El Gobierno autonómico de Canarias lleva las prospecciones petrolíferas al ámbito penal por arbitrariedad

Paulino Rivero hizo este anuncio tras conocerse el lunes que un informe de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, dependiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, desaconseja las prospecciones sísmicas de la petrolera Cairn Energy en el Golfo de Valencia por su potencial afección negativa a la fauna marina de la zona. En el caso de Canarias, todos los informes medioambientales resultaron favorables a las prospecciones autorizadas a Repsol, en una actuación que según el Gobierno de Canarias es arbitraria y por tanto susceptible de tener consecuencias penales.

Rivero indicó que los servicios jurídicos autonómicos coinciden en que ha habido decisiones arbitrarias en los expedientes concernientes a las prospecciones. Concretamente, mientras para el Mediterráneo se desaconseja la actividad a partir de invocaciones genéricas a la protección del medioambiente, en Canarias se indica que no hay afecciones. En Canarias, según el Ejecutivo autonómico, se minimizan los efectos de los sondeos sobre la fauna marina, pero en Baleares sirven para desaconsejarlos, a pesar de que en las aguas canarias hay 29 especies de cetáceos y en las baleares hay 11.

El Ejecutivo autonómico actuará contra las autoridades y funcionarios que han intervenido en los expedientes, para lo que contratará «un asesor externo«, ya que los servicios jurídicos del Gobierno canario carecen de penalistas. Paulino Rivero adelantó que el penalista que se va a contratar, cuya identidad no ha querido desvelar de momento, es un prestigioso jurista, ex fiscal y ex magistrado de la Sala de los Penal del Tribunal Supremo.

El presidente canario recordó que hace tiempo que advierte de que se «cocina» un informe medioambiental negativo respecto a las prospecciones en aguas cercanas a Málaga, Valencia y Baleares para evitar problemas políticos al PP, que gobierna en esos territorios, mientras se autorizan los sondeos en Canarias «pese a los riesgos medioambientales». El informe sobre el Golfo de Valencia es previo al informe definitivo de impacto ambiental, que, según Rivero, se retrasará para después de las elecciones de mayo para que «esta discriminación» a Canarias no tenga efectos electorales contra el PP en el archipiélago.

Rivero afirma que la relación del regulador, en alusión al Ministerio de Industria, es «menos intensa» con Cairn Energy que con Repsol. «Encuentre o no petróleo, Repsol ya ha hecho negocio», dijo Rivero, debido a la rebaja en el Impuesto de Sociedades a la petrolera aprobada por el Gobierno y a la indemnización a la petrolera a la que tendría que hacer frente el Gobierno si los tribunales paralizan los sondeos. Además, reiteró que tanto el presidente de Repsol como sus principales accionistas le aseguraron que no tienen interés en Canarias y actúan por presiones.