La aprobación de este crédito extraordinario a incluir en los PGE, que en ningún caso se cargará a los presupuestos del departamento de Industria, viene acompañada de otras medidas que permitirán reducir los costes en el sistema eléctrico por un total de entre 600 y 800 millones de euros.

En la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, el ministro de Industria, Energía y Turismo indicó que «las medidas tienen como finalidad que el déficit de tarifa sea cero en 2013, y que, si hay, sea el mínimo posible», añadió. Asimismo, según dijo Soria, el Gobierno busca «que no se encarezca la tarifa eléctrica ni para los hogares ni para las empresas» y que el precio de la luz varíe únicamente en función del mercado.

El ministro aseguró que el crédito extraordinario computará o no como déficit público «en función de si se utiliza o no». Soria especificó que «una cosa es que se apruebe y otra cosa es que se utilice o no se utilice, lo que no podemos saber».

Con este crédito se evitará que «puedan aparecer en el sistema incrementos de costes y que, si aparecen, no se traduzcan en un incremento de peajes que provoquen una subida de la luz a hogares o empresas», señaló, antes de precisar que los 2.200 millones de euros serán otorgados al Ministerio de Industria y, una vez aprobado por el Consejo de Estado, se tramitará como proyecto de ley.

Este crédito, cuyo importe se asemeja al coste para la tarifa del principal e intereses de la deuda eléctrica, permitirá contener el déficit de tarifa de 2013 junto a otros aspectos, entre ellos los 3.000 millones de euros de ingresos previstos con los nuevos impuestos eléctricos o 450 millones de euros de las subastas de derechos de CO2.

Revisión de las retribuciones reguladas sin IPC

Además, el Gobierno dio el visto bueno a un real decreto ley que incluye dos medidas de carácter regulatorio. La primera, con la que se prevén ahorros de entre 330 y 340 millones de euros al año, pasa por cambiar el método en virtud del cual se revisan anualmente las retribuciones de las actividades reguladas del sistema eléctrico: el transporte, la distribución, los sistemas extrapeninulares y las primas al régimen especial, entre ellas las renovables.

Hasta ahora, estas retribuciones se actualizaban en función del IPC mientras que «a partir de hoy», según Soria, se hará en base a la inflación subyacente, es decir, aquella que no recoge la evolución de los precios de los productos energéticos y alimentos frescos- y «a precios constantes» para evitar la repercusión de los impuestos indirectos mayores.

Los productores «verdes» tendrán que elegir entre tarifa o mercado

El segundo de los cambios afecta al real decreto 661 de 2007, que tendrá que ser modificado, y que permitía a los productores del régimen especial elegir cada año entre percibir una tarifa regulada fija o el precio de mercado más una prima.

«Lo ocurrido hasta ahora es que cuando los precios del mercado suben, las empresas eligen mercado más prima, y cuando baja les interesa más la tarifa regulada«, lo que, a su vez, se reflejaba en el precio de la luz, señaló el ministro.

A partir de ahora, deberán elegir una de las dos vías (ir a tarifa regulada o ir al mercado sin prima) con carácter permanente (para el conjunto de los años de funcionamiento de la instalación), con lo que «se evitará que los cambios en el precio de mercado repercutan en más costes del sistema y más precios de la luz», explicó Soria, quien añadió que hay veces que la conveniencia del productor «no coincide con la conveniencia del consumidor».

Esta medida puede tener un impacto que oscilará entre los 250 y los 500 millones al año, por lo que al ser preguntado acerca de la posibilidad de que el sector de las renovables conteste con demandas judiciales a estas medidas, Soria aseguró que su contenido «no cambia las reglas del juego, sino que racionaliza la metodología» actual.

«El Gobierno adopta las medidas que considera necesarias para el interés general, e intentamos que el interés general coincida con el interés particular. Como parte del interés general, está que no se repercutan sobre la tarifa final los incrementos en los costes de peajes», señaló.

Los costes del sistema eléctrico se incrementaron de forma «creciente» en los últimos meses, mientras que los ingresos cayeron debido al descenso de la demanda, de ahí la necesidad de «medidas urgentes», apuntó la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saenz de Santamaría.