La viceconsejera de Industria y Energía de la comunidad autónoma, Francisca Luengo, recordó que ese decreto supone la paralización de los proyectos que ya estaban adjudicados en las islas, lo que conlleva la pérdida de 600 millones de euros en inversiones y de 6.300 puestos de trabajo.

Luengo atribuyó a «razones personales y políticas» la negativa del Ministerio de Industria, Energía y Turismo a conceder las primas a las energías renovables, pues, desde su punto de vista, no existen motivos económicos ni jurídicos.

Sobre la posibilidad de que Canarias disfrute de un régimen singular para las energías renovables antes de fin de año, como anunciaron altos cargos del Ministerio, la viceconsejera subrayó que, cuando se gobierna, «solo hay que tomar en serio las decisiones oficiales, no las que se comunican a través de la prensa».

«Esperamos que (el recurso) sea admitido, porque vamos a demostrar con datos que ese Real Decreto Ley no tiene razón para Canarias y, aunque podría tenerlo para la península, en el archipiélago va en contra de los objetivos que persigue, que es reducir el déficit tarifario«, agregó.

Desde que se conoció esa decisión del Gobierno, el Ejecutivo canario reclamó un régimen especial para las islas, ya que en el archipiélago la producción de electricidad con energías renovables resulta más barata que con combustibles fósiles, al contrario que en la península.

En la misma línea, Francisca Luengo defendió que Canarias sí reduciría el déficit tarifario con un régimen singular a favor de las renovables y, asimismo, apuntó que esa contradicción la pondrá de relieve el Tribunal Constitucional en beneficio de todos los canarios.