El Gobierno de Canarias aprueba dos decretos que regulan la consulta de los sondeos petrolíferos y mantiene sin variaciones su «hoja de ruta»

Así lo manifestó el portavoz de la Administración Autonómica, Martín Marrero, que destacó que los dos textos cuentan con el respaldo jurídico «unánime» del Consejo Consultivo. En concreto, se aprobó el decreto que regula la organización y funcionamiento del Registro de Participación Ciudadana y el decreto que regula las consultas a la ciudadanía en asuntos del archipiélago. Ambos decretos desarrollan la Ley de Fomento de Participación Ciudadana, que a su vez aplica el artículo 32.5 del Estatuto de Autonomía de Canarias, en el que se atribuye a la comunidad capacidad legislativa y ejecutiva para regular el sistema de consultas populares en el ámbito territorial canario.

De esta manera, Marrero señaló que estos documentos configuran el marco jurídico necesario para la convocatoria de consultas ciudadanas sobre asuntos de competencia de la comunidad autónoma. «Con estos dos decretos concluye la parte normativa para la realización de consultas. Esa primera parte está terminada con absoluta certeza y aval de legalidad» dijo el portavoz mientras agregó que aún queda la aprobación de otros dos decretos que se promulgarán amparados en los de este jueves.

El primero de ellos se corresponde a la convocatoria de la consulta y de la pregunta en sí, que se tiene que aprobar en Consejo de Gobierno, y el segundo sería para todo lo relacionado con la «logística«. Por su parte, el decreto que regula las consultas prevé dos fórmulas para la emisión de opiniones: la presencial y la telemática. Así, la opinión emitida por cada ciudadano y entidad jurídica que quiera participar telemática o presencialmente en el proceso será secreta y existirán herramientas específicas para garantizar que sólo se emita una opinión por persona, ya sea física o jurídica.

En cuanto a las personas que podrán emitir su opinión, el decreto de consultas establece para las personas físicas como requisito de edad que tengan al menos 16 años, pudiendo rebajar esta edad hasta los 14 para consultas vinculadas a asuntos relativos a Juventud, en aplicación de lo establecido en la Ley Canaria de Juventud. Aquéllas personas físicas que quieran participar a través de los medios telemáticos que se habilitarán para tal fin, deberán estar previamente inscritos en el Registro de Participación Ciudadana, cuya organización y funcionamiento se aprobó también este jueves por el Gobierno.

Además, la inscripción en el Registro de Participación Ciudadana resulta imprescindible en el caso de las Entidades Ciudadanas, que son personas jurídicas que tengan interés en emitir opinión sobre asuntos sometidos a consultas. En este caso, cada Entidad Ciudadana podrá emitir una única opinión como persona jurídica, y deberá ser materializada por una persona física autorizada para ello por la organización a la que represente.

Asimismo, el decreto que regula las consultas ciudadanas establece que será el Consejo de Gobierno quien apruebe los términos exactos de la pregunta o preguntas, que deberá estar acompañada por la exposición de motivos que justifiquen la consulta. El contenido de la pregunta, el ámbito territorial, la concreción del requisito de edad y las fechas para la emisión de opiniones para cada consulta a la ciudadanía se concretará en un decreto del presidente de Canarias.

En este sentido, como requisito temporal, la convocatoria del presidente deberá respetar un plazo mínimo de 30 días desde su publicación en el Boletín Oficial de Canarias hasta la fecha en la que se prevea el inicio de la emisión efectiva de las opiniones. Además, en un segundo decreto del presidente, se concretarán los detalles organizativos para el correcto desarrollo y recuento de la consulta. Entre ellos, la dirección de correo electrónico que se habilitará para la recepción de opiniones y los lugares físicos en los que estarán las sedes administrativas para emitir las opiniones.

Finalmente, el decreto que regula de forma genérica las consultas prevé la creación de una comisión de control, integrada por tres funcionarios de carrera y tres representantes de la ciudadanía inscritos en el Registro de Participación, que serán elegidos por sorteo. El ejercicio de estas tareas será de carácter voluntario y la comisión velará por el cumplimiento de la normativa durante el proceso y resolverá las reclamaciones que pudieran presentarse.

Queja de WWF sobre prospecciones

La Comisión Europea admitió la queja presentada por WWF contra la autorización extendida por el Gobierno a la compañía Repsol para el inicio de las prospecciones petrolíferas en Canarias, que constituyen, a su juicio, un «grave peligro ambiental» que vulnera además «varias directivas europeas«. En concreto, en la queja presentada ante el organismo, WWF alude a la Directiva 92/43/CEE sobre la conservación de hábitats naturales y de la fauna y flora silvestre. También habría incumplimiento, por la ausencia de un calendario de ejecución de los sondeos, de la Directiva 2011/92/UE relacionada con las consecuencias que las iniciativas públicas y privadas tienen sobre el medio ambiente.

En opinión de WWF, «ya debería haber» algún tipo de protección sobre la zona, de «excepcional riqueza biológica» y «la más importante» en la Unión Europea para los cetáceos. Según argumenta la organización ecologista, «no existe certeza» de que los sondeos no afectarán a la vida marina. Además, WWF califica de «evidente» el rechazo de la sociedad a las prospecciones y cita las «más de 210.000 firmas» contrarias a este proyecto recogidas en savecanarias.org, así como las que están mostrando su apoyo a una petición online de la ONG para la declaración de un Santuario para las ballenas en Canarias.

«Celebramos que las autoridades europeas atiendan nuestra queja sobre un proyecto que no cumple el requisito de certeza de no afección que exigen las directivas. De hecho, el lugar de localización de los sondeos petrolíferos de Lanzarote y Fuerteventura goza de una riqueza faunística excepcional, que debe estar protegida», denunció el secretario general de WWF España, Juan Carlos del Olmo.

Por su parte, la Comisión Europea, que todavía no se ha pronunciado sobre la queja de WWF, avaló los sondeos el 10 de septiembre por considerar que respetan la legislación medioambiental de la Unión Europea. Según el comisario de Medio Ambiente, Janez Potocnik, el Ejecutivo comunitario inició, a raíz de varias quejas, una investigación que concluyó cuando las autoridades españolas informaron de que el proyecto era objeto de una evaluación completa de impacto ambiental de conformidad con las normas comunitarias.