El Gobierno de Canarias presenta un recurso de alzada contra la resolución que permite los sondeos

A través de este recurso de alzada, el Ejecutivo autonómico exige la nulidad de la resolución al estimar que el procedimiento de evaluación de impacto ambiental presenta «omisiones, carencias, deficiencias, contradicciones e incertidumbres que lo vician de invalidez». El comisionado para el Desarrollo del Autogobierno y las Reformas Institucionales, Fernando Ríos, indicó que entre los argumentos que fundamentan el recurso se encuentra que, tal y como vienen denunciando, el expediente instruido por el Ministerio de Industria «es una auténtica chapuza«. Por ello, Fernando Ríos aseguró que la autorización presenta numerosos defectos formales tales como no haberse sacado a información pública parte importante de la documentación medioambiental «hurtándole a los ciudadanos el conocimiento de información relevante».

Asimismo desde Canarias insisten en que la declaración de impacto ambiental (DIA) fue emitida sin que el Ministerio de Medio Ambiente conociera informes sobre aspectos esenciales del proyecto que afectan directamente no solo a la flora y fauna sino incluso a la salud de las personas, o que no haya tenido en cuenta ni contestado las miles de alegaciones realizadas por ciudadanos, colectivos y Administraciones.

Para Ríos, el estudio de impacto realizado por Repsol no hace un estudio científico adecuado sobre los cambios estacionales, oceanográficos o climáticos ni alcanza los objetivos propuestos con el diseño de muestreo utilizado, ni permite detectar impactos en el futuro. En su opinión, el estudio de Repsol ignora las posibles afecciones a espacios incluidos dentro de la Red Natura 2000, donde se ha registrado la presencia de 30 especies de cetáceos, sin que se descarte la presencia de estas especies en el área de prospección.

El Gobierno de Canarias también indicó que a escasos kilómetros de los puntos de sondeo se encuentra una las áreas marinas más importantes de Europa en cuanto a biodiversidad, en trámite de ser declarada Lugar de Importancia Comunitaria (LIC), lo que supone una vulneración de la normativa europea. El comisionado del Gobierno de Canarias recriminó a Repsol que se escude en la ausencia de información para no reconocer la rica biodiversidad de la zona y señaló que Repsol reconoció en 2003 la importancia del área de los sondeos petrolíferos para los cetáceos y tortugas marinas.

Fernando Ríos agregó también que es razón suficiente para la interposición de este recurso que la declaración de impacto ambiental realizada por el Ministerio de Medio Ambiente «prácticamente solo recoja las opiniones de Repsol«. Además, el representante del Gobierno canario destacó «la contradicción del Estado» al autorizar las prospecciones, ya que en 2007 advertía de que las actividades que incluyan el uso de sonares activos de baja y media frecuencia y alta intensidad, especialmente los utilizados en maniobras militares, actividades de prospección o explotación petrolera o de gas o estudios sísmicos u oceanográficos, deben prohibirse.

Ríos apuntó que para evitar los graves perjuicios de imposible o difícil reparación que ocasionaría la ejecución de las prospecciones, se solicitó la suspensión de la autorización hasta que se resuelva el recurso. En caso de que el recurso se desestime, el Gobierno autonómico podrá acudir a la Audiencia Nacional, en lo que será otro largo proceso judicial en contra de las prospecciones petrolíferas autorizadas.

La necesidad española de explorar

Por su parte, el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, reconoció que la posibilidad de realizar sondeos en aguas próximas a las Islas Canarias ha generado «mucho ruido», pero resaltó la necesidad de explorar las «posibilidades reales» que puedan aportar esas prospecciones. «Desde los años 50 en España se han hecho más de 500 sondeos, la mitad en aguas territoriales. Nunca ha habido ningún tipo de incidente en los sondeos», afirmó Soria.

Soria recordó que España depende en un 99,8% de las importaciones de hidrocarburos para satisfacer sus necesidades energéticas, lo que representa un gasto anual de unos 36.000 millones de euros. Por eso, agregó, se tienen que hacer esfuerzos para disminuir esa «dependencia y vulnerabilidad» y hacer sondeos, investigaciones y prospecciones. Sin aludir explícitamente al tema de las islas Canarias, en algunos casos puede resultar que comercialmente no interesa explotar yacimientos que se encuentren, pero, agregó Soria, «lo que sí tenemos que hacer es por lo menos saber lo que tenemos».

Respecto a los sondeos en aguas próximas a Canarias, el ministro dijo que las autoridades españolas son conscientes de que «ha generado mucho ruido», pero, añadió, «no podemos obviar lo que son las posibilidades reales, siempre y cuando se cumplan los condicionantes medioambientales«. Puso como ejemplo que en sus propias aguas territoriales, Marruecos lleva «mucho tiempo» realizando prospecciones. «Sería un absurdo que Marruecos encontrara gas o petróleo, o las dos cosas, y que España estuviera con los brazos cruzados», insistió.

Soria añadió que, si definitivamente los sondeos en las aguas próximas a Canarias permiten conocer la existencia de hidrocarburos cuya explotación sea rentable, «entonces se pondría en marcha un proceso todavía más largo desde el punto de vista administrativo para llegar o no a la autorización de la explotación». Acerca de la pretensión de las autoridades canarias de realizar una consulta popular sobre este tema, Soria reiteró que las comunidades autónomas sólo pueden convocar ese tipo de consultas cuando se refieran a cuestiones sobre la comunidad, y si se refieren a temas nacionales «sería ilegal«.

Soria se reunirá en Washington con el secretario de Energía de Estados Unidos, Ernest Moniz, con el que hablará sobre el entorno energético general y la «gran revolución» que representa el shale gas y que está permitiendo a Estados Unidos reducir su dependencia de hidrocarburos de importación. Dijo que, en caso de que Estados Unidos flexibilice su legislación para que pueda exportar gas excedente a otros mercados, España puede ofrecer muchas oportunidades teniendo en cuenta que es el país europeo con el mayor número de plantas de regasificación. No obstante, recordó que aún son necesarias inversiones para aumentar la interconexión eléctrica y de gas entre España y el resto de Europa, para reemplazar con gas procedente del Magreb la dependencia que tiene el resto de Europa de las importaciones de gas a través de Ucrania.