El Gobierno canario anuncia una encuesta para conocer la opinión ciudadana sobre las prospecciones

Rivero insistió en que el objetivo de este sondeo es conocer cómo valoran los ciudadanos la posición del Gobierno regional respecto a las prospecciones petrolíferas ante la posibilidad de que afecten a cuestiones medioambientales o de la economía del archipiélago. Las preguntas las diseñarán los expertos de las dos universidades canarias que realizarán la encuesta sobre una muestra de la población de 2.800 personas, que Rivero calificó de «amplia», con el fin de que las conclusiones que se obtengan sea «fiable». Asimismo, señaló que este sondeo del que no se ha definido su plazo temporal para hacerse efectivo, no será telefónico sino presencial y tendrá un coste de 40.000 euros.

De todos modos, Rivero hizo hincapié en que la «encuesta no sustituye nada. La consulta se llevará a cabo cuando el Tribunal Constitucional la avale. Cada día estoy más convencido de que esto es un atropello a Canarias; de que es un trato colonial», apuntilló. También anunció que la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) en Tenerife ha admitido un recurso presentado por el Gobierno regional para pedir la suspensión cautelar de los sondeos exploratorios, después de que el Ministerio de Industria rechazara un recurso de alzada sobre las autorizaciones de las prospecciones.

Todo ello, dijo, con el objetivo de impedir que se lleven a cabo las prospecciones y en el marco de que actualmente la consulta, que el Gobierno canario había previsto sobre los sondeos, esté suspendida después de que el Tribunal Constitucional haya admitido el recurso del Gobierno central al respecto. En este sentido, Rivero espera que el Constitucional se pronuncie «cuanto antes» y no agote los cinco meses que tiene para poder dar una respuesta.

Para Rivero el Gobierno central tienen «dos varas de medir» como, según apuntó, desvelan «los últimos acontecimientos» en relación a que existe «una clara obsesión de alguien de realizar las prospecciones en Canarias pero no en Baleares ni en Málaga«. Finalmente, en relación a la aprobación por parte del Gobierno central de un impuesto de hidrocarburos, Rivero criticó que se establezca «como consecuencia de los riesgos que corren algunos territorios». «¿En qué quedamos», cuestionó Rivero, aludiendo a unas declaraciones del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, cuando dijo que «al mínimo riesgo, se suspendían las prospecciones».

PP: «pataleta de niño chico»

La portavoz parlamentaria del Partido Popular de Canarias, Australia Navarro, calificó la encuesta sobre las prospecciones anunciada por el presidente del Gobierno regional, Paulino Rivero, de «pataleta de niño chico» tras un «fracaso estrepitoso», dijo, en los tribunales con su «batallita» contra los sondeos. Al respecto, Navarro se cuestionó por «cuál es el coste económico de una encuesta que no sirve en la práctica para nada y que sólo confirma que Coalición Canaria y el PSOE pretenden seguir despilfarrando el dinero de los canarios en una causa perdida y absurda».

Asimismo, lamentó que el Gobierno autonómico «pretenda imitar milimétricamente la hoja de ruta del nacionalismo soberanista de Cataluña» en lo que consideran como «un intento de echar un pulso al ordenamiento jurídico y al Estado de Derecho«. Además, indicó que el Supremo «tumbó hasta en tres ocasiones la batallita de Coalición Canaria y el PSOE contra las prospecciones, y el Constitucional acaba de suspender la convocatoria de una consulta para el 23 de noviembre por invasión de competencias». Ante ello, apuntó que un gobierno «serio y responsable» debe «acatar y respetar los pronunciamientos de los tribunales, sin intentar plantear atajos a la legalidad, que en realidad son callejones sin salida«.

Desde Bruselas investigan la autorización

Greenpeace felicitó a la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea por la decisión de investigar «exhaustivamente» y «en profundidad» las decisión del Gobierno de autorizar las prospecciones de petróleo en las Islas Canarias. La decisión de llevar a cabo estas pesquisas es el resultado de la reunión del director general de Medio Ambiente, Kart Falkenberg, con técnicos, eurodiputados y representantes de colectivos ciudadanos, según la organización ecologista. La organización ecologista denunció que el proyecto de prospecciones de Repsol utiliza estándares de seguridad «menos rigurosos y más baratos» que los que emplea la compañía en Estados Unidos y que ni el Gobierno de España ni la Comisión Europea le han obligado a utilizarlos.

Los responsables de Greenpeace consideran que, al «acelerar» el proceso para otorgar el permiso para realizar prospecciones en la costa canaria, España «ha vulnerado leyes y directivas europeas«. Además, Greenpeace asegura que existen «graves errores» en el informe de impacto ambiental llevado a cabo como parte del proceso de autorización y que el estudio tiene «errores de cálculo» que pondrían en peligro a los cetáceos y tortugas de la zona debido a la contaminación acústica.