Es un «hecho grave que requiere de una respuesta de la Administración clara y contundente», resumió Vila durante una comparecencia en el Parlament.

Precisó que la multa es la consecuencia del expediente sancionador instruido por la Agencia Catalana del Agua (ACA) por presuntos daños de carácter grave en el dominio público hidráulico, aunque Repsol puede recurrir la decisión y por tanto no es firme.

«El expediente sancionador está a la espera de que Repsol alegue en contra, si así lo considera», puntualizó, en una intervención en la que señaló que la compañía informó a la ACA de la fuga y también se comunicó con los ayuntamientos de la zona, aunque no hizo lo propio con el Centro de Coordinación Operativa de Cataluña (Cecat) de la Consejería de Interior.

La fuga, que afectó principalmente al curso bajo del río Francolí a su paso por La Pobla de Mafumet, contaminó también diversos acuíferos de forma moderada, y aunque Vila ha precisado que no se detectó ninguna afectación agrícola y que el vertido no tenía riesgo para la salud humana, también concretó que todavía no culminaron todos los trabajos de restauración sobre el terreno.

El consejero, a preguntas de la diputada de ICV-EUiA Hortènsia Grau, confió en enviar el mensaje claro de que la defensa del medio ambiente para la Generalitat es una «prioridad» y defendió que en este caso no hubo ninguna ocultación de información.

El vertido se originó por un pequeño agujero de 18 milímetros en una tubería soterrada propiedad de Repsol, debido a la oxidación que presentaba, lo que provocó una fuga de 6.000 toneladas de nafta, un compuesto inflamable extraído del crudo y utilizado como materia prima en la industria petroquímica.

Grau preguntó también por el grado de ejecución del plan para invertir 130 millones de euros en las instalaciones de Repsol YPF en Tarragona para mejorar la seguridad y evitar nuevos vertidos, un plan que anunció en enero de 2011 el presidente de la compañía, Antoni Brufau, aunque Vila evitó hacer valoraciones porque el seguimiento de este plan «depende exclusivamente del Estado».

El plan fue anunciado después de diversos vertidos de hidrocarburos ocurridos en los trabajos de prospección realizados en los pozos de la compañía ubicados en la plataforma Casablanca –a 43 kilómetros de la costa de Tarragona–, un suceso que dio pie a que el Consejo de Ministros acordara en julio de 2011 una sanción de 30.000 euros.