El Gobierno aprueba la reforma del gas y recorta 238 millones de euros de su retribución para acabar con el «incipiente problema» del déficit

En la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, explicó que la reforma busca evitar el «incipiente problema» del déficit de tarifa del gas y prevenir así «problemas como los que nos ha tocado arreglar en esta legislatura», en clara alusión al desajuste en el sistema eléctric.

En concreto, el déficit de tarifa acumulado en el sector del gas alcanzó los 400 millones de euros al cierre de 2013 y, sin este recorte retributivo, podría haber alcanzado los 800 millones de euros a finales de este año. Este déficit de tarifa acumulado, que se produce porque los ingresos destinados a la parte de peajes del recibo son inferiores a los costes regulados, es fruto de la caída de la demanda de gas por el menor uso de los ciclos combinados y de la entrada de nuevas instalaciones en el sistema que hay que retribuir.

El ajuste se realizará además sin necesidad de subir los peajes de gas a los 7 millones de consumidores de gas, al menos mientras no haya fuertes caídas de demanda ni significativos desajustes temporales a partir de 2015, según explicó el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal.

Para ello, Industria fijó en la reforma un ajuste total en la retribución de 238 millones de euros, que afecta de manera proporcional a cada una de las actividades reguladas, es decir, transporte, distribución, regasificación y almacenamiento de gas, y dentro de éstas entre cada una de las empresas, a la vez que se eliminan todas las actualizaciones automáticas existentes en el esquema retributivo actual.

El 46% del recorte, o unos 110 millones de euros, corresponde a la distribución, en la que Gas Natural Fenosa, con un peso del 70%, es la principal empresa, y en la que participan otros operadores como Redexis.

El transporte, del que se hace cargo en su mayor parte Enagás, asumirá un 41% del recorte, o 97 millones de euros, frente al 10%, o 23 millones de euros, de las plantas regasificadoras, y el 3%, o unos 8 millones de euros, de los almacenamientos subterráneos de gas.

El déficit gasista

La nueva regulación establece que el déficit acumulado a cierre de 2014 deberá ser financiados por las empresas con actividades reguladas. De esta forma, se convertirá en una deuda que, como en el caso de la electricidad, irán devolviendo los consumidores de gas en el plazo de quince años.

En cuanto al déficit que se produzca a partir de 2015, habrá subidas de peajes de forma automática para recuperar la cuantía que se sobrepase cuando el desajuste supere el 10% de los costes anuales previstos, unos 300 millones de euros. En el caso de que el déficit acumulado supere el 15% de los ingresos, esto es, unos 500 millones de euros, se incrementarán automáticamente los peajes en la medida que se rebase.

Las nuevas reglas retributivas se revisarán en periodos de seis años y parten de la misma filosofía de la ley de desindexación de la economía. En este caso, el Gobierno actuó ante un déficit incipiente que no alcanzó las dimensiones del eléctrico.

Para limitar el impacto de la alta volatilidad de la demanda, una parte del riesgo se traslada al operador de las instalaciones, de forma que las retribuciones incorporarán una parte variable en función de la demanda, que varía más en el gas que en la electricidad. Este eventual desajuste será financiado por los sujetos del sistema en los siguientes cinco años de forma proporcional a su retribución.

Por eso, y tomando como base el modelo de retribución a la distribución, el Gobierno fijó unas tasas de rentabilidad fija del 5,2% del valor actual neto de activos para las distintas actividades, que representan el 75% de la retribución y que se completará con otra tasa variable.

En el caso del transporte, la tasa variable tendrá un peso del 25% sobre el retorno total y dependerá de la evolución del consumo. Asimismo, se pasa a retribuir todas las instalaciones de forma homogénea, considerando su valor neto y una vida útil de 40 años..

Para la distribución, en la retribución variable se dará más peso al volumen de energía vendido que al número de nuevos clientes captados, que se reduce de 90 a 50 euros aunque se establece un pago de 70 euros para clientes de determinadas zonas. Todo ello con el objetivo de incentivar el desarrollo de infraestructuras allí donde exista más bolsa de demanda. También se incentiva la gasificación de nuevos municipios.

El objetivo, según explicó Nadal, es primar que se hagan infraestructuras en las zonas con más potencial de consumo y evitar «subvenciones cruzadas».

En almacenamientos y plantas de regasificación también habrá una parte de la retribución fija y otra variable en función de la demanda.

Nadal subrayó que se trata de una reforma «dialogada intensamente» con el sector que busca un modelo económicamente sostenible que minimice costes para el consumidor.

El Gobierno aún tiene pendiente la segunda parte de esta reforma, relacionada con el desarrollo de un mercado secundario, y que quiere concluir antes de final de año.