El Gobierno defiende que contrató a las consultoras para «contrastar» datos y descarta que pueda tener consecuencias en los tribunales

En declaraciones realizadas en el marco de la presentación del proyecto Trans Adriatic Pipeline (TAP), Nadal opinó que la polémica vinculada a los informes de las consultoras «no debería» tener repercusión en los tribunales. Así lo señaló después de que distintas asociaciones de renovables hayan mostrado su confianza en que la información conocida sobre los informes que sustentaron la normativa de renovables, que reflejan que uno nunca se elaboró y el otro está fechado con posterioridad a la normativa, refuercen su postura en los tribunales.

«El trabajo lo hizo el Ministerio de Industria con el apoyo del IDAE; me cuesta pensar que alguien pueda replicar el trabajo de un equipo de 15 profesionales dedicado durante un año exclusivamente a esto», indicó Nadal, que insistió en que «el trabajo de las consultoras no es realizar la norma» ya que la normativa «se hizo en el Ministerio con el trabajo del IDAE» y se contrató a dos consultoras «simplemente como apoyo externo» para «contrastar datos y metodologías«.

No obstante, sobre este asunto, Nadal precisó que «lo que llegó al IDAE no le convencía», por lo que «estuvieron discutiendo con las consultoras durante meses» y al final «uno de los trabajos alcanzó el nivel de calidad suficientemente adecuado para ser aceptado por el IDAE y el otro no». «Nos hubiera gustado que las consultoras hubieran hecho un trabajo más adecuado a los estándares que habíamos planteado, especialmente en uno de los casos», añadió.

De cualquier forma, Nadal consideró que este asunto «no debería tener ninguna importancia» en los tribunales puesto que «el trabajo se hace desde Industria, que tiene sus recursos propios» y «otra cosa es que busque información en la mayor parte de sitios posibles«. Nadal sostuvo que «quizá» las consultoras «no vieron inicialmente el trabajo que tenían por delante», que era «inmenso». Este es, según Nadal, el motivo por el que el contrato de Boston Consulting no se aceptó por Industria y por el que se retrasó el de Roland Berger.

El pasado viernes, Industria defendió que la elaboración de la normativa que conllevó el recorte de la retribución a las renovables correspondió al IDAE y que, además, contrató a dos consultoras para contar con «referencias» independientes a la hora de fijar los parámetros retributivos. El Ministerio reconoció que se rescindió el contrato de la consultora Boston Consulting «por no cumplir el pliego de condiciones del contrato» y que Roland Berger entregó su informe en octubre de 2014, meses después de aprobarse el desarrollo de la normativa, que fue en junio.

En julio de 2013, el Gobierno aprobó una reforma energética en la que, entre otras cuestiones, cambiaba el sistema retributivo de las instalaciones renovables y la cogeneración, que pasaba de cobrar primas a la producción a una rentabilidad razonable a lo largo de toda la vida útil de la planta. Para calcular esta rentabilidad razonable, Industria utilizó un informe elaborado por el IDAE en el que se definían centenares de parámetros de inversión en los que se encuadraban las plantas, en función de su antigüedad, su ubicación o su tecnología.