El Gobierno crea un Fondo Nacional de Eficiencia Energética con el fin de ahorrar unos 7.700 millones de euros

El Gobierno incluyó esta medida en el real decreto-ley de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia que salió adelante en el Consejo de Ministros.

Con esta medida se da cumplimiento a la directiva europea que fija la obligación vinculante de justificar una cantidad de ahorro de energía para cada país de cara a 2020. En el caso de España, la obligación de ahorro energético acumulado para el periodo 2014-2020 es de 16 Metp, el del consumo total ronda los 128 Metp.

En total, estará dotado de 370 millones de euros anuales que servirán, a través de subvenciones y financiación, para mover proyectos con una inversión acumulada de 2.450 millones de euros al año.

Unos 200 millones de euros de ese fondo vendrán cada año de las aportaciones obligatorias de las empresas comercializadoras de gas y electricidad, así como de los operadores de productos petrolíferos al por mayor y de los Fondos Comunitarios (FEDER).

En un encuentro con periodistas, el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, explicó que el fondo permitirá poner en marcha mecanismos de apoyo económico y financiero, así como asistencia técnica, para el desarrollo de proyectos encaminados a la mejora de la eficiencia energética.

El secretario de Estado de Energía destacó la importancia de la eficiencia energética en un país tan dependiente como España y explicó que, con el nuevo fondo, se da cumplimiento a las directivas comunitarias sobre este ámbito.

El fondo entrará en vigor de forma inmediata, aunque se dará un plazo a las compañías para realizar las aportaciones, y servirá para poner en marcha medidas en diferentes sectores.

En concreto, el 42% de las inversiones podrá destinarse a un sector como el de la edificación y equipamiento, lo que permitirá generar empleo en un ámbito con exceso de capacidad de fuerza laboral. Otro 39% irá a proyectos industriales específicos, otro 14% al transporte, un 3% a los servicios públicos y un 2% a la agricultura. Todos ellos dispondrán de mecanismos de apoyo económico y financiero, asistencia técnica, formación, e información.