El Gobierno cree «justificado» el desarrollo de proyectos de fracking por la importancia estratégica que tiene para el suministro energético

Así lo señaló el Ejecutivo en una respuesta a una pregunta realizada por la diputada socialista María del Puerto Gallego, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

El Gobierno destacó su «potencial» para generar actividad empresarial «complementaria y compatible» con el tejido económico existente, y abogó por el desarrollo de este tipo de proyectos «siempre que se garantice el estricto cumplimiento de las medidas de seguridad de las personas y de protección medioambiental vigentes.

Así, añadió la Administración, tanto el órgano ambiental como el órgano sustantivo realizarán un análisis «caso por caso» de cada expediente concreto, en cuyo marco podrán requerirse «cuantos informes adicionales se consideren necesarios».

De igual forma, el Gobierno señaló en su respuesta que en la recomendación de la Comisión Europea relativa a unos principios mínimos para la exploración y producción de hidrocarburos (como el gas de esquito) utilizando la fracturación hidráulica de alto volumen «se hace mención a los grandes beneficios potenciales de la producción de gas de esquito y petróleo de esquito».

También se refirió, según el Ejecutivo, a la necesidad de «intensificar la diversificación del abastecimiento de energía en Europa» y al desarrollo de recursos energéticos autóctonos para garantizar la seguridad del abastecimiento, reducir la dependencia energética externa de la Unión Europea y estimular el crecimiento económico.

En otra respuesta a la misma diputada socialista, el Gobierno informó de los proyectos de sondeos de hidrocarburos existentes en la actualidad. En concreto, suman un total de 53 proyectos en los que podrían emplearse técnicas de fracking, aunque matizó que «en el momento actual, no existe ninguna concesión de explotación vigente o en trámite que tenga como objetivo la producción de gas no convencional».

«En general, los permisos de investigación de hidrocarburos existentes con objetivos no convencionales, se encuentran en una fase muy preliminar de su investigación y tienen por objeto verificar si existen hidrocarburos y, en caso afirmativo, analizar si su extracción es técnica y económicamente viable», señaló.

En cualquier caso, en la lista de sondeos remitida al Boletín de las Cortes, figuran, entre los ya vigentes, el «Cameros 2», en La Rioja; «Angosto 1», en Castilla León, Cantabria y País Vasco; «Aries 1», en Castilla-La Mancha y Murcia; y «Aries 2», en Comunidad Valenciana y Murcia. Otras regiones donde también se tramitan o ya se encuentran en marcha proyectos de este tipo son Aragón, Cataluña y Castilla y León.

Por otra parte, en otra contestación a una cuestión del grupo socialista, el Gobierno se refirió a un estudio sobre la contribución que podría suponer el desarrollo de la explotación y producción de hidrocarburos en la economía española, publicado por la consultora Deloitte en febrero de este año.

Dicho estudio apuntó a una contribución de esa actividad al PIB español que alcanzaría los 44.000 millones de euros en el año de mayor impacto, 2040, lo que equivaldría a un 4,3% del PIB actual, mientras que en términos de empleo conllevaría una generación de puestos de trabajo superior a los 260.000 en el año de mayor impacto, 2033.

No obstante, el Ejecutivo matizó que el impacto económico de la explotación de gas no convencional en España y en Europa en general está sujeto a un «elevado grado de incertidumbre» que, en parte, se debe a la falta de experiencia en la aplicación de esta técnica a los yacimientos autóctonos. «La principal fuente de incertidumbre en España deriva de la falta de conocimiento científico del subsuelo», señaló el Gobierno.

En relación con los intercambios de gas natural, la producción de los recursos prospectivos definidos en el escenario base permitiría alcanzar un saldo neto exportador durante un período de más de 20 años. En cambio, el impacto asociado a la producción de petróleo es más moderado, ya que reduciría las importaciones nacionales de este recurso hasta en un 20% del consumo.