El Gobierno de Chile busca nuevas soluciones para aprovechar el potencial hidroeléctrico en Aysén

En junio del pasado año, el Gobierno chileno decidió invalidar los permisos ambientales de HidroAysén, que suponía una inversión de 3.200 millones de dólares y que implicaba inundar 4.010 hectáreas en un área de gran valor ecológico para producir una media anual de 18.430 gigavatios hora. El megaproyecto eléctrico, que contemplaba la construcción de cinco presas en la Patagonia chilena, estuvo rodeado desde su génesis, en 2007, de una fuerte polémica, especialmente por el eventual daño ecológico en la zona.

Aunque HidroAysén había obtenido la aprobación ambiental para su ejecución durante la administración de Sebastián Piñera (2010-2014), finalmente fue rechazado por el gobierno de Michelle Bachelet en base a más de 2.000 observaciones planteadas por las comunidades locales y grupos ecologistas. «HidroAysén tiene que servir de aprendizaje. Un proyecto no puede aparecer a ojos de la comunidad local como una imposición, sino que tiene que sintonizar con lo que piensan esas comunidades», sostuvo Ximena Órdenes.

La representante del Gobierno en Aysén, recordó que en esa región, la más aislada de Chile, «la mitad de la generación de electricidad se sustenta en base al diesel». «Tenemos que pensar en usar nuestros recursos hídricos», consideró Órdenes, quien propuso dejar a un lado el debate sobre HidroAysén y «abordar soluciones nuevas«. Actualmente, a pesar de que el megaproyecto hidroeléctrico fue suspendido, el consorcio HidroAysén, integrado por la ahora italiana Endesa Chile y la chilena Colbún, apeló ante un tribunal ambiental la decisión del Ejecutivo de revocar su autorización.

Además de la polémica por este proyecto, en febrero de 2012 Aysén fue escenario de grandes movilizaciones protagonizadas por organizaciones ciudadanas y sindicales en protesta por las duras condiciones en una región caracterizada por un elevado coste de vida, una precaria conectividad y la paulatina desaparición de fuentes de trabajo. «Algo que aprendimos en los últimos años y en especial desde el movimiento social que hubo a comienzos de 2012, es que las regiones tienen la capacidad de definir cuáles son sus planes de desarrollo», señaló la gobernadora de Aysén.

En tanto, el embajador de la Unión Europea en Chile, Rafael Dochao, señaló respecto a lo sucedido con el proyecto HidroAysén que «todas las empresas europeas respetan las decisiones gubernamentales y se atienen a la legislación vigente». «Aysén tiene un potencial enorme en cuanto a generación de energía. Que esa energía sea inundando decenas de miles de hectáreas y desplazando población o con proyectos más sencillos, de tamaño humano, que beneficien también a la región es algo que el Gobierno y la propia región tienen que decidir», indicó el embajador.

Dochao recalcó que «si algún continente y algún grupo de países o de empresas respetan el concepto de responsabilidad social corporativa, son las empresas europeas», enfatizó el embajador. El representante de la Unión Europea destacó que ni en Europa ni en Chile se hacen proyectos como el de Las Tres Gargantas (China), «donde millones de personas son trasladadas porque no hay un interés mayor que el interés de los ciudadanos».

«Si algo tenemos en común la Unión Europea y Chile es que efectivamente los estudios de impacto ambiental y social son necesarios, porque obviamente no sólo está en mente disminuir el precio del kilovatio hora, sino también conseguir que esta disminución sea sostenible», recalcó. El embajador de la Unión Europea sostuvo que dado que la región de Aysén tiene un gran potencial turístico, hay que evitar que se vea afectado «por actividades o acciones humanas que puedan ponerlo en peligro».