El Gobierno desestima otros dos recursos contra el permiso de exploración de hidrocarburos «Cronos» en Guadalajara y Soria

El pasado Consejo de Ministros ya aprobó otro Acuerdo en el mismo sentido. En los nuevos expedientes, los recurrentes alegaron indefensión en el procedimiento por no haberlos sometido a participación pública extendida. Además, reclamaron ser parte interesada y solicitaban la suspensión del acto por los supuestos perjuicios medioambientales que se pueden derivar de la explotación.

Por tratarse de recursos de reposición, corresponde resolverlos al mismo órgano que dictó el acto impugnado, es decir, al Consejo de Ministros.

El acuerdo desestimó los recursos sobre la base de argumentos como el de que la condición de interesado debe considerarse circunscrita, a tenor de la Ley del Sector de Hidrocarburos y la jurisprudencia, a quienes realicen ofertas en competencia o formulen oposición como titulares de un derecho que pueda resultar perjudicado por el permiso, lo que no concurre con los recurrentes.

Sobre la oposición al inicio de los trabajos y suspensión del permiso por daños medioambientales, el acto administrativo se configura como una concesión demanial, por lo que no puede entrañar por sí ninguna afección al medio ambiente, señaló el Gobierno.

Un grupo «antifracking» prevé ir al Tribunal Supremo

Por su parte, uno de los grupos promotores de los recursos contra el proyecto de hidrocarburos no convencionales de Cronos, la asociación «antifracking» Desarrollo Verde, prevé acudir al Tribunal Supremo después de que el Gobierno haya anunciado la desestimación del tercer recurso en contra de esta iniciativa de la industria.

La asociación, que se puso ya en contacto con sus representantes legales, lamentó que el Consejo de Ministros haya decidido no considerarla parte interesada, indicó su presidente y portavoz de la plataforma constituida en Soria contra los proyectos de «fracking», Marcos Martínez Luna.

Martínez Luna sostuvo que la asociación sí es parte interesada, porque representa los intereses de algunos de los propietarios de terrenos, entre ellos los de Laina (Sur de Soria), en las 97.000 hectáreas sobre las que se desarrollará el proyecto. Para Desarrollo Verde, existe un caso de «indefensión» tras la decisión del Gobierno.