De este modo, el Gobierno aportará tres millones de euros para fomentar las energías renovables en los países que cuentan con menores ingresos económicos según el Banco Mundial.

La ayuda que ha sido aprobada por el Consejo de Ministros irá destinada al Programa de Fomento de Energías Renovables, que se engloba dentro de los Fondos de Inversión Climática que gestiona el Banco Mundial, y cuyo principal objetivo es el de reducir la actual brecha financiera y de conocimiento hasta la firma de un acuerdo global sobre cambio climático posterior a 2012.

El programa, orientado al desarrollo de las energías renovables, se creó con el fin de demostrar que un sector energético basado en una escasa cantidad de combustibles fósiles puede contribuir a la viabilidad económica, social y medioambiental de la sociedad. Esta iniciativa pretende ayudar además a los países más desfavorecidos para que tengan nuevas oportunidades económicas y logren incrementar el acceso a la energía a través del uso de las energías renovables.

Este desembolso corresponde a la aportación de España dentro del compromiso de la Unión Europea de financiación adelantada, o Fast-Start.

El Estatuto del CSN es sustituido para incorporar los cambios de la Ley de 2007

Además, el Consejo de Ministros ha aprobado mediante Real Decreto el nuevo Estatuto del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) con el objetivo de incorporar los cambios introducidos por la Ley de 7 de noviembre de 2007. El Gobierno considera «obligado» modificar el vigente Estatuto, aprobando un nuevo texto que sustituye íntegramente al anterior.

Entre las modificaciones más importantes efectuadas al Estatuto del organismo figura el mayor desarrollo de su régimen jurídico; el fortalecimiento y garantía de su independencia efectiva; la sensibilidad en relación con los temas de protección del medio ambiente e institucionalización de los mecanismos necesarios para promover y potenciar la transparencia; la participación de la sociedad y el refuerzo del derecho de los ciudadanos a acceder a la información relevante en lo que concierne a la seguridad nuclear y la protección radiológica, según informa el organismo regulador.

El CSN es un ente de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio e independiente de los del Estado, establecido por la Ley de 22 de abril de 1980 como único organismo competente en materia de seguridad nuclear y protección radiológica. Según dicha ley se regirá por su Estatuto propio. El Real Decreto de 30 de abril de 1982, por el que se aprobó el Estatuto del Consejo de Seguridad Nuclear, concretó la estructura, organización, funciones y régimen jurídico del organismo.

El Gobierno considera que en el tiempo transcurrido desde entonces se han producido múltiples reformas en el marco normativo que afectan al Consejo y que deben ser incorporadas.

Dos permisos para buscar hidrocarburos en Andalucía

Asimismo, el Consejo de Ministros también ha aprobado un Real Decreto que otorga a la compañía Petroleum Oil & Gas España, propiedad de Gas Natural, dos permisos para la búsqueda de hidrocarburos en las provincias andaluzas de Cádiz, Huelva y Sevilla.

El titular de los permisos investigará, en régimen de exclusiva, la superficie objeto de análisis, así como los almacenamientos subterráneos en las condiciones que establece la normativa. Los trabajos de investigación, que se desarrollaran en los bloques «Calderín» y «Horquilla», se prolongarán durante seis años.

El Real Decreto establece también que la petrolera deberá suscribir un seguro de responsabilidad civil para responder ante posibles daños a personas o a bienes.

Los proyectos o actuaciones que se emprendan en los bloques construidos para la exploración deberán someterse posteriormente a la declaración de impacto ambiental.

La Ley del Sector de Hidrocarburos establece que los yacimientos de hidrocarburos y almacenamientos subterráneos del territorio español, así como el subsuelo del mar territorial y los fondos marinos que estén bajo la soberanía del Estado son bienes de dominio público, por lo que su aprovechamiento requiere de una concesión administrativa.