El gobierno deroga la ley que frenaba la entrada de firmas públicas en energéticas

El Gobierno ha derogado la conocida como «Ley Rato» o «Ley anti-EDF», que restringía al 3 por ciento los derechos políticos de las compañías extranjeras con participaciones públicas que adquirieran acciones de empresas energéticas españolas, limitación que no se ha aplicado en casos como el de Enel en Endesa.

La derogación, que se incluye en el Real-Decreto Ley que establece el bono social eléctrico publicado en el Boletín Oficial del Estado, llega después de que el Tribunal de la UE considerara que la restricción vulneraba el principio comunitario de libre circulación de capitales.

Así, se deja sin efecto la disposición adicional 27 de una ley promulgada en 1999, cuando Rodrigo Rato era responsable de Economía y coincidiendo con los planes del grupo público francés EDF por entrar en la eléctrica española Hidrocantábrico.

La Comisión Europea denunció la disposición porque representaba una restricción a la libre circulación de capitales y contravenía los tratados de la UE.

Pese a estar plenamente vigente, en enero de 2004, el gobierno del PP permitió a EDP, participada por el Estado portugués, ejercer derechos políticos en Hidrocantábrico y, en 2007, el Ejecutivo socialista hizo lo mismo en el caso de la compra de Endesa por la italiana Enel.