Tras la reunión del Consejo de Ministros, el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, explicó que estas medidas serán el primer paso para, posteriormente, acometer la reducción del déficit acumulado.

El responsable de Industria cifró la cuantía total de los ajustes para 2013 en 5.250 millones de euros brutos, si bien especificó que de esta cantidad se deben restar 450 millones de euros de ingresos procedentes de ventas de derechos de CO2 y 2.066 millones de euros que asumirá el Tesoro por la amortización de los intereses correspondientes a la titulización del déficit de tarifa acumulado hasta 2011 y que debería pagarse durante el próximo año.

Como recordó el ministro, el Gobierno ya adoptó medidas para lograr que en 2012 el déficit de tarifa no supere el tope legal de 1.500 millones de euros, y ahora aprueba nuevas medidas para que en 2013 el sistema eléctrico deje de ser deficitario, explicó el ministro.

Siete impuestos al sector eléctrico

El nuevo gravamen nuclear está compuesto de dos impuestos, uno sobre la producción de residuos radiactivos, de 2.190 euros por kilogramo de metal pesado generado y que procurará ingresos de 269,6 millones entre 2013, 2014 y 2015, y otro sobre el almacenamiento de residuos que reordenará las distintas fórmulas ya existentes en determinadas autonomías y, por tanto, no supondrá ningún ingreso adicional.

Para obtener este cálculo, el Gobierno diseñó el impacto de los nuevos impuestos a la generación y almacenamiento de residuos radiactivos sin incluir la central nuclear de Santa María de Garoña, cuyo permiso de renovación no reclamó la empresa propietaria, Nuclenor.

En el caso del canon hidráulico, que gravará el uso de aguas continentales para la generación de energía eléctrica, el valor económico de la nueva figura es de 304,2 millones anuales entre 2013 y 2015. Este impuesto detraerá a los productores el 22% del valor económico de la actividad.

Por tanto, la suma de las nuevas imposiciones para la nuclear y la hidráulica ascenderán a 574 millones de euros.

Además, el Gobierno crea «céntimos verdes» para el gas natural, medida con la que se estima recaudar unos 804 millones de euros a razón de 2,79 céntimos por metro cúbico de gas; así como sobre la generación de energía eléctrica con carbón, a la que se impondrá una tasa de 14,97 euros por tonelada de mineral para ingresar 268 millones de euros; y para el fuel oil y gasóleo utilizados para la producción de energía eléctrica, cuyas tasas recaudarán 38 millones de euros de euros. Todos estos impuestos especiales generarán 1.110 millones de euros.

El ministro de Industria detalló que el impuesto que más recaudación generará será el que gravará con un 6% cada megavatio de energía que se venda, independiente de cómo haya sido producido es decir, que se aplicará a todas las tecnologías, incluidas las renovables.

Este nuevo gravamen, que tiene carácter estatal, tendrá un impacto de 571,7 millones de euros en las compañías que operan en el régimen ordinario (nuclear, hidráulica, ciclos combinados, carbón, etc…) y de 688 millones de euros para las del régimen especial (renovables y cogeneración). Su impacto será de 1.259,7 millones de euros.

Como particularidad, las energías renovables que utilicen combustible fósil para su actividad no recibirán primas por la parte de producción correspondiente al hidrocarburo, si bien la biomasa quedará fuera de este recorte por su contribución social, ya que la madera que utiliza proviene de la limpieza de los bosques para prevenir incendios.

En el caso de la termosolar, en la que el 85% de la producción procede del sol, pero un 15% del gas, la privación de primas sobre este segundo porcentaje tendrá un valor de entre 50 y 60 millones de euros.

Liberalización de la tarifa eléctrica regulada

Asimismo, el ministro Soria informó que las medidas impositivas vendrán acompañadas de posteriores iniciativas liberalizadoras, como la posibilidad de rebajar el umbral de acceso de los consumidores con derecho a la Tarifa de Último Recurso (TUR).

Sobre este asunto, indicó que el Gobierno está estudiando rebajar «a la mitad o menos» el actual techo por debajo del cual los clientes tienen derecho a la TUR de la luz, situado en la actualidad en 10 kilovatios (kW). «El objetivo es que las variaciones en el precio de la luz no tengan nada que ver con un acto discrecional del Gobierno», y que si la electricidad sube sea sólo debido al encarecimiento de la energía y no para cubrir el déficit de tarifa, señaló.

Soria se mostró confiado en que las eléctricas no repercutirán los nuevos impuestos sobre el consumidor final y consideró que el esfuerzo para acabar con el déficit de tarifa «tiene una distribución bastante equitativa» en la que participan empresas, consumidores y la Administración.

Al ser preguntado acerca de las diferencias de criterio entre el Ministerio de Industria y el de Hacienda acerca de la reforma energética, Soria aseguró que «lo que prevalece es la posición colegiada del Gobierno» y explicó que en el proceso se estudiaron distintas opciones también dentro de su departamento, entre ellas la de recortar directamente las primas a las renovables sobre la base de las sentencias del Tribunal Supremo o aplicar diferentes impuestos a la generación en función de la tecnología.

Una reforma «difícil y necesaria», según Sáenz de Santamaría

Por su parte, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sánez de Santamaría, calificó la reforma eléctrica de «difícil» y «necesaria» y explicó que el objetivo de la reforma es lograr un sistema eléctrico «solvente y sostenible», ya que, de no aplicarse, habría dado origen a un aumento de la deuda de los consumidores con el sector de unos 5.250 millones de euros al año.

Al diseñar la norma, afirmó, el Gobierno se puso el «objetivo de no trasladar al consumidor todo el peso del tarifazo eléctrico», lo que, de haberse hecho, «habría supuesto una subida del recibo del 43% de media».

«La reforma del sistema eléctrico es una de las reformas más necesarias, ya que el agujero de deuda de anteriores ejecutivos asciende a 24.000 millones de euros, y si no se frenaba cada año podría incrementarse en más de 5.000 millones», añadió Sáenz de Santamaría.

Según Soria, si el Gobierno no hubiera tomado estas iniciativas «de aquí a unos años tendríamos en vez de 24.000 millones, 50.000 millones de euros, lo que sería un nuevo problema financiero».

De esos 24.000 millones de euros existentes, el ministro concretó que 14.000 millones de euros fueron ya titulizados por el Estado y 3.000 millones de euros fueron emitidos por las compañía, por lo que quedan pendientes por titulizar 7.000 millones de euros. En este sentido, apuntó que, de momento, no se va a dar ese paso debido a la «situación del mercado».

No obstante, insistió en que España «no puede tener un sistema eléctrico que genere un déficit tan elevado» y criticó que en los últimos años se fijó un límite de 1.500 millones de euros de déficit anual, pero afirmó que será en 2013 cuando se cumpla por primera vez.

El déficit de tarifa se genera porque los ingresos que se obtienen vía recibo de la luz no son suficientes para cubrir todos los costes que se pretenden retribuir con ellos, como por ejemplo la generación, transporte y distribución de energía, las primas a las renovables, las ayudas al carbón, la moratoria nuclear, etc…