El Gobierno da el visto bueno a las prospecciones de Repsol en aguas cercanas a las costas de las Canarias

Los sondeos realizados indican que a unos sesenta kilómetros de la costa canaria, junto a la frontera marítima con Marruecos, existen importantes yacimientos, en cuya exploración el país vecino ya ha empezado a trabajar.

Tras la reunión del Consejo de Ministros, Sáenz de Santamaría recordó que los técnicos indicaron que existe una «probabilidad elevada en relación con otras prospecciones» de que la zona albergue recursos.

Además, consideró que «no hay argumentos para dilatar más» la puesta en marcha de este proyecto, que fue otorgado por un real decreto del 21 de diciembre de 2001 y que se encuentra paralizado por una sentencia del Tribunal Supremo desde el 24 de febrero de 2004, ya que no incluía la expresa mención de las labores de protección medioambiental a que quedaba subordinada la realización de las labores de investigación, y que ahora ofrece esas «garantías ambientales» al hacer sido subsanado este defecto.

«Las sentencias que obligaban a modificar algunos asuntos se remontan a 2004, así que creo que se ha tardado bastante tiempo en decidir la convalidación del real decreto«, afirmó, antes de recordar que los permisos de exploración son «competencia del Estado», que se piden informes a las administraciones afectadas pero que es el Gobierno el que tiene que decidir «en función del interés general del conjunto de los españoles».

En concreto, el Gobierno aprobó un real decreto por el que se convalida el otorgamiento original de los permisos de investigación de hidrocarburos «Canarias 1 a 9», situados en el borde de la mediana entre España y Marruecos.

En el decreto aprobado se dio audiencia tanto a los Cabildos de Lanzarote y Fuerteventura como al Gobierno de Canarias. El texto permitirá la finalización de los trabajos pendientes para verificar la existencia de hidrocarburos y, en su caso, la viabilidad técnica y económica de su extracción.

Los permisos de investigación de hidrocarburos confieren a Repsol el derecho en exclusiva para investigar la existencia de hidrocarburos en el subsuelo del área otorgada, pero no permiten la explotación de los potenciales yacimientos, lo que exigiría el otorgamiento de una concesión de explotación.

Con carácter previo al inicio de los trabajos, los titulares deberán constituir seguros de responsabilidad civil para hacer frente a eventuales incidentes. Asimismo, se constituyeron garantías financieras a favor de la Dirección General de Política Energética y Minas para responder de sus obligaciones.

El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ya avanzó esta semana que España no podía permitirse el lujo de prescindir de prospecciones petrolíferas, como es en el caso de Canarias, y que se «apoyarían y alentarían» los trabajos de las empresas que contribuyan a reducir la dependencia energética.

Soria, que señaló que las prospecciones en Canarias serían a 61 kilómetros de la costa, insistió en que España, con un consumo 1.400.000 barriles diarios, no puede prescindir de una capacidad de producción que equivaldría al 10% de esa cantidad (140.000 barriles), según las previsiones más pesimistas.

Soria también apuntó que estas decisiones podrían ayudar a Canarias a diversificar su economía. «Nunca se me ocurriría tomar una decisión que pudiera hacer el mínimo daño a Canarias», subrayó.

Las importaciones de hidrocarburos podrían reducirse diez puntos

Según indicaron fuentes del sector, la producción de hidrocarburos en aguas de Canarias por parte de Repsol YPF reducirá en diez puntos las importaciones de hidrocarburos de España y podría, en caso de que se confirmen las previsiones, provocar un vuelco en la balanza comercial.

La producción en aguas canarias podría alcanzar los 100.000 barriles diarios de hidrocarburos, lo que supondría el mayor descubrimiento de la historia de España, por encima del de la plataforma mediterránea de Casablanca, que en los años ochenta llegó a producir 40.000 barriles diarios.

En la actualidad, la producción de hidrocarburos del país apenas alcanza los 2.000 barriles al día, de modo que el hallazgo multiplicaría por 50 este volumen. Como ejemplo del potencial del yacimiento, Repsol extrae unos 300.000 barriles diarios en grandes productores como Libia.

Las inversiones asociadas al proyecto, como ya explicó recientemente el presidente de Repsol, Antonio Brufau, podrían rondar los 9.000 millones de euros en los entre 20 y 25 años de explotación del campo.

El Gobierno destacó que la prospección de hidrocarburos, además de tratar de paliar la dependencia española casi absoluta en la importación de gas y petróleo, tiene un alto potencial de creación de empleo altamente cualificado, de unos 5.000 empleos, y complementa la actividad económica de las Islas Canarias.

En todo caso, la extracción de crudo podría tardar cerca de ocho años. Tras la autorización del Gobierno, Repsol debe completar la fase de investigación, en la que invertirá 100 millones, lo que llevará unos dos o tres años.

El Gobierno canario y los cabildos llaman a la movilización para frenar los sondeos

Por su parte, el Gobierno de Canarias y los Cabildos de Fuerteventura y Lanzarote recurrirán a todas las vías legales a su alcance para frenar las prospecciones de petróleo autorizadas por el Consejo de Ministros a Repsol, por lo que se dieron instrucciones a los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma para que, una vez que se conozca formalmente el acuerdo del Consejo de Ministros, se emprendan acciones legales contra el mismo.

Según informó el Ejecutivo regional, el objetivo de estas medidas sería impedir los efectos de una decisión -la del permiso a Repsol para que efectúe las prospecciones- «que rompe el principio de lealtad y colaboración institucional».

En este sentido, consideró que la decisión del Gobierno de España «es un claro desprecio del Gobierno estatal del PP a las instituciones que representan al pueblo canario: Gobierno autonómico, Parlamento de Canarias, cabildos y ayuntamientos de Fuerteventura y Lanzarote».

«Nos tratan como en otros tiempos, como si todavía fuéramos una colonia perdida en el Atlántico», denunció el presidente del Gobierno canario, Paulino Rivero (CC), en una rueda de prensa conjunta con los presidentes de los Cabildos de Lanzarote y Fuerteventura, los nacionalistas Pedro San Ginés y Mario Cabrera.