El Gobierno de España restringirá la compra de biodiésel argentino

«La orden será firmada por el ministro y publicada en el BOE», anunció, antes de explicar que su contenido «tiene por objeto un apoyo a las operaciones de refino (de biodiésel) por parte de las empresas españolas y comunitarias, y busca colocarlo en una situación adecuada para poder ofrecer el biodiésel en condiciones competitivas».

Sin entrar en detalles, la vicepresidenta dijo que se trata de «un sistema de medidas equivalentes que tiene por objeto establecer la circunstancia en que se logrará esa medida de efecto equivalente cuando se adquiera biodiesel de aquellas empresas que tengan ciertas autorizaciones y que deban estar situadas en el territorio español o comunitario».

El texto pretende contribuir a la seguridad de abastecimiento energético, acrecentar la independencia energética y reducir el coste de las importaciones de petróleo, así como impulsar el sector de la producción de los biocarburantes española y comunitaria. Además, se establecen las condiciones necesarias para participar en un procedimiento de asignación de cantidades de producción de biodiésel para el cómputo de los objetivos obligatorios de consumo de biocarburantes por un periodo de dos años.

En definitiva, la medida pretende apoyar la producción de biocombustibles por parte de compañías españolas para reducir así las importaciones procedentes de Argentina, cuyo valor ascendió el año pasado a 750 millones de euros. En total, España compró 719.473 toneladas de este biocombustible a Argentina, casi la mitad de las 1,6 millones de toneladas consumidas.

El mes pasado, la industria española de este sector reclamó al Ministerio de Industria, Energía y Turismo que publicara la normativa de asignación de biodiesel para frenar las compras que consideran desleales por parte de Argentina e Indonesia, países que gravan en menor medida el producto elaborado que las materias primas utilizadas para su fabricación. En concreto, el actual sistema arancelario argentino hace que el biodiésel importado resulte más barato que la soja, que es la materia prima con el que se produce el biocarburante.

Según los datos aportados recientemente por la patronal de energía renovable APPA, en el último trimestre de 2011 las importaciones de biodiesel alcanzaron una cuota de mercado del 89% en España. Frente a esto, la producción de la industria nacional bajó por primera vez en la historia, cayendo casi un 50% y situando el ratio medio de utilización de su capacidad en el 14%.

Sáenz de Santamaría informó de la iniciativa sobre el biodiesel horas después de que el Parlamento Europeo aprobase una resolución que instó a la Unión Europea, entre otros aspectos, a suspender parcialmente las ventajas arancelarias que tienen las exportaciones argentinas para entrar al mercado comunitario. Entre los productos argentinos que se han venido beneficiando, están los biocombustibles, el aceite de soja y algunas frutas y pescados, entre otros.

Sáenz de Santamaría subrayó la importancia de la resolución aprobada en Estrasburgo por una amplia mayoría, si bien los eurodiputados socialistas votaron en contra del punto relativo a la suspensión parcial de las ventajas arancelarias.

«Nos hubiera gustado haber tenido el apoyo de algunos en ese tipo de medidas, pero bienvenido sea el apoyo del conjunto del Parlamento Europeo», señaló. En cualquier caso reconoció no saber los motivos que llevaron a los socialistas a votar en contra de «las dos medidas de mayor calado» que recoge la resolución del Parlamento Europeo, pero apuntó que «no es el momento de buscar diferencias» sino de que los dos grandes partidos apoyen unidos a Repsol. Será el PSOE quien «tendrá que explicar» por qué otros eurodiputados no españoles apoyaron el fin de los privilegios arancelarios a las importaciones argentinas y, en cambio, los socialistas españoles rechazaron dicha represalia.

La vicepresidenta indicó que el Gobierno «seguirá promoviendo iniciativas diplomáticas en todos los foros» con el fin de defender los intereses españoles, en particular de los pequeños accionistas de Repsol.

Sáenz de Santamaría destacó el «enorme apoyo internacional» recibido por «el Gobierno español y España en su conjunto» tras la expropiación a Repsol de un 51% de YPF y citó la Unión Europea, «muchos destacados miembros» de la misma, Estados Unidos, «un amplio» número de países de Iberoamérica» y «numerosas organizaciones internacionales» entre los países e instituciones que condenaron la expropiación.

La vicepresidenta dijo haber percibido «la convicción de todos» de que, cuando se producen este tipo de actuaciaciones, es la comunidad internacional la que resulta «afectada», así como los países que «cumplen la legalidad» y los principios de seguridad jurídica de las inversiones.

La vicepresidenta advirtió a Argentina de que la expropiación de YPF «va en contra de sus propios intereses» y que su reputación en el mundo queda «seriamente dañada».

Junto a esto, puso «en valor» la resolución del Parlamento Europeo y las «acciones futuras» que se vislumbran, entre ellas la extinción del sistema comercial de preferencias con anterioridad al 1 de enero de 2014 y el cambio en el clima de negociaciones en el Mercosur. La vicepresidenta también recordó que el Gobierno español suspendió la reunión bilateral con el Ejecutivo argentino prevista para el 19 y el 20 de abril.

La presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, anunció el lunes la expropiación del 51% de las acciones de Repsol en YPF al declarar a la petrolera argentina de utilidad pública y justificó esa maniobra en la necesidad de recuperar la soberanía de los recursos energéticos del país para garantizar el abastecimiento y reducir sus importaciones en este ámbito.

España reaccionó advirtiendo que tomaría medidas «claras y contundentes» al considerar que se trataba de una decisión «arbitraria y discriminatoria» contra sus intereses. Sin embargo, las autoridades argentinas respondieron que no temen las posibles respuestas internacionales y que mantienen el proyecto de expropiación, que ya se está tramitando en el Parlamento. «No nos preocupa ningún tipo de represalias», dijo el ministro argentino del Interior, Florencio Randazzo.

En este sentido, Sáenz de Santamaría aseguró que «el caso de España no es aislado» y que otros países como Estados Unidos, Alemania, Francia o Italia «tuvieron que adoptar medidas» contra Argentina por el incumplimiento de acuerdos comerciales y aseguró que «en los últimos años Argentina fue denunciada en 49 ocasiones» ante organismos internacionales de arbitraje y que todavía hay 25 casos pendientes de resolución.

Además, explicó, hay un grupo de 40 países, entre los que figuran Estados Unidos y los de la Unión Europea, que presentaron quejas ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) por la política comercial de Argentina.

«Los incumplimientos son bastante generalizados y se producen en países de muy diferente condición», señaló Sáenz de Santamaría, antes de recordar que recientemente Estados Unidos retiró a Argentina de su sistema general de aranceles preferentes por el incumplimiento de resoluciones de tribunales arbitrales.

También se dio a conocer que el ministro de Industria comparecerá el próximo martes ante la Comisión de Industria del Congreso de los Diputados para explicar la postura del Gobierno español ante la decisión del Ejecutivo argentino.

Además, el próximo lunes José Manuel García-Margallo explique a los ministros de Exteriores de la Unión Europea las medidas en el ámbito del biodiésel acordadas por el Ejecutivo en respuesta a Buenos Aires, aunque no está previsto tomar ningún tipo de decisión en la cita, puesto que el debate será muy limitado por falta de tiempo.

Argentina no responderá a la decisión de limitar importaciones de biodiésel

La presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, subrayó que su Gobierno no responderá a la «decisión soberana» adoptada por España de limitar las compras de biodiésel tras la expropiación del 51% de las acciones de YPF en manos de Repsol.

En este sentido, la presidenta pidió «tranquilidad a todos los argentinos» porque el país, productor de tres millones de toneladas de biodiésel al año, está en condiciones de «absorber la producción de 400.000 toneladas» que, según sus cifras, exporta a España. Incluso apuntó que el país podría absorber «700.000 más».

«Somos gente de trabajo y muy respetuosa de las decisiones soberanas», declaró Fernández de Kirchner en alusión a la medida adoptada por el Ejecutivo de Mariano Rajoy. «Si el Gobierno de España quiere pagar más caro el biocombustible es una decisión soberana», añadó.

Fernández de Kirchner insistió en su defensa de la expropiación de YPF y subrayó la importancia de que las regiones también tengan peso en la toma de decisiones sobre cuestiones energéticas. «No hay nación sin provincias ni hay provincias sin nación, somos una sola cosa», apuntó, al recordar que cualquier futura privatización de la petrolera necesitará del apoyo de dos tercios de los legisladores, «los mismos que para reformar la Constitución».

«Una reforma constitucional es tan importante como contar con esos recursos para los 40 millones de argentinos», apostilló acto seguido.

Asimismo, la presidenta argentina criticó el desequilibrio del sistema comercial actual y, defendiendo la gestión que hicieron sus gobiernos y los de su marido, el difunto expresidente Néstor Kirchner, recordó que las dos regiones que tienen más denuncias de la Organización Mundial del Comercio (OMC) «por medidas proteccionistas» son Estados Unidos y la Unión Europea.

Los productores de biodiésel muestran su «profunda satisfacción»

Por su parte, Alfonso Ausín, presidente de la sección de biocombustible de la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA), expresó su «profunda satisfacción», a la espera de poder contrastar su contenido final, con la aprobación por parte del Gobierno de la orden ministerial de asignación de cuotas a la producción nacional y europea de biodiésel, lo que limita las importaciones argentinas.

«La puesta en marcha de esta normativa», aseguró, «permitirá a la industria española volver a la actividad en unas condiciones de competencia justa y leal, que venía reclamando desde hace años».

Ausín también recordó que el proyecto de elaboración de la orden ministerial culminó «satisfactoriamente» toda su tramitación administrativa en junio de 2011, si bien «su publicación en el BOE se había venido retrasando desde entonces debido a las presiones en contra realizadas por el Gobierno argentino».