El Gobierno de Nicaragua seguirá manteniendo un subsidio en la tarifa de la luz a 680.000 familias

«Nuestro presidente (Daniel Ortega), después de intensas jornadas de trabajo, ha aprobado para enviar a la Asamblea Nacional la reforma a la Ley de Estabilidad Energética«, dijo a través de medios oficiales la primera dama y portavoz gubernamental, Rosario Murillo.

La funcionaria explicó que el proyecto de reforma, el cual espera sea ratificado por el Parlamento, donde el oficialismo tiene mayoría absoluta, mantiene el subsidio en la tarifa de energía eléctrica a los clientes que consumen menos de 150 kilovatios al mes.

Según Murillo, esa iniciativa protegerá de eventuales alzas en la tarifa de electricidad al 86% de los consumidores domiciliares, «es decir más de 800.000 familias nicaragüenses», aunque no especificó de donde saldrá la financiación para el subsidio.

Las familias que consumen menos de 150 kilovatios al mes representan el 82% de los 830.000 clientes de energía eléctrica de Nicaragua, unos 680.600 consumidores, de acuerdo a cifras del Instituto Nicaragüense de Energía (INE), ente regulador del sector.

«También en esa (iniciativa de reforma a la) ley se contempla la exigencia a la empresa distribuidora para que haga las inversiones necesarias de manera que se mejore y se amplié a más familias nicaragüenses el servicio de la energía«, adelantó Murillo.

Además, exige a las empresas distribuidoras «mejorar sus redes, invertir de manera que se pueda ampliar el servicio, incluido el domiciliar, y que se estabilice el servicio», señaló la funcionaria.

Las distribuidoras Disnorte y Dissur, antes propiedad de la española Gas Natural Fenosa, pertenece ahora a la sociedad TSK-Melfosur Internacional, conformada por las españolas TSK y Melfosur.

Gas Natural Fenosa vendió sus participaciones en las distribuidoras Disnorte y Dissur a la sociedad nicaragüense TSK-Melfosur Internacional por 57,8 millones de dólares, informó la compañía en Barcelona en febrero pasado.

La filial de la española Gas Natural Fenosa era dueña del 84% de las acciones de Disnorte y Dissur que distribuyen la energía eléctrica en Nicaragua desde el año 2000 y por un período de 30 años.

La eléctrica española cedió al Estado nicaragüense en mayo de 2008 el 16% de las acciones de su filial en Nicaragua como pago de una deuda por 11,5 millones de dólares, y un asiento en el consejo de administración de su filial en Managua. El Gobierno sandinista reiteró que el 16% de las acciones del Estado no son negociables.