El Gobierno aprueba la norma que permite revisar cada tres meses los peajes eléctricos

Al aumentar la periodicidad de la revisión de los peajes, que ahora podía hacerse semestralmente, se logra el objetivo de diseñar un mecanismo de revisión «más flexible» que permita ajustar «mejor» los costes a los ingresos, explicó la vicepresidenta primera del Gobierno en la rueda de prensa posterior al Consejo.

Los peajes o tarifas de acceso remuneran costes regulados del sistema eléctrico, como las primas a las renovables, el transporte o la distribución, y las pagan todos los consumidores de electricidad.

En el caso de la TUR, a la que pueden acogerse usuarios con potencias inferiores a 10 kilovatios (hogares y pymes)-, los peajes constituyen uno de los componentes utilizados para su cálculo, junto a los impuestos y al precio de la energía, que se determina mediante subastas (Cesur).

La primera vez que el Ejecutivo usará el nuevo real decreto será en la revisión de la tarifa eléctrica que entrará en vigor el 1 de octubre.

En la propuesta de peajes remitida a la Comisión Nacional de Energía (CNE), el Gobierno ha optado por no revisar los peajes para evitar «que este factor suponga en esta ocasión mayores desembolsos para el consumidor a través del recibo de la luz» que, no obstante, el próximo mes subirá una media del 4,8% debido al incremento del coste de la energía, según la reseña del Consejo de Ministros.

La norma establece que el ministerio de Industria revisará anualmente, con carácter obligatorio, los peajes de acceso, aunque lo habilita para revisarlos como «máximo» cada tres meses «siempre que se produzcan desfases temporales por desajustes en las liquidaciones de las actividades reguladas en el sector eléctrico, cuando haya cambios regulatorios o cuando circunstancias especiales lo aconsejen».

Hasta ahora, la regulación imponía que las revisiones, de carácter anual, podían ser semestrales en tanto que el nuevo real decreto permite que puedan hacerse «cuando las condiciones de mercado así lo aconsejen».

La finalidad de la nueva normativa es dar una mayor estabilidad al sistema tarifario eléctrico español, lo que redundará en definitiva en defensa de los consumidores.

Así, el aumento de la periodicidad de las revisiones permitirá trasladar con «prontitud» al sistema las variaciones, tanto al alza como a la baja, en los precios internacionales de las materias primas, así como «otras circunstancias imprevisibles a largo y medio plazo».

Esto atenuará los posibles efectos negativos de estas circunstancias y evitará «tensiones y cambios bruscos en los mercados y en el propio sistema».

En junio, el Ministerio de Industria envió el borrador del real decreto a la CNE, que ese mismo mes emitió un informe favorable a que las revisiones se hagan con periodicidad trimestral «como máximo».