En este sentido, Pérez Montes señaló que el certificado supone un ahorro y «mejorará la situación económica» de los ciudadanos, de implantación obligatoria desde el pasado 1 de junio. «El certificado inculca una nueva mentalidad en el ciudadano y mejora su situación económica», añadió.

Por su parte, el presidente del Consejo General de la Ingeniería Técnica, José Antonio Galdón, explicó que el certificado aporta una etiqueta al inmueble en función de su eficiencia energética que se traduce en un valor añadido para el edificio y en un ahorro «tangible» para las familias, aunque actualmente no cuenta con cifras concretas. Por otro lado, indicó que este certificado promueve la reactivación de sectores como el de la construcción o el de las instalaciones.

Además, el presidente del Cogiti destacó que es necesario incentivar las inversiones para reformar los edificios a través, por ejemplo, de desgravaciones del IRPF o premios a las viviendas más eficientes en el consumo de energía.

Desde la firma del convenio en el verano pasado, Cogiti estimó que formará a casi 6.000 profesionales que se encargarán de expedir los certificados a los edificios. Hasta el momento, el consejo de ingenieros técnicos no tiene cifras concretas acerca del número de certificados que ya se emitieron desde su implantación, pero han asegurado que a mediados de julio podrán informar sobre el volumen concreto.

El director del IDAE advirtió también que está teniendo lugar cierto «mercadeo» con los certificados energéticos e indicó que «evidentemente hay que desconfiar de alguien que ofrece la máxima calificación» sin haber visitado el inmueble. Galdón añadió que para evitar esto la Administración ejercerá un control y sancionará los casos que no cumplen con los requisitos determinados.

Por último, el director del IDAE destacó que en otros países del entorno la certificación energética de viviendas tuvo un resultado «espectacular».